Ancud: arresto domiciliario para imputado de quemar la San Francisco. Fijan juicio

ANCUD (La Opinión de Chiloé) — Ad portas de cumplir un año en prisión preventiva, y luego del duro revés judicial que recibió la Fiscalía de Ancud en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt tras prohibirle el uso parcial de pruebas clave que fueron levantadas violando el debido proceso, durante este jueves se confirmó el cambio de medida cautelar para el principal (y único) imputado de quemar la centenaria Iglesia San Francisco y casa ermita aledaña.

De acuerdo a fuentes judiciales consultadas por La Opinión de Chiloé, durante este miércoles la primera sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Castro decidió imponer modificar la medida más gravosa por la de arresto domiciliario total, además de la prohibición de comunicarse con testigos de parte del requerido y arraigo regional.

El pedido de la defensa se dio en el marco de un debilitamiento significativo de la investigación llevada adelante por la Fiscalía, todo luego de severos errores que habrían violado las garantías constitucionales del imputado.

Así las cosas, se excluyeron parcialmente las declaraciones de al menos ocho testigos, incluyendo la de varios peritos, se eliminaron parcialmente varias fotografías correspondientes a informes periciales y se desestimó una serie de prendas de vestir incautadas (incluyéndose parte del informe pericial químico), con su correspondiente cadena de custodia.

A este respecto, se determinó que funcionarios policiales ingresaron a la vivienda del encartado con autorización de la madre, algo que se ajustó a derecho; sin embargo, cuando entraron al dormitorio del aludido y procedieron a incautar una serie de medios probatorios, ello lo hicieron sin autorización del propietario de autos que es mayor de edad o sin la autorización judicial que debe ser otorgada en subsidio.

En cuanto a los peritajes psicológico y psiquiátrico del Servicio Médico Legal, se decidió la exclusión temática de la declaración de dos profesionales dado que en opinión de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, «[en las entrevistas] se realizaron preguntas auto incriminatorias al encartado (…) sin que contara con asesoría de su defensor ni que conste una debida prevención respecto de sus derechos o las consecuencia que puede tener responder dichas preguntas. Que, se aprecia de lo anterior que, al responder tales preguntas, el encartado renunció a su derecho a guardar silencio y a no incriminarse sin la asistencia previa de un letrado, lo que implica una vulneración a la garantía de debido proceso, en tanto no tuvo acceso a una debida defensa».

Luego, el juicio quedó fijado para el próximo 14 de julio 2021 a partir de las 09.00 horas de la mañana, el que en principio se haría de manera presencial.

Hay que recordar que el Ministerio Público de Ancud acusa al imputado de ser responsable del incendio que el día 22 de enero de 2020, cerca de las 06.00 horas de la madrugada, destruyó la Iglesia San Francisco y la casa ermita donde residía el cura párroco, quien alcanzó a salir de dicho lugar.

Asegura el persecutor que lo que ocurrió ahí configuraría el delito de incendio de edificio en lugar poblado no destinado a la habitación del articulo 476 n.°2 del Código Penal e incendio en edificio previsiblemente habitado del 475 n.°1 del mismo cuerpo legal, ambos ilícitos en relación con al artículo 479 del Código Penal y ambos en grado de desarrollo consumado.

«Siendo la pena corporal aplicable la de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo, esto por aplicación del artículo 479 del Código Penal, al existir una circunstancia agravante de responsabilidad penal aplicable al delito de articulo 476 n.°2 del mismo cuerpo legal, atendida también la calidad de autor del ilícito, esta Fiscalía requiere se imponga al acusado la pena única de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, más las penas accesorias del artículo 28 del Código Penal», se asegura en el auto de apertura de juicio oral.

La defensa indicó que en la audiencia respectiva alegará vulneración de garantías constitucionales y pedirá la valoración negativa de los medios de prueba que serán presentadas por la Fiscalía local de Ancud. En subsidio, usará como teoría del caso la falta de participación del imputado en los hechos.

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