CHONCHI (La Opinión de Chiloé) — Una decisión bastante controvertida es la que habría tomado, durante las últimas horas, el Ministerio Público de Castro respecto a una denuncia realizada por una estudiante del Instituto del Mar «Capitán Williams» de Chonchi, quien habría sido agredida por otra alumna.
De acuerdo a información judicial que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, los hechos habrian ocurrido alrededor de las 15.45 horas del miércoles pasado, cuando la afectada de 15 años se encontraba al interior del establecimiento de marras con una compañera, instantes en que fue agredida tanto física como verbalmente.
La dinámica de lo que pasó no está del todo clara, y probablemente nunca se sabrá al tenor de lo que Fiscalía ya ha decidido, aunque grosso modo se tiene parte del relato con la versión de quien fuera la víctima oriunda de Ancud.
Ésta, aseguró que, estando en el patio del recinto con una de sus compañeras, se acercó de improviso la que sería la agresora, que es de otro curso, iniciándose una discusión por causas no precisadas que comenzó a subir de tono.
En medio de este incidente, la imputada oriunda de Quellón —que también sería adolescente— habría proferido insultos de grueso calibre para posteriormente, decidir golpear en el rostro a la víctima, provocándole lesiones de carácter leve.
Ocurridos los hechos, la joven decidió estampar una denuncia para que se persigan eventuales responsabilidades penales. A casi una semana de esta agresión, el Ministerio Público de Castro tomó una decisión que, eventualmente, podría ser controvertida al tenor de alzarse como una política de no persecusión de la violencia escolar, aunque las sanciones sean nimias.
En concreto, por estos hechos, en opinión de la Fiscalía local de Castro, se configuraría el delito de lesiones leves, prescrito y sancionado en el artículo 494 n.°5 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado, cabiéndole a la adolescente participación en calidad de autora.
Luego, la sanción esperable para este tipo de casos es meramente pecuniaria, la que que no excede los $310.000.- aproximadamente en situaciones comunes, aunque por Ley de Responsabiidad Penal Adolescente, este monto podría rondar los $60.000.-
En particular, esta sanción ya ha sido aplicada antes a estudiantes del Idemar por hechos similaes; basta recordar una riña ocurrida en agosto de 2019 que terminó con tres alumnas sancionadas con una multa de una UTM, vale decir, alrededor de $62.388 .- al día de hoy (ver nota relacionada).
Sin embargo, en este caso, el fiscal Javier Calisto Garai decidió aplicar lo que se llama principio de oportunidad, que faculta al Ministerio Público para abstenerse de ejercer la acción penal en aquellos casos en que su ejercicio pudire resultar inoportuno, contrario a la paz social o al fin del derecho penal u otro criterio semejante.
Precisando, siempre que ocurre un hecho que presente caracteres de delito, se aplica el denominado principio de legalidad, el que establece que el ejercicio de la acción penal es siempre obligatorio, salvo, casos donde se pudiera aplicar el principio de la oportunidad ya mencionado.
En este sentido, si el persecutor desea abstenerse de proseguir, debe someterse a la decisión del juez de garantía, quien traslada la decisión a quien denuncia, en este caso, la afectada, dándole un plazo legal para oponerse, el que se cuenta desde que es notificada personalmente o por cédula.
Luego, durante este martes el fiscal ingresó un requerimiento no iniciar la persecución penal atendida la edad de quien sería la infractora, asegurando que lo ocurrido no compromete gravemente el interés público, la pena mínima asignada al delito no excede la de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, y no se trata de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.
Así las cosas, la juez de turno indicó que accedería a dar por finalizada la causa siempre y cuando la denunciante lo acepte, por lo que decretó que se le notifique a la víctima la decisión del Ministerio Público, requiriéndole que dentro de los próximos 10 días manifieste si acepta aquello o reafirma su interés en el inicio o en la continuación de la persecución penal.
Se desconoce por ahora si desde el establecimiento educacional se siguieron los protocolos respectivos, todo en el contexto (además) de la Ley Aula Segura, ello en atención a las eventuales responsabilidades de tipo civil a las que se arriesga el Idemar de no aplicar correctamente su reglamento interno en el tratamiento de hechos de violencia en sus dependencias.
NOTA DE LA REDACCIÓN: El uso de comillas que no implique cita textual debe entenderse según lo descrito en el punto 3.4.8.2.1 de la Ortografía de la lengua española (2010).
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