ANCUD (La Opinión de Chiloé) — En medio de una fiscalización vehicular aparentemente rutinaria, que tenía como objetivo dar con el paradero de un grupo de delincuentes que habrían perpetrado un robo, funcionarios de Carabineros de Ancud procedieron a la detención de un eventual integrante de una pseudopandilla que presuntamente ingresó a la vivienda de una adulta mayor para sustraerle diversas especies, escapando en un vehículo menor.
De acuerdo a antecedentes recopilados por La Opinión de Chiloé y que estarían siendo tramitados en causa RIT 1433-2025 RUC 2501356969-2 seguida ante el Juzgado de Garantía de Ancud, alrededor de las 04.30 horas de la madrugada del viernes la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco) recibió el llamado de una mujer quien aseguraba que habría observado a un grupo de desconocidos en su propiedad, acotando que éstos ingresaron de forma subrepticia a ella para protagonizar un robo, cargando todo lo que sacaron a un furgón blanco para luego huir del lugar.
En particular, la víctima de aproximadamente 80 años de edad pidió a personal policial que concurriera a su vivienda ubicada en calle Jorge Sepúlveda, aseverando que vio a al menos cuatro antisociales al interior de su inmueble y que éstos habrían sustraído diversos materiales de construcción y herramientas, sin perjuicio de la presencia de un vehículo menor estacionado a la espera, el que formaría parte activa del ilícito de marras.
Una patrulla de la Primera Comisaría de Carabineros de Ancud fue despachada hacia el sitio del suceso, y mientras se dirigían al lugar se percataron de la presencia de un móvil que iba camino a Castro, por lo que decidieron seguirlo a distancia para una posible fiscalización. En tal contexto, el furgón se habría estacionado en las cercanías de Villa Río Pudeto, activándose en consecuencia el procedimiento de rigor.
En efecto, se realizó un control vehicular donde sólo se encontró a una persona en su interior que sería identificado como R.C.E.M. (46 años), quien al momento de ser entrevistado aseveró que estaba realizando un flete, mostrando una actitud sospechosa y nerviosismo evidente, sin que pudiera explicar para quién le realizaba tal actividad ni porqué la hacía prácticamente a las 05.00 horas de la madrugada.
En particular, el sujeto fue sometido a un control de identidad de tipo indiciario, esto es, un procedimiento policial a realizar cuando hay indicios de que una persona o grupo de personas ha cometido o intentado cometer o se dispone a cometer un delito, falta o crimen, algo que en este caso concreto se habría dado.
Luego, al ser un control de identidad indiciario, Carabineros estaba facultado para registrar el vehículo, las vestimentas y/o pertenencias del aludido, por lo que se realizó una breve inspección ocular al contenido que transportaba el endilgado, detectando que se trataba precisamente del lo que había sido sustraído minutos antes, algo que sería identificado por la afectada. Por lo tanto, se procedió a detener al chofer por su presunta participación en el robo en comento, quedando a disposición de la justicia
La información fue confirmada por la mayor Cintya Sanhueza Riquelme, comisario de la Primera Comisaría de Carabineros de Ancud, indicando que «minutos antes, personal de servicio de la población se encontraba acogiendo la denuncia (…) verificaron un furgón que reunía las características de la denuncia realizada por la víctima [por] lo cual proceden a fiscalizar, a hacer un control de identidad, logrando verificar que éste mantenía especies, las cuales habían sustraído del domicilio [de la mujer]».
Acotó que el imputado «mantenía antecedentes previos», reafirmando que fue aprehendido y trasladado a la Comisaría para su posterior audiencia de formalización, mencionando que «se recuperaron las especies las que se le entregaron a la víctima».
Durante el mismo viernes se realizó la audiencia de control de la detención del endilgado, instancia donde la defensora penal pública Kryshna Santibáñez incidentó la legalidad del procedimiento asegurando que no se habrían cumplido los requisitos de un control indiciario que a la postre, permitió la captura en flagrancia, algo que fue rechazado por la juez de turno Verónica del Campo Díaz, por lo que la detención se declaró ajustada a derecho.
