Véase también:
Rechazan recursos de protección contra Parque Eólico Chiloé en Mar Brava.
VALDIVIA (La Opinión de Chiloé) — Un nuevo recurso de reclamación —esta vez ante el Tribunal Ambiental— es el que están tramitando opositores al multimillonario proyecto de energías renovables que se instalaría en Mar Brava, Ancud, y que fue aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental el 28 de septiembre de 2015. Tal aprobación ha sido objeto de diversos recursos judiciales y reclamaciones que han sido rechazadas.
En particular, una de las últimas fue zanjada en agosto de 2016 por el Comité de Ministros presidido por el Ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, e integrado por los titulares de Agricultura, Energía y Minería, quienes rechazaron lo expuesto por cuatro reclamantes del proceso de participación ciudadana que argumentaron deficiencias en la línea de base y medidas relacionadas con los componentes de paisaje y turismo, patrimonio cultural, fauna, recurso hídrico y medio humano. El Comité en esa oportunidad resolvió que «las materias reclamadas fueron adecuadamente abordadas durante el proceso de evaluación del proyecto».
Tras el revés, el Movimiento de Defensa de Mar Brava-Lacuy, Salvemos Mar Brava y la ONG medioambiental FIMA interpusieron un nuevo recurso de reclamación ante el Tribunal Medioambiental, el que será discutido el próximo martes 4 de abril a las 10.00 horas de la mañana en Valdivia.
El proyecto
Parque Eólico Chiloé es una multimillonaria obra de generación de energía eléctrica limpia de 100,8MW perteneciente a la empresa chileno-sueca Ecopower, que pretende instalar una red de 42 aerogeneradores de 2,4 MW de potencia cada uno en un área de 25 hectáreas del sector Mar Brava de Ancud vía cableado subterráneo. El monto involucrado alcanza los 250 millones de dólares.
De acuerdo a antecedentes del proyecto, durante la etapa de construcción (24 meses) se estima que trabajarán entre 80 y 100 personas mayoritariamente no especializadas, aunque «el número exacto de mano de obra local dependerá principalmente de la oferta local, del interés en trabajar para el proyecto y de sus capacidades al momento de iniciar la construcción».
Además de la red de 42 aerogeneradores conectados por cableado subterráneo, se construirá una Línea de Alta Tensión (220kV) de 28,1 kilómetros (con 108 torres y 14 vértices con estructuras de anclaje), dos subestaciones eléctricas (Mar Brava y Choroihue), caminos de acceso, sala de control, la habilitación de una franja de seguridad de 30 metros por el trazado de la línea, y una rampa desmontable de piedraplén.
El conflicto indígena
Cabe recordar que diversas organizaciones sociales, empresarios, agrupaciones ecológicas, políticos y personas naturales han mostrado su descontento frente a este proyecto desde sus inicios, por razones económicas, ambientales, sociales y culturales, entre otras, interponiéndose tres recursos judiciales. Al comienzo, dos de ellos fueron desestimados por la justicia, pero un tercero, interpuesto por Comunidad Indígena Antu Lafquén de Huentetique, fue aceptado por la Corte Suprema, en cuyo fallo se señaló:
«(…) se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 373/2011 de 18 de agosto de 2011 de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos, por lo que el proyecto ‘Parque Eólico Chiloé’, deberá someterse a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), cuyo procedimiento de participación ciudadana previsto en los artículos 26 a 31 de la Ley n.° 19.300 Indígenas y Tribales».
Tras ello, y con la nueva aprobación del Proyecto luego de la realización del EIA, se volvió a acusar a Ecopower, aunque esta vez aludiendo a que la Consulta Indígena que se llevó adelante sólo con una parte de la población que presuntamente estaba en una mesa de negociación «dejando al resto fuera de participación». Por otro lado, acusan que se omitió de la consulta a la nueva organización «Consejo General de Caciques Williche de Chiloé» que en opinión de los demandantes, «representa la continuidad histórica de la [organización] que surge en el año 1600 en Chiloé», por lo que no debió haberse dejado fuera.
Al respecto, y según se desprende de las actas y protocolos de acuerdo firmados por dirigentes a los que accedió La Opinión de Chiloé, habrían participado en el Proceso de Consulta Indígena las comunidades Antu Lafquén de Wentetique, Buta Lauquén Mapu de Calle, Lauquén Mapu de Catrumán, Wuapi Guabún de Guabún; los Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblo Indígena Huilliche de Quetalmahue y Aucaco. No participaron las agrupaciones Aucaco del sector Aucaco, Millalén del sector Quilo y el grupo humano perteneciente a pueblos indígenas de Puñihuil.
En marzo de 2016, un fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt concluyó que el proyecto no excluyó bajo ninguna circunstancia el diálogo y la consulta con las comunidades indígenas en la forma en que la Corte Suprema instruyó en un fallo de marzo de 2013, donde se aclaró que «el proyecto Parque Eólico Chiloé deberá someterse a un Estudio de Impacto Ambiental, cuyo procedimiento de participación ciudadana previsto en los artículos 26 a 31 de la Ley n.° 19.300 se rija por los estándares del Convenio n.° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales». Así, se rechazó el recurso interpuesto el 28 de octubre de 2015, argumentando que existieron un sinnúmero de acciones por parte de Ecopower, quien buscó a través de distintas instancias convocar a todos los que eventualmente se verían afectados por el proyecto, firmándose seis protocolos de acuerdo.
11.250 millones para la comuna
Según información de Ecopower, un total de 7.500 millones de pesos recibiría en ingresos las arcas de la Municipalidad de Ancud por concepto de pago de permisos municipales y patentes durante la vida útil del proyecto. Adicionalmente se espera destinar 3.750 millones de pesos durante el mismo horizonte de tiempo para organizaciones sociales y comunitarias a través de iniciativas concursables.
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