VALPARAÍSO (La Opinión de Chiloé) — A poco más de tres meses de tramitación, durante este lunes la Sala de la Cámara de Diputados despachó hacia el Senado un proyecto de ley que prohíbe que la rendición de evaluaciones y la entrega de títulos sea condicionada al pago de deudas de arancel (boletín 15831).
La iniciativa fue respaldada, en general y en particular, por 106 votos a favor, cuatro en contra y 19 abstenciones. Los que votaron en contra fueron los diputados Gustavo Benavente Vergara (UDI), Gonzalo De la Carrera Correa (Indep.), Gloria Naveillan Arriagada (Indep.) y Sergio Bobadilla Muñoz (UDI).
La iniciativa, originada por una moción de diez diputados/as, explica que algunas universidades han entendido que los “aranceles previamente establecidos” no sólo se refieren a los derechos o tasas de titulación (estampillas y otros).
Estiman que debe incluirse en el concepto la mensualidad o costo anual del servicio educacional. Por tal razón, se les niega la entrega de título, diplomas o certificaciones a los alumnos.
Se explica que, en el último tiempo, decisiones judiciales han afectado a estudiantes de educación superior. Y, si bien, los casos tienen un resultado positivo, el razonamiento de los tribunales sostiene que dicha prohibición sólo opera en casos anteriores a la Ley 21.091, de educación superior, que se encuentra vigente desde 2018.
Al respecto, se modifica la normativa actual que sanciona como infracción grave por parte de la Superintendencia de Educación Superior dicho comportamiento. Ello, sobre exigencias pecuniarias distintas al pago de aranceles.
El texto aprobado se refiere a que se condicione la rendición de exámenes u otras evaluaciones, o el otorgamiento de títulos, diplomas y certificaciones, a exigencias pecuniarias por deudas de arancel. Lo anterior, cuando estén establecidas por la institución de educación superior en su reglamentación e informadas a los estudiantes al momento de suscribir el contrato respectivo.
Reacciones
La propuesta legal se analizó en dos sesiones, siendo en la primera de ellas cuando se rindió el informe de la Comisión de Educación. Lo realizó el diputado Luis Malla (PL), principal promotor de la iniciativa.
En su mayoría, los parlamentarios coincidieron en que la falta de dinero no puede significar no tener derecho a la educación. A su vez, se criticó la lógica mercantil de la educación superior y que se impida a los estudiantes con deudas obtener sus títulos. Tal hecho fue calificado por algunos como “chantaje”, injusto, ilegal y arbitrario.
En ese plano, respaldaron el proyecto que permitirá a los alumnos obtener sus títulos, convertirse en profesionales y lograr, así, cumplir sus compromisos económicos. Es decir, que se valore, sobre todo, el mérito, la capacidad y el esfuerzo académico de los estudiantes. Agregaron que la modificación no significa que la casa de estudios no pueda cobrar la deuda con posterioridad.
Desde la oposición, rechazaron la iniciativa porque señalan que los alumnos conocen el compromiso de pago al momento de matricularse, por lo tanto, deben cumplirlo. En tal sentido, dijeron que no se puede consumir sin pagar, porque se afecta el derecho de nuevas generaciones. Por otra parte, indicaron que el trasfondo es destruir la educación superior privada.
Finalmente, el diputado Gonzalo De la Carrera (IND) hizo reserva de constitucionalidad respecto al derecho de propiedad.
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