ANCUD (La Opinión de Chiloé) — Controversia causó en la comuna de Ancud la difusión, en plena campaña electoral por la alcaldía, de información que indicaba que el actual alcalde reelecto, Carlos Gómez Miranda, supuestamente habría utilizado «su poder» para gestionar beneficios educacionales con el objetivo de beneficiar a sus hijos.
En dicho marco, según antecedentes que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, un otrora precandidato a concejal decidió ingresar una denuncia a la Contraloría General de la República el 18 de enero de 2021 donde, entre otras cosas, aseguró que «el alcalde de Ancud, Carlos Gómez Miranda, ha modificado el registro social de hogares de su hijo (…) para que pertenezca al cuarenta por ciento más vulnerable», agregando que con ello habría buscado percibir «beneficios estatales».
Afirmó además que «producto a esta manipulación de la información, alguien que no pertenece a una familia de escasos recursos ha tenido beneficios a los que muchas veces personas en situación vulnerable no han podido acceder».
Así las cosas, la Contraloría inició una indagatoria para determinar qué tan real era aquello, considerando además la existencia de un Certificado de Alumno Prioritario con el que, supuestamente, el Ministerio de Educación habría traspasado fondos al alcalde al menos desde el año 2017 por tal concepto.
O al menos así se dejó entrever en varios espacios, aseverándose que el hijo menor de edad del alcalde habría recibido beneficios del Estado a pesar de la remuneración que percibiría este último. No se publicarán acá mayores antecedentes sobre tal documento dado que ahí se exponen datos sensibles de un adolescente quien debiera ser objeto de protección, más cuando diversos datos que se infirieron desde tal «papel» serían falsos.
Pues bien, partiendo por este último punto, el 26 de enero de 2021 se remitió un oficio a Luisa Monardes Maureira, Seremi de Educación de la Región de Los Lagos, para que explique los fundamentos por los cuales el hijo del alcalde estaba en calidad de alumno prioritario, con expresa copia a la Directora Regional de Junaeb, el Jefe del Departamento Provincial de Educación de Chiloé y el Delegado Provincial de Junaeb para Chiloé.
La Opinión de Chiloé confirmó que el menor estuvo en tal calidad para los años 2017, 2018, 2019 y 2020 mientras estudiaba en el Liceo Bicentenario, junto a un grupo de hasta 36 estudiantes de dicho establecimiento a quienes también se les atribuyó tal calidad sin tener caracterización socioeconómica ad hoc.
Todos habrían sido calificados así en virtud del artículo 2 letra d) de la Ley 20248, esto es, se consideró la condición de ruralidad de sus hogares y el grado de pobreza de la comuna donde residían, aunque ello no necesariamente implicaba acceder a beneficios.
Así las cosas, tanto el hijo del alcalde como todo el grupo en comento estaban «en condición de no pago», vale decir, que siendo alumnos prioritarios no eran susceptibles de percibir beneficios del Estado, salvo en 2020 cuando, producto de la pandemia, se habría emitido una resolución para pagar el beneficio a nivel nacional sólo para ese año sin distinción.
Sin embargo, hasta ahora se desconoce si realmente hubo algún beneficio para 2020, ello porque ni la Seremi de Educación ni el resto de funcionarios de su dependencia contestó el oficio, a pesar que se le reenvió un mes después. Eso sí, de haber existido algún «pago», éste no se traduce en la entrega de beneficios pecuniarios a un alumno en específico sino que en realidad implicaría un aumento de recursos para el Liceo Bicentenario.
En efecto, el 25 de febrero de 2021 otra vez se le remitió un oficio a la aludida, detallándosele además que había una indagatoria de la Contraloría General de la República. Aún así, Monardes Maureira no respondió.
Fuentes consultadas por La Opinión de Chiloé que prefirieron mantener reserva de su identidad indicaron que la Seremi habría recibido una instrucción expresa de dilatar la respuesta —o lisa y llanamente no responder— hasta al menos el fin de la campaña electoral, ello en razón de beneficiar a un candidato de Chile Vamos que supuestamente arrasaría.
Incluso, y en el marco de filtración de documentos reservados en medio de la campaña, el Ministerio Público tiene en la mira a varios funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social por acceder al Registro Social de Hogares de manera ilegal.
Hay nombres y apellidos, e incluso de personas vinculadas a uno de los candidatos a alcalde por Ancud que estarían en calidad de imputados ante la Fiscalía, pero al ser una indagatoria desformalizada, sus identidades por ahora no serán reveladas.
Mientras tanto, y respecto a la supuesta existencia de un Registro Social de Hogares y alguna eventual manipulación, el 8 de marzo de 2021, el Coordinador dependiente del Seremi de Desarrollo Social de Los Lagos zanjó el tema: el alcalde ni su hijo menor de edad tienen Registro Social de Hogares.
Tal información, eso sí, no se difundió a nivel público por causa desconocida, por lo que sólo se distribuyó de manera acotada a algunas personas. La Opinión de Chiloé accedió a esas comunicaciones pero, sin una fuente independiente que las confirmara, no se podían revelar sino hasta hoy.
Entonces ya finalizado el proceso electoral ¿qué responderá la Contraloría General de la República tras la denuncia de una supuesta «manipulación» de algo que no existía?.
Comentarios