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Contraloría: todos los vertederos municipales de Chiloé están en ilegalidad.
CASTRO (La Opinión de Chiloé) — La gestión de la basura domiciliaria en la provincia de Chiloé es un tema de nunca acabar. Si bien durante el último tiempo los conflictos generados tras el cierre del vertedero municipal de Huicha en Ancud han acaparado las miradas de autoridades y la ciudadanía, ¿acaso sólo esa comuna es la que monopoliza los eventuales problemas? ¿qué pasa en el resto de Chiloé? Están al debe, y el silencio gélido de quienes deben fiscalizar los vertederos municipales ha derivado en potenciales violaciones a la normativa medioambiental que ponen en riesgo, incluso, a las comunidades.
En efecto, la severa falta de fiscalización tanto desde la Seremi de Salud de Los Lagos como desde la Superintendencia del Medio Ambiente de Los Lagos no es un secreto, y prueba de ello es que tal y como reportó La Opinión de Chiloé, la propia Contraloría General de la República ya ha concluido que todos los vertederos municipales en Chiloé se encuentran funcionando en condición de ilegalidad (ver nota relacionada), salvo eso sí el Centro de Manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios y Transitorios de Puntra El Roble en Ancud, que incluso tras llegar a instancias judiciales, no se pudo comprobar que su instalación era arbitraria o ilegal (por ahora), más allá de algunas infracciones.
En este contexto, ¿qué hay de cierto detrás de las aseveraciones que acusan una supuesta estrategia de «hacer la vista gorda» con lo que está pasando en otras comunas distintas a la de Ancud? La Opinión de Chiloé procedió a indagar en este tema como parte de una serie de reportajes en preparación vinculados a hechos poco conocidos por la opinión pública que están ocurriendo al interior de los vertederos municipales chilotes, especialmente en aquellos afines al Gobierno, encontrando diversas situaciones que podrían ser calificadas como graves.
En primera instancia, se partió con el Vertedero Municipal Castro, recinto localizado en el sector rural Punahuel, y que se encuentra funcionando desde el año 1994 sin Resolución Sanitaria como tal. Luego, mediante la Resolución de Calificación Ambiental n.°453 del año 2009 de la COREMA de Los Lagos, se aprobó un Plan de Cierre y Sellado que, valga la redundancia, consideraba un cierre progresivo del vertedero el que supuestamente debía concretarse a fines del año 2012 y que ocho años después, aún no se avizora.
De hecho, después del año 2012, y siendo conservadores, se estima que el lugar ha recibido a lo menos unas 130.000 toneladas de residuos adicionales. En particular, y según cifras disponibles en el Programa Nacional de Residuos Sólidos de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), en Castro se producen alrededor de 26.825 toneladas de basura al año.
El recinto sigue funcionando con el beneplácito de las autoridades a pesar que no cumple la normativa vigente. Ya el 7 de diciembre de 2016 la Contraloría ofició a la Seremi de Salud, y el 9 de diciembre de ese mismo año a la Superintendencia de Medio Ambiente regional y a la Intendencia respecto a la situación de ilegalidad existente, mismo reparo que también se envió a la Municipalidad y al Concejo en pleno.
Ahí, además de recordarles que el vertedero funcionaba sin resolución alguna, también se les reiteraba que con la entrada en vigencia del Decreto n.°189 del 18/08/2005 del Ministerio de Salud que aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y de Seguridad Básicas en los Rellenos Sanitarios, el lugar no se ajustaba a los requerimientos considerados en dicha normativa.
El ente contralor instruyó a fines de 2016 la realización de sumarios para que se busquen eventuales responsabilidades administrativas al interior de la Seremi de Salud de Los Lagos por la falta de fiscalización. Es más, el silencio sobre las omisiones de la Autoridad Sanitaria quedó patente cuando el 24 de agosto de 2016 la Contraloría pidió que explique las razones por las que estaba funcionando ilegalmente o que detalle las exigencias que había instruido para controlar los riesgos sanitarios y ambientales. Jamás se respondió y el vertedero siguió recibiendo toneladas de basura.
