REPORTAJE DE INVESTIGACIÓN (La Opinión de Chiloe) — Un barrio organizado es parte fundamental para el desarrollo de sus comunidades y entorno, permitiéndoles acceder a diversos recursos y mejora de infraestructura comunitaria que a la larga, puede ser disfrutada por todos los vecinos y vecinas, mejorando el bienestar general comunal.
Caracoles, Pudeto Bajo, Villa Chiloé, 22 de Mayo, Villa Vista Hermosa, Bellavista 1, entre otras, han visto millonarias inversiones en recintos producto del trabajo comunitario y postulación a proyectos, que para el caso de sedes sociales rondan los 30 millones de pesos en promedio. Ni hablar de los centros comunitarios, donde los montos superan los 100 millones de pesos; por ejemplo, sólo el Centro Comunitario Bonillas tuvo un costo de $158.550.724.- según la Resolución Exenta n.°3120 del SERVIU Los Lagos que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé.
Todas estas inversiones son fruto de largos procesos barriales, reuniones, gestiones con autoridades, diseño de proyectos, postulación a recursos del Estado, licitaciones y espera para la inauguración de obras. Incluso, hay sectores que han esperado décadas como el caso de Goycolea, que luego de 40 años vio concretar una nueva sede social (a fines de 2013).
Sin embargo, ¿qué pasa cuanto la infraestructura barrial se aleja de una comunidad organizada o cuando es entregada al cuidado de los vecinos y esta termina transformándose en algo indeseable? La Opinión de Chiloé procedió a indagar en un caso paradigmático de ello, y como una sede social ancuditana se ha transformado en una verdadera «sede de delincuentes».
¿De cuál se trata? de la sede social de la Villa Los Lagos ubicada en el sector Alto Caracoles, que al día de hoy, presenta un triste y desolador estado tras estar prácticamente destruida por la acción de delincuentes juveniles que, la comenzaron a desmantelar y utilizar como lugar para consumo de alcohol o para desórdenes.
Vecinos que conversaron con La Opinión de Chiloé, y que prefirieron mantener el anonimato, indicaron que es común ver a jóvenes consumiendo probablemente sustancias psicotrópicas o alcohol al interior, y que muchas veces se ponen a apedrear propiedades cercanas, especialmente una que es ocupada por discapacitados o profieren amenazas. Una de las vecinas, que fue víctima de un robo y que nunca se supo quienes fueron tras haber denunciado, indicó que es muy probable que dentro de los aludidos que concurren a ese lugar estén quienes le robaron, porque una vez vio a uno de ellos intentando ingresar a la propiedad de otra vecina; adicionalmente, otra residente del lugar relató que su marido sorprendió a otro de esos jóvenes intentando ingresar a su propiedad, y lo persiguieron pero escapó.
En todos los casos, cuando se llamó a Carabineros, se demoraron bastante y no se llegó a nada más allá de hacer la denuncia y posteriormente, enterarse que la causa se cerró. Para el caso de los apedreos y las «tomateras», es tanta la demora en arribar cuando se llama a funcionarios policiales, que mientras suben a fiscalizar la sede, los jóvenes ya escaparon raudamente y nunca han sido encontrados.
Fuentes consultadas por La Opinión de Chiloé indican que en algún momento, el lugar fue foco de interés de una Iglesia Evangélica que la pretendía transformar en comedor comunitario para personas en situación de calle o de escasos recursos, pero ante la falta de una junta de vecinos, el asunto se complejizó al punto que no se sabía a quien recurrir mientras la sede social comenzaba a ver cómo desaparecían el mobiliario del baño, sus conexiones eléctricas, el techo, las paredes, las ventanas, sus puertas y etcéteras. Adicionalmente, hace meses la Defensa Civil de la ciudad también había solicitado —esta vez al municipio— el uso del recinto, pero en medio del proceso administrativo y las demoras de la municipalidad, comenzaron a aparecer forados en las paredes, por lo que los costos de su reparación subieron a millones.
Con la eficiencia municipal, se oficializó recientemente el traspaso del recinto a la Defensa Civil. Un recinto en ruinas.
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