CHONCHI (La Opinión de Chiloé) — Una manifestación pacífica realizaron durante este domingo en Chonchi un grupo de vecinos con el objetivo de mostrar su rechazo a las medidas cautelares interpuestas hace algunos días por el juez de garantía de Castro en contra cinco personas que habrían protagonizado un violento incidente en un sector rural, donde una mujer fue salvajemente golpeada bajo circunstancias que investiga el Ministerio Público de la capital provincial.
De acuerdo a fuentes judiciales consultadas por La Opinión de Chiloé, la denuncia indica que los hechos presuntamente ocurrieron alrededor de las 12.30 horas del 14 de septiembre pasado cuando Enedina del Carmen Aguilar Barrientos, Luzmira Barrientos Barría, Héctor Orlando Aguilar Barrientos, Pablo Fabián Almazabal Aguilar y Víctor Octavio Aguilar Uribe habrían interceptado a una mujer de iniciales G.C.A.P. camino a Curil, en Nalhuitad, Chonchi, y sin provocación alguna procedieron a golpearla en forma grupal provocándole lesiones de carácter menos graves, para luego abandonarla en el lugar.
La dinámica de lo que pasó es materia de indagatorias, aunque preliminarmente se presume que la agresión comenzó con una de las imputadas quien habría seguido a la víctima hasta abalanzarse sobre ella para atacarla, todo por rencillas vinculadas a un camino vecinal que según la delincuente, sería de propiedad de su familia.
En ese proceso, la presunta agresora habría arrastrado a la mujer para amarrarle el pelo en un cerco de alambre de púas, instantes en que aparece una camioneta con los otros imputados quienes de común acuerdo, bajan para proseguir golpeando a la víctima de pies y puños, quedando ella en estado de semiinconsciencia y con lesiones calificadas como de mediana gravedad.
Al ver que G.C.A.P. no reaccionaba y que estaba envuelta en sangre, los cinco procedieron a escapar del lugar gritando que el camino era suyo y amenazando que volverían a hacerle lo mismo más adelante.
La mujer fue trasladada a un centro asistencial con severas lesiones mientras que Carabineros inició las primeras diligencias para determinar lo que pasó, quedando posteriormente esto en manos de la PDI.
Lo impactante de todo el caso es que en medio del proceso judicial que partió en Castro, se reveló que el esposo de la víctima habría sido apuñalado anteriormente por lo mismo, así como también su yerno, y hasta la fecha, los tribunales aún no han tomado medidas apropiadas para contener este tipo de ataques, que dicho sea de paso, se vincularían al susodicho camino que fue cerrado de manera arbitraria.
Fuentes consultadas por La Opinión de Chiloé indicaron que lo que está ocurriendo en Nalhuitad es bastante interesante desde el punto de vista de los derechos que tienen los vecinos en cuanto al uso de caminos vecinales, ello porque en diversos fallos de la Corte Suprema ya se ha asentado que el cierre deliberado e inconsulto importa una alteración en el uso comúnmente aceptado de este tipo de vías rurales, precarizando la situación de los vecinos que lo usan al verse impedidos de acceder a sus predios.
Luego, el cierre de este tipo de rutas en general resulta ser arbitrario e ilegal ya que con ello se ejerce un acto propio de la autotutela, proscrito por el ordenamiento jurídico. Acá habrían varias familias de Nalhuitad afectadas por esta situación, y aunque se ha pedido apoyo al Municipio local, ello aún no se ha concretado (al menos a nivel jurídico).
Tras la detención, fueron puestos a disposición de la justicia a través de videoconferencia, declarándose que su aprehensión fue ajustada a derecho.
Luego, los cinco fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de Castro como presuntos autores en grado de consumado del delito de lesiones menos graves, aunque para el caso de Enedina del Carmen, se sumó el de amenazas simples.
Durante la audiencia, el fiscal adjunto de Castro, solicitó la imposición de medidas menos gravosas y una orden de alejamiento.
Así, oídos los intervinientes, se fijó como medida cautelar el arraigo nacional para todos, además de la prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo, estudios o en cualquier lugar que se encuentre o frecuente habitualmente. Vale decir, de ser sorprendidos violando esta restricción, podría decretarse la prisión preventiva.
Cabe mencionar que en la manifestación de este domingo participó también la afectada, quien ya se encuentra recuperada aunque aún con algunos hematomas menores ya a casi dos semanas de la brutal agresión.
El fiscal adjunto de Castro, Luis Barría Schneeberger (el mismo tras la eventual negligencia en el caso de Julia Teca), aseguró que se instruyó a detectives de la Policía de Investigaciones de la capital provincial la realización de varias diligencias que permitan aclarar lo sucedido.
Además, se pidió al Servicio Médico Legal evaluar a la víctima con el objetivo de precisar el nivel de gravedad de sus lesiones y tener un informe pormenorizado ad hoc para sumarlo como medio probatorio ante una potencial acusación.
Se fijó un plazo de investigación de 90 días, mientras que los cinco formalizados fueron dejados en libertad.
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