Fuentes al interior del gobierno regional que prefirieron mantener el anonimato indicaron a La Opinión de Chiloé que con la llegada del nuevo gobierno, la instrucción fue clara: no hay que molestar a la nueva administración de la UDI en Castro, razón por la cual tanto Scarlett Molt (Salud) como Ivonne Mansilla (Medio Ambiente) tienen una tácita «mordaza» para referirse a la situación del vertedero. Es más, siempre deben usar como muletilla a la vecina Ancud ante cualquier «eventualidad», así, se desvía la atención de lo que está pasando con la gestión de los desechos domiciliarios en las «áreas fuera de norma».
Lo anterior se repite para Quemchi o Dalcahue por ejemplo (también administradas por alcaldes vinculados a la UDI), que son lugares en que también se están manejando depósitos de desechos en situación de ilegalidad, «enterrando» alrededor de 4.000 toneladas de basura al año para el primero o 7.738 toneladas de basura al año para el segundo.
En este reportaje inicial, La Opinión de Chiloé concurrió al recinto de la capital provincial y, usando un dron, procedió revisar toda el área encontrando una serie de situaciones que serían vulneraciones a la norma ambiental, demostrándose además que las fiscalizaciones son escasas o nulas.
Las imágenes son decidoras. En un área de aproximadamente 3.000 metros cuadrados se observa una enorme cantidad de basura dispersa a la intemperie, vale decir, sin haber sido cubierta y susceptible a la acción de la lluvia, el viento y vectores de interés sanitario como aves (que pueden traspasar enfermedades a humanos).
Por otro lado, en una zona cercana no habilitada para disposición de residuos, se observa material vinculado al recambio de alrededor de 3.000 luminarias que se realizó en la ciudad de Castro hace algún tiempo, mientras que contiguo al pozo de extracción de áridos del recinto, hay otro lugar con una cantidad indeterminada de desperdicios en sacos, probablemente aquéllos que se destinan a reciclaje.
Así, uno de los primeros problemas observados es lo que constituiría una operación deficiente en la disposición de residuos, en cuanto a falta de cobertura diaria y compactación en la masa de residuos que arriban al lugar, lo que ha favorecido la presencia de una gran cantidad de aves y la volatilidad de elementos livianos (plásticos, papeles), con la potencial generación de contaminación en los alrededores por la dispersión de estos elementos volátiles, como por aquellos desechos orgánicos transportados por aves fuera del espacio del vertedero.
El problema anterior genera otro, esto es, el incremento de la probabilidad de generar lixiviados o líquidos percolados y la eventual contaminación de aguas subterráneas y/o superficiales; en la inspección aérea se observa un evidente contacto entre las aguas lluvias y los residuos sólidos domiciliarios, por lo que existiría una inapropiada implementación de un sistema de manejo de aguas lluvias.
Pocos antecedentes hay respecto a monitoreos para el control de la calidad y nivel estático de las aguas subterráneas cercanas al vertedero municipal de Castro, de hecho, La Opinión de Chiloé confirmó con fuentes independientes que aquello no existe de manera sistemática más allá de algunos sondeos muy puntuales.
Es más, bajo el recinto y alrededor de éste existen a lo menos cuatro acuíferos subterráneos del tipo //B1, o sea, que está entre 29 y 74 metros bajo el nivel del terreno; para mayor precisión, justo debajo del vertedero está aquél desde donde el Comité de Agua Potable Rural de Putemún se supliría del vital líquido. Por otro lado, existirían otros seis pozos de explotación de aguas subterráneas en acuíferos del tipo A2/A1, o sea, que están entre los 0 y 69 metros bajo el nivel del terreno, estando acá uno del Comité de Agua Potable Rural de Astilleros/Punahuel y dos plantas salmoneras, entre otros.
Por otro lado, en las imágenes no se aprecia un sistema de tratamiento de biogás adecuado, especialmente en el número de chimeneas de venteo, además de la presencia de algunos residuos al interior de varias de las que se encuentran instaladas, y que sorpresivamente no tienen un registro técnico que permita asegurar que cumplan con la norma.
Todo lo detallado anteriormente sería una infracción grave según lo expresa el artículo 36 número 2 letra e) de la Ley n.°20417 al ser un severo incumplimiento de las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de la disposición final de desechos domiciliarios de acuerdo a lo previsto, al menos, en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental para su cierre, que como se viene diciendo, debió hacerse el 2012.
¿Dónde están los fiscalizadores? Aparentemente no están preocupados de lo que está pasando en Castro.
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