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Castro: municipio debe pagar 26 millones tras despido por razones políticas.
CASTRO (La Opinión de Chiloé) — Un segundo fallo adverso y enormemente incómodo es el que se acumula al interior de la Ilustre Municipalidad de Castro luego que el Juzgado de Letras del Trabajo de la capital provincial confirmara que se despidió a un geógrafo por razones de orden político. En esta nueva sentencia, que se emitió ayer miércoles, se da por acreditado que la administración del alcalde UDI, Juan Vera, sigue emulado malas prácticas laborales muy conocidas, por ejemplo, en el vecino Ancud durante la alcaldía pasada de Soledad Moreno Núñez.
De acuerdo al fallo del 18 de octubre al que accedió La Opinión de Chiloé, los hechos se vinculan al despido injustificado del geógrafo Fernando Severino, quien trabajaba desde el 2 de enero de 2005 en el municipio con diversas funciones hasta el 31 de marzo de 2017 cuando fue desvinculado. Relata que, como Director Comunal de Protección civil y Encargado de Emergencias, en marzo de este año el administrador municipal, Pablo Lemus, le habría informado que su contrato cambiaría «porque la nueva administración necesitaba poner en tal cargo a gente de su confianza» agregando que su remuneración se reduciría significativamente y que si aceptaba, no tomarían represalias con su esposa que también trabajaba en el consistorio.
Agregó que todo se habría dando «mediando una amenaza respecto del contrato de la madre de sus hijos», por lo que no aceptó tales condiciones y decidió demandar tras considerar que su salida se debió a que durante toda su trayectoria en el municipio «se desempeñó como funcionario de confianza del ex alcalde de la comuna y del ex administrador». Sus evaluaciones a nivel profesional fueron intachables durante todos los años que trabajó.
Vistos los antecedentes entregados en el tribunal que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, la magistrado señaló: “conforme a lo que se viene razonando, la no renovación de la contrata no encuentra fundamento fáctico alguno por parte de la Municipalidad, por lo que resulta lógico deducir que el motivo fundamental de esto fueron las diferencias políticas del actor con el actual Alcalde, y la cercanía política y personal que tenía éste con el ex Alcalde de Castro”, agregando que la explicación dada por representantes de la actual administración del alcalde UDI «no es coherente», reafirmando que «considerando que no se le dio ningún motivo o razón del porqué de la no renovación de la contrata, al señor Severino, es fácilmente deducible, conforme a todos los indicios aportados, que fue por razones políticas, lo que constituye discriminación«.
Desde el municipio indicaron a la corte que renovar la contratación, «importaría excedernos en el máximo de contrataciones que están dispuestas por ley», algo que fue desechado por la magistrado de plano «por ser absolutamente improcedente y contrario a los principios y normativa laboral, ya que implica que el trabajador sufra arbitrariamente las consecuencias de las contrataciones extras o distintas que efectúa el empleador».
Luego, se resolvió acoger la denuncia por vulneración de derechos fundamentales deducida por don Fernando Severino en contra de la Municipalidad de Castro, y se declaró que el despido ha vulnerado sus derechos fundamentales de no ser discriminado por razones políticas. Luego, se le ordenó pagar la suma de $15.502.410.- como indemnización de perjuicios.
Además, se determinó que el municipio deberá publicar, como medida reparatoria de su acto lesivo, en todas las dependencias de las diferentes áreas de la repartición, un aviso que contenga la declaración del pleno respeto a la legislación vigente que diga relación con los derechos fundamentales de carácter laboral de todos sus funcionarios y en especial, su respeto y compromiso con el derecho a no discriminar por ideologías políticas, algo que por segunda vez en menos de un mes queda acreditado que la administración del alcalde Vera no practica (según tribunales).
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