Luego, en la audiencia de formalización de la investigación el Ministerio Público de Ancud aseveró que se darían todos los elementos para indicar que el imputado sería presunto responsable de un delito de robo en lugar habitado o destinado a la habitación, previsto y sancionado en el artículo 440 n.° 1 del Código Penal..
Expresó que los hechos antes descritos, fueron calificados como en grado de desarrollo consumado, en los que le ha correspondido presunta participación en calidad de autor, en los términos descritos en el artículo 15 n.°1 del Código sustantivo, por haber tomado parte en la ejecución del hecho de una manera inmediata y directa.
Luego, una vez sopesados todos los antecedentes recopilados en horas previas a la formalización, la juez de turno determinó que se darían los supuestos fácticos para indicar la efectividad de los hechos y que el imputado podría tener responsabilidad directa, concluyendo que hasta el momento, existiría un correlato consistente entre los antecedentes recabados por Carabineros y la imputación de la Fiscalía, por lo que dio lugar al procedimiento.
En tal marco, el fiscal Fernando Metzner Iribarren solicitó que se aplique la medida cautelar más gravosa en contra del sujeto, esto es, prisión preventiva, asegurando que de los antecedentes recopilados se desprende que existiría un peligro para la seguridad de la sociedad, recordando que ya tendría antecedentes policiales previos, por lo que sería apropiado mantenerlo tras las rejas.
La abogada defensora Santibáñez intentó desvirtuar tales argumentos, alegando que la calificación jurídica de los hechos sería en realidad un robo en lugar no habitado, ya que en su opinión la sustracción de especies no habría sido en la casa propiamente tal sino que en una especie de cobertizo; además, aseveró que existiría una duda razonable respecto a la real participación en el robo del encartado, aunque no supo explicar una teoría creíble del porqué fue detenido, precisamente, transportando lo que se habría robado.
Adicionalmente, la aludida expresó que la medida cautelar solicitada para su representado sería desproporcionada ya que tendría irreprochable conducta anterior, que tendría un trabajo y familia estable, y que la prisión vulneraría sus derechos al libre tránsito, por lo que al menos un arresto domiciliario total o parcial podría ser suficiente para mantener la cautela esgrimida por la Fiscalía.
Lo anterior sería acogido por la juez de turno Verónica del Campo Díaz, aplicando aquella descrita en el literal a) del artículo 155 del Código Procesal penal, esto es, arresto domiciliario total del imputado en su domicilio informado en la audiencia (en el sector rural Coipomó), algo que fue de inmediato apelado de manera verbal por la Fiscalía.
Así las cosas, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt revisó la decisión del Juzgado de Garantía de Ancud, señalando que del mérito de lo expuesto en la audiencia por los intervinientes, se desprende que en este estadio procesal, existen elementos de convicción suficientes para estimar concurrentes los requisitos de las letras a) y b) del artículo 140 del Código Procesal Penal, esto es, la existencia material de los hechos investigados y aquellos tendientes a presumir fundadamente la participación que en ellos se atribuye al encartado, constitutivos del delito ya precitado.
A este respecto, y respecto de la necesidad de cautela prevista en la letra c) de la norma ya referida, se concluyó que ésta sólo se ve resguardada con la medida de prisión preventiva, teniendo en consideración la naturaleza del ilícito que se imputa, esto es, robo en lugar habitado, la forma de comisión del mismo, el haber obrado en grupo o pandilla, la prognosis de pena y su eventual forma de cumplimiento en caso de condena, lo que permite estimar que la libertad de éste, por medio de la aplicación de una cautelar menos gravosa, importa un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima, además de los fines del procedimiento.
Por lo tanto, se ordenó su ingreso a un Centro Penitenciario. La información fue confirmada grosso modo por la fiscal (s) María Parada Burgos fiscal, mencionando que «se encuentran actualmente en curso diligencias de investigación para poder dar con el paradero de los otros sujetos». Se fijó un plazo de investigación de 60 días.
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