QUEILEN (La Opinión de Chiloé) — Una sigilosa indagatoria han estado realizando detectives de la Policía de Investigaciones de Castro en la comuna de Queilen para individualizar e identificar a un grupo de delincuentes que, aprovechándose de procedimientos administrativos laxos o ineficientes, habrían logrado adquirir ante la Ilustre Municipalidad de esa comuna una serie de permisos de circulación que serían ideológicamente falsos, y cuyo alcance por ahora no está completamente claro sin perjuicio de existir distintas diligencias aun pendientes.
De acuerdo a antecedentes reservados que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, la entrega fraudulenta de estos documentos, que tendría un carácter sistemático, se descubrió en medio de una aparente gestión rutinaria del Departamento de Rentas y Patentes del municipio durante el año 2024, cuando se decidió iniciar el «traslado» de los permisos de circulación de varios vehículos desde otras municipalidades hacia Queilen, comenzándose a recibir reiteradas negativas respecto a la existencia previa de permisos para los móviles en comento.
Así las cosas, desde la Unidad de Control Municipal queilina se indicó que esta situación habría quedado meridianamente clara ya en diciembre de 2024, decidiéndose interponer una denuncia casi tres meses después ante la PDI de la capital provincial, activándose con ello una orden de investigar emanada desde el Ministerio Público de Castro para definir el modus operandi y el total preliminar de vehículos que se verían o estarían afectados.
Precisando, sería Salvador Piñeiro Mella, encargado del Departamento de Rentas y Patentes, quien procedió a informar a la encargada de Control, Carolina Porma Oñate, que, al tramitar permisos de circulación de la comuna y al solicitar el traslado de los permisos de circulación hacia Queilen, los distintos municipios receptores del requerimiento le comenzaron a informar que dichas patentes no son parte de su propio registro, irregularidad que comenzó a ser detectada progresivamente.
En tal sentido, la funcionaria explicó en la denuncia que «quiero hacer presente que, si bien existieron estas irregularidades, en su momento, no pudieron ser detectadas por cuando los documentos que entregaban las personas en el municipio parecían reales, razón por la cual, de igual manera se gestionaron los permisos por el municipio de Queilen».
Los datos preliminares indicaban que detrás de todo esto se encontraría una empresa dedicada a la compra y venta de vehículos, y que tendría como representante legal a una martillera pública que residiría en la región del Libertador General Bernardo O’Higgins, quien se habría contactado con funcionarios del Municipio de la ciudad de las playas para obtener durante el año 2024 al menos 11 permisos de circulación con documentos falsos.
Se sabe hasta ahora que la endilgada no habría realizado trámites presenciales en Queilen, sino más bien usó su WhatsApp y un correo electrónico institucional del Ministerio del Interior y Seguridad Pública bajo la administración de la Agencia Nacional de Ciberseguridad para contactarse con funcionarios municipales y coordinar todo.
Una de las hipótesis que se trabaja detalla que la elección de la ciudad de las playas se debió a que se trataría de una municipalidad relativamente alejada, con menor personal, con un sistema de control interno eventualmente más lento y porque ahí no se tendría acceso a dispositivos electrónicos de carácter avanzado para verificar la autenticidad (o falsedad) de los documentos materia de investigación.
En tal sentido, ella habría utilizado y enviado 11 supuestos permisos de circulación anteriores para igual número de vehículos, que según el fiscal (s) de Castro David Parrini Leal, «[es] un requisito para el trámite que la imputada pretendía hacer, siendo el caso que estos 11 permisos de circulación eran falsos, documentos públicos faccionados en su integridad simulando ser verdaderos, correspondientes supuestamente a las Municipalidades de La Pintana, Maipú y Lo Prado, en circunstancias que estas entidades nunca los emitieron, con lo cual se engañó al personal de la Municipalidad de Queilen y se logró obtener 11 permisos de circulación nuevos».
Luego, y según antecedentes a los que accedió La Opinión de Chiloé, la PDI de Castro emitió el pasado 23 de octubre un informe policial en el cual se pudo establecer, mediante diversas diligencias investigativas en las que colaboró la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Rengo, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, que una mujer identificada como R.C.M.C. sería la que habría liderado el uso de la documentación falsa.
Eso sí, al existir aún diligencias pendientes, no se ha descartado la participación de más personas en este ilícito, el que tendría una alta penalidad dada la forma de comisión y porque se calificaría como un delito económico, y que se da siempre que el hecho fuere perpetrado en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando lo fuere en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa, algo que se habría dado.
La causa fue caratulada provisoriamente como constitutivo de 11 delitos de uso malicioso de instrumento público falso, descrito y sancionado en el artículo 196 del Código Penal en relación a los artículos 193 y 194 del mismo cuerpo legal, en especial su numerando segundo, todo ello, en el contexto de la comisión de un delito de carácter económico, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º numerando 26 de la Ley n.º21.595.
Bajo este marco, la Fiscalía local de Castro solicitó recientemente una orden de entrada y registro del domicilio de la encartada, así como la incautación de dispositivos electrónicos para ser peritados y recabar así alguna posible evidencia digital de relevancia criminalística que pueda estar vinculada a la confección y remisión de los documentos falsificados que se usaron en Queilen.
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