Una nueva demanda por una eventual vulneración de derechos fundamentales y cobro de prestaciones laborales en contra de la Ilustre Municipalidad de Ancud fue presentada este jueves en el Juzgado del Trabajo de la ciudad del Pudeto, y que involucra a 7 trabajadores con contrato a honorarios desvinculados recientemente.
De acuerdo a lo que indica el escrito al que accedió La Opinión de Chiloé, los demandantes indican que trabajaban en labores de secretaria o apoyo administrativo en programas sociales pertenecientes a distintos órganos del estado y ejecutados por el municipio y que el 29 de octubre se les informó que a partir del 1 de noviembre quedarían despedidos, aparentemente por causales políticas.
Según la demanda, los aludidos indican que «nuestra alcaldesa nos exigía trabajar tiempo extra para su campaña e involucrarnos 100% en su reelección, recibiendo constantes presiones y amenazas en ese sentido. Así, en la medida que se acercaban las elecciones y descendían sus posibilidades de permanecer en su cargo, estas presiones se hicieron más intensas al punto de intentar transformar a todo el recurso humano existente en el municipio en su aparato electoral, lo cual muchos no estuvimos dispuestos a tolerar».
Agregan además que «su personal de confianza y especialmente su marido, comenzó a tratar de traidores a todos los que no estábamos dispuestos a volcarnos en cuerpo y alma a proteger sus intereses recibiendo amenazas de todo tipo, principalmente la de despedirnos. Es por ello, que inmediatamente finalizadas las elecciones del 23 de octubre, que confirmaron lo que todos ya sabían, es decir la no reelección de la alcaldesa, esta comienza a cumplir con todas sus amenazas y despide a todos los «traidores»».
Según los ex trabajadores, el número de despidos durante los últimos días alcanza a alrededor de 20 personas «por el solo hecho de negarse a hacer campaña, fundamentalmente los «puerta a puerta» por la Alcaldesa. Las amenazas y las descalificaciones de traidores comenzaron inmediatamente terminadas las elecciones, y acto seguido comenzaron a entregar cartas de aviso. No hay ninguna otra razón, pues todos cumplimos con nuestros horarios, solo hicimos uso de los días administrativos correspondientes, las vacaciones correspondientes». Los desvinculados añaden además que «la forma de controlar o dar con los «traidores», en el comando llevaban una lista diaria donde anotaban quienes llegaban, para después hacer un recuento de los que no participaban».
Los siete ex funcionarios exigen al municipio al menos la suma de $23.459.400.- por una serie de prestaciones y que se les reintegre porque eventualmente se les ha vulnerado sus derechos fundamentales y porque el despido ha sido discriminatorio y/o arbitrario.
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