VALPARAÍSO (La Opinión de Chiloé) — Luego de un intenso debate, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a Sala, durante este miércoles, el proyecto de ley que busca modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal para sancionar el porte injustificado de combustibles aptos para la comisión de atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas durante reuniones en lugares públicos (boletín 15956).
Votaron a favor nueve diputados, uno en contra y otros tres no votaron. La única que estuvo en contra fue la diputada Alejandra Placencia Cabello del Partido Comunista.
El proyecto que nació desde el Ejecutivo argumenta que el derecho a reunión está consagrado tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, y que para ejercerlo, debe hacerse sin armas. «Lo anterior es de suma relevancia tanto por el resguardo del orden público, como para las personas que participen en la manifestación», dijeron.
«El porte de armas en el contexto de manifestaciones pone en peligro a las personas que se desplazan por la calle o que se encuentran en lugares aledaños, a los funcionarios policiales que resguardan la manifestación y a todos quienes concurren a ejercer su derecho a reunión de forma pacífica», añadieron.
Así las cosas, explicaron que «para hacerlo, se propone disponer de las herramientas jurídico-penales para disuadir de toda conducta que pueda atentar contra tal garantía, adelantando la punición a actos preparatorios de la elaboración y porte de artefactos incendiarios o de quema de objetos o estructuras, con ocasión de reuniones en lugares públicos, siempre y cuando no pueda proporcionarse una explicación razonable para el porte de la sustancia combustible en dicho contexto».
«Asimismo, se habilita a los funcionarios encargados de la mantención, resguardo y restablecimiento del orden y seguridad públicos para detener a las personas que incurran en la falta que se sanciona, a fin de asegurar que la manifestación en cuestión se desarrolle con la correspondiente seguridad», dijeron.
Este proyecto modificaría el artículo 494 del Código Penal que regula las faltas y el artículo 134 del Código Procesal Penal que habilita a los policías para practicar la detención en casos donde se verifican las hipótesis reguladas.
Originalmente, el Gobierno buscaba que los sancionados reciban una pena de multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales; sin embargo, a través de una indicación, se estableció que la multa por esta falta sea de 20 UTM (alrededor de $1.280.000.-).
La norma fue presentada en la instancia por la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, quien asistió junto al Coordinador Legislativo, Rafael Collado, y el asesor legislativo, Tomás Humud. También asistió el Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional, Marcos Pastén.
La ministra enfatizó que la norma se enmarca en el contexto de las manifestaciones públicas. Esto, en el sentido de proteger a quienes se manifiestan de forma pacífica y sin armas, así como también a las fuerzas de orden que intervienen en estas movilizaciones, como a terceras personas que están en el contexto de éstas.
Cabe mencionar que la propuesta de norma original no solamente establecía la sanción pecuniaria al porte de combustibles, sino que además, la facultad de detener a la persona que cometa la sanción.
Porte de combustible
Sin embargo, el trabajo legislativo en la comisión fue más allá de lo propuesto por el Gobierno ya que el diputado Andrés Longton (RN) presentó una indicación con el objetivo de detener a quienes porten los implementos dispuestos para fabricar bombas incendiarias.
La pena para este delito sería de presidio menor en su grado mínimo a medio (de 61 días a tres años). Esto sin perjuicio que pueda derivar en tentativa o comisión frustrada de un delito distinto, en cual caso se aplicará la pena de mayor entidad.
La propuesta del parlamentario generó inquietud en el Ejecutivo y algunos miembros de la comisión, principalmente del oficialismo. De hecho la presidencia de la instancia la declaró inadmisible. Sin embargo, en votación, la mayoría de los integrantes revirtió la calificación asignada.
A raíz de lo anterior la ministra señaló que hará reserva de constitucionalidad del texto. Lo anterior porque los cambios estarían fuera de la idea matriz del proyecto e incluso modificarían una norma diferente. Señaló además que la norma aprobada no hace referencia a un contexto de manifestación social, lo que podría provocar detenciones injustificadas.
Comentarios