ANCUD (La Opinión de Chiloé) — Una compleja indagatoria ya formalizada es la que está llevando adelante en Ancud la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía regional de Los Lagos, luego que se destapara en esa ciudad la base operativa de una banda criminal que se dedicaría de manera reiterada, sistemática y permanente a la usura, a la captación habitual de dinero del público sin autorización y al lavado de activos en varias comunas de la Isla de Chiloé, Puerto Montt, Temuco, Antofagasta y otros puntos del país y del extranjero, que no sólo tiene a varios implicados en prisión preventiva, sino que además, ha ido develando otros actos que podrían ser constitutivos de delito, los que darían cuenta de un comportamiento refractario persistente en el tiempo.
De acuerdo a antecedentes judiciales que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, y que se estarían tramitando en causa RIT 219-2025 RUC 2401470855-K del Juzgado de Garantía de Ancud, entre los distintos hechos que se estarían indagando se encuentra uno que ha causado relativa sorpresa en los investigadores, y que se vincula a los ingentes esfuerzos de una de las líderes de la banda para «acelerar» la adquisición de la nacionalización chilena, simulando un matrimonio ante el Registro Civil e Identificación para luego, ingresar una solicitud de Carta de Nacionalización ante el Servicio Nacional de Migraciones.
En particular, se ha podido constatar que la imputada estaría planificando un matrimonio y/o acuerdo de unión civil con una persona chilena ya identificada, teniendo como objetivo la agilización de la nacionalización como se viene diciendo, dejando en claro que posteriormente, y luego de un tiempo de adquirirla, divorciarse para que los organismos fiscalizadores no se den cuenta.
Para esto, ya habría negociado un precio con quien sería una colaboradora y testaferra de la banda que residiría en Castro, quien durante varios meses habría estado facilitando cuentas bancarias para el movimiento y ocultamiento de dinero ilícito, recibir y transferir fondos a favor de los líderes y otros testaferros de la organización, y prestar su domicilio para actividades logísticas.
A este respecto, lo que se sabe hasta ahora es que la colaboradora en comento estaría activamente ayudando a cometer este fraude al ofrecer a un hermano de ella, algo que habría sido aceptado ya que la líder de la banda comenzó a requerir documentación para que se pudiera materializar el matrimonio, negociando un precio de «venta» del hermano y el ofrecimiento de cubrir gastos como argollas y vestuario.
Si bien la investigación sigue en curso, ya se habría identificado al falso novio, quien residiría en Dalcahue, mientras que en cuanto al precio, éste se está negociando en un rango que varía entre los $500.000.- y $2.000.000.-; eso sí, cabe mencionar que la líder, identificada como A.M.S., habría mantenido contactos con personas fuera del país para detallar la «operación» y para explicar lo que le estarían cobrando, con fines aún no precisados por ahora.
Fuentes consultadas por La Opinión de Chiloé confirmaron que la aún «novia colombiana», junto a otros familiares, ejercería el mando y liderazgo de una organización que dispone de un sistema de administración, logística y cobranza ilegal, proporcionando los recursos financieros a sus miembros para el suministro, colocación y su posterior recaudación de dinero a modo de préstamos gota a gota, recurriendo en ocasiones a medidas de coacción y amenazas para obtener el pago (no descartándose golpizas, amenazas con armas, daños a la propiedad, entre otros).
Adicionalmente, administraría las ganancias obtenidas e invertiría sus dineros en su recolocación para el giro de la actividad ilícita; la adquisición de bienes como vehículos motorizados para ser utilizados por la organización en sus fines; financiando actividades comerciales lícitas para ocultar y disimular el origen ilícito de dichos dineros; reclutando testaferros para la ocultación del origen ilícito de las ganancias obtenidas, ya sea en la adquisición de vehículos motorizados y la facilitación de cuentas bancarias personales de terceros; remitiendo al extranjero remesas de dinero, todo lo anterior con el propósito de dar cumplimiento al plan o propósito de la organización.
Respecto de la «novia», el «novio» y la «vendedora», el día 16 de octubre de 2025 fueron formalizados por diversos delitos, todo en el marco de una investigación liderada por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía regional de Los Lagos, en colaboración con la Policía de Investigaciones de Chile, tras una denuncia que manifestaba que hasta la feria municipal de Ancud, llegaban personas de nacionalidad extrajera que se dedicarían a prestar dinero a los locatarios del lugar y posteriormente efectúan los cobros a diario con intereses muy altos.
Los prestamistas, que serían de nacionalidad colombiana, presuntamente llegaban a cobrar las cuotas en forma prepotente, para posteriormente ingresar al interior de los locales a recibir el dinero y en ocasiones cuando las personas no tenían para pagar el dinero de las cuotas, recibían insultos, amenazas e incluso, amedrentamientos de tipo físico. Esta forma de operar se repetía en el Mercado Municipal de Ancud y en otros comercios de esa ciudad, expandiéndose luego hacia algunas comunas de Chiloé y otras ciudades del país.
Así, se inició una serie de diligencias donde se habría corroborado el modus operandi, llegándose al 14 de octubre de 2025 cuando, autorizados judicialmente, personal policial allanó distintos domicilios utilizados por la organización e incautaron la suma de $62.924.920, equipos celulares, notebooks, motocicletas, vehículos, cuadernos y libretas con anotaciones contables efectos procedentes del delito y elementos utilizados para el mismo, adquiridos con los dineros ilícitos.
El operativo se gestó tras varios meses de trabajo policial, donde se han identificado a lo menos 19 integrantes de la banda, con la mayoría de ellos ya formalizados y en prisión preventiva, incluyendo a la «novia» y la «vendedora» por presuntos ilícitos como asociación delictiva para cometer delitos, usura, lavado de activos; mientras que el «novio» estaría con una medida cautelar menos gravosa en su contra (firma) por eventual asociación delictiva, aunque aparentemente se habría informado recientemente un incumplimiento ante el Juzgado de Garantía de Ancud, por lo que no se descarta que se imponga una más gravosa como arresto domiciliario o su ingreso a un centro de detención.
Se debe mencionar que con el matrimonio, la endilgada buscaba solicitar la «Nacionalización Calificada», la que puede ser otorgada a quien tenga la calidad de cónyuge de chileno, a lo menos durante dos años y cuyo matrimonio se encuentre inscrito en Chile. Esto siempre que en el mismo período se cumpla el derecho y deber de vivir en el hogar común, salvo que alguno de ellos tenga razones graves para no hacerlo.
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