ANCUD (La Opinión de Chiloé) — Un interesante dictamen remitió este martes la unidad jurídica regional de la Contraloría General de la República a la Ilustre Municipalidad de Ancud donde advierte una serie de deficiencias detrás del llamado a concurso para proveer dos cargos vacantes en el consistorio, esto es un cargo directivo en la Unidad de Contabilidad, Presupuesto y Personal (grado 7°) y un cargo técnico en la Unidad Jurídica Municipal (grado 10°).
De acuerdo a información que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, el análisis del proceso fue iniciado tras un reclamo de Ignacio Sebastián Ramos Ulloa, exfuncionario municipal en las administraciones de Soledad Moreno Núñez y Pablo Ossio Muñoz (con quien también fue socio en cierto tipo de negocios), quien acusó la supuesta falta de transparencia en el concurso público realizado en dicha entidad edilicia para proveer el cargo donde él postuló (grado 7°).
El aludido alegó que no tuvo conocimiento de los resultados de cada una de sus etapas ni del resultado final de dicho certamen, situación que en su opinión fue irregular. En tal marco, la Contraloría decidió evaluar si había asidero en la denuncia aunque tras analizar las bases del concurso público de antecedentes, optó por no proseguir al considerarlo inoficioso o innecesario.
¿Por qué? El ente fiscalizador partió con una mirada jurídica a las bases en comento y encontró una evidente situación anómala ya que grosso modo se habrían solicitado exigencias adicionales para la obtención de ambos cargos públicos, vulnerándose con ello lo dispuesto, entre otros, en el artículo 19 número 17 de la Carta Fundamental que asegura la admisión a todas las funciones o empleos públicos, sin otras exigencias que las que impongan la Constitución y las leyes.
La Opinión de Chiloé adjunta al final de esta nota el documento in extenso donde se detallan las deficiencias.
Así, la Contraloría asegura que «bajo las consideraciones expuestas, atendida la circunstancia de que las bases revisadas incurren en contravenciones al marco jurídico regulatorio de los concursos que regulan, que implican una transgresión a la normativa aplicable, que afecta los principios de legalidad, objetividad e igualdad de los postulantes; procede que la autoridad edilicia retrotraiga el concurso en cuestión, e inicie un proceso invalidatorio, debiendo informar de aquello a esta Sede Regional, en un plazo que no exceda del 30 de septiembre de la presente anualidad, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 9° de la ley n.°10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República».
A este respecto, lo interesante detrás de lo que pasó es que el llamado a concurso para estos dos cargos se realizó por medio del decreto alcaldicio n.°189 del 22 de mayo pasado, sin que la Unidad de Personal y Recursos Humanos a cargo de Adriana Yañez Oyarzún se diera cuenta de las falencias de la documentación que aparentemente avalaba el proceso.
Es más, tampoco fue detectado por la Directora de Control, a cargo de Leyla Mariana Aguayo Valenzuela, quien incluso fue parte del Comité de Selección, ni tampoco por el abogado Ricardo Wagner Basili, Secretario Municipal, ni por el Administrador Municipal, Juan Latorre Herrera, ambos en la misma posición.
Vale decir, las contravenciones al marco jurídico de las bases del concurso público de antecedentes no fue detectado por nadie, y tuvo que ser la Contraloría quien alertara sobre esta situación que significará comenzar todo de fojas cero. ¿Se iniciará un procedimiento sumarial para determinar responsabilidades y sancionar a los responsables?
Hay que mencionar que para el cargo directivo fue elegido Juan Ramón Millatureo Oyarzo, mientras que para el cargo técnico se seleccionó a Rafael Alejandro Álvarez Manso. Ambos debieran abandonar los puestos que habrían asumido recientemente.
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