ANCUD (La Opinión de Chiloé) — Una serie de acciones «correctivas» es la que durante el último tiempo tiene con dolor de cabeza a la Ilustre Municipalidad de Ancud tras constatarse, otra vez, un preocupante desorden financiero-contable que se ha venido arrastrando por varios años, y que supuestamente se había subsanado según algunos directivos —en base a diversos oficios y documentación interna—, lo que a la postre resultaría al menos dudoso.
De acuerdo a información vinculada a una auditoría realizada por la Contraloría General de la República que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, y que se abocó a verificar el cumplimiento de la normativa contable y reglamentaria que regula el proceso de ejecución y control presupuestario al interior del consistorio, se encontró una serie de irregularidades informadas de manera confidencial al municipio el 19 de mayo de 2021 a través de los oficios n.°E106761 y n.°E106762, solicitando explicaciones.
Así, la respuesta fue despachada el 16 de junio de 2021 a través del Oficio Ord. IMA n.°832, el que derivó en una nueva comunicación de la Contraloría hacia el municipio el 1 de septiembre de 2021 a través de los oficios n.ºE134835/2021, n.°E134836/2021 y n.°E134837/2021 recibidos por el alcalde Carlos Gómez Miranda y Leyla Aguayo Valenzuela, los que ahora ya no eran reservados sino que de carácter público.
Lo descubierto es bastante delicado, ello en atención a que los hallazgos fueron categorizados como complejos, vale decir, que afectan algún proceso crítico del municipio, evidenciándose graves debilidades de control o que presentan la ocurrencia de errores, omisiones y/o irregularidades, cuya acción derivada podría generar un procedimiento disciplinario a efectuar por el propio servicio fiscalizado según expresa la letra b) del artículo 43 de la Resolución n.°10 que establece normas que regulan las auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República.
Probablemente en el sector privado, lo ocurrido implicaría desvinculaciones e incluso recursos judiciales para buscar responsabilidades penales y/o civiles, desconociéndose por ahora que hará el Municipio en el entendido que su historial de gestión de procedimientos disciplinarios es bastante discutible en cuanto a su eficacia.
Luego, el análisis que se realizó fue tomando información correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019, incluyendo los descargos realizados por la municipalidad en junio de 2021.
Si bien es cierto los hallazgos son extensos y abarcan diversas materias, uno de los que ha causado enorme sorpresa son aquellos vinculados a la revisión de las conciliaciones bancarias de la municipalidad de Ancud vigentes al 31 de diciembre de 2019.
Esta función era ejecutada por una funcionaria de la Tesorería Municipal dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) al mando de Claudia Lorena Cárdenas Videla. Tal unidad es la que está a cargo de llevar la contabilidad municipal y manejar las cuentas bancarias respectivas en virtud de lo que señala la Ley n.°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades (artículo 27).
Luego, del examen de las conciliaciones bancarias se determinaron partidas sin aclarar que suman un total de 603.927.228.- al 31 de diciembre de 2019, la mayoría vinculadas a movimientos que no estaban registrados en la contabilidad del municipio o bien, y lo que sería más grave, no estaban registrados en las cuentas corrientes bancarias. Desglosando:
- Se detectaron depósitos según cartola bancaria no registrados en la contabilidad municipal por la suma total de $234.200.775.-, siendo las cuentas más relevantes las que correspondían a cuentas complementarias ($113.018.885.-), fondos ordinarios ($77.952.878.-) y programa de mejoramiento ($42.039.758.-), entre otros.
- Se descubrió también giros o cargos del banco no registrados en la contabilidad municipal por la cantidad de $4.180.029.-, de los cuales $3.223.513.- son de la cuenta fondos ordinarios, $906.516.- de las cuentas complementarias y $50.000.- de la cuenta de los fondos del Mideplan.
- Se encontraron datos de depósitos que no estaban registrados en el banco, y que ascendían a la suma total de $365.546.424.-; vale decir, la información proporcionada por la Municipalidad de Ancud señalaba que ese monto sí se había depositado, pero a su vez eso no coincidía con el reporte bancario donde no se consignaban. Las cuentas más relevantes son las que correspondían a cuentas complementarias ($218.236.569.-), fondos ordinarios ($106.196.736.-) y programa de mejoramiento ($41.097.150.-), entre otros.
Estas irregularidades violarían flagrantemente lo establecido en el numeral 4 del oficio circular n.° 20.101 de 2016, de la Contraloría General de la República, que imparte instrucciones al sector municipal sobre presupuesto inicial, modificaciones y ejecución presupuestaria, en relación con que «se deberán efectuar periódicamente conciliaciones que permitan asegurar que todas sus operaciones bancarias estén reconocidas correctamente en la contabilidad y en el banco. Lo señalado, originará que, en caso de existir diferencias entre el saldo contable y el saldo de la cuenta corriente, se deberán identificar los errores y regularizar los saldos en forma oportuna».
El fiscalizador detalló que «la falta de certeza de los montos registrados en la aludida cuenta corriente, afecta a los objetivos generales de la información financiera referidos en el acápite de ‘Principios Aplicables a la Contabilidad General de la Nación’ del capítulo I, Normativa Generales, del oficio circular n.°60.820, de 2005, de este Organismo de Control, que son obligatorios para las entidades públicas, y que señalan que la información financiera está destinada básicamente para servir a las necesidades de control y de toma de decisiones de los múltiples usuarios.
Agrega además que «a su vez, incumple lo previsto en el oficio circular n.°11.629, de 1982, de este Organismo de Contralor, que impartió instrucciones al sector municipal para el manejo de cuentas corrientes bancarias, y que indica que la finalidad de estas es confrontar las anotaciones, que figuran en las cartolas bancarias con el libro banco contable, a efectos de determinar si existen diferencias y, en su caso, el origen de las mismas. Asimismo, ellas permiten verificar la igualdad entre las anotaciones contables y las desviaciones que surgen de los resúmenes bancarios, efectuando el cotejo por medio de un ejercicio básico de control, basado en la oposición de intereses entre la entidad y el banco, debiendo practicarse mensualmente».
En este sentido, y mediante oficio del 15 de junio de 2021, la encargada de conciliaciones bancarias informó que se habrían regularizado varios de los problemas que se reportaron de manera reservada el 19 de mayo de 2021 a través de los oficios n.°E106761 y n.°E106762, asegurando que aún se estaba trabajando. Adjuntó para ello diversos comprobantes contables de las regularizaciones efectuadas.
Sin embargo, la Contraloría fue tajante en afirmar que «si bien el municipio adjunta comprobantes contables de ajustes, estos no contienen documentación de respaldo que clarifique los motivos de las regularizaciones, así como tampoco se identifica a qué partidas observadas corresponden…».
Vale decir, aunque la explicación habría sido vista con satisfacción por el municipio siendo aprobada para su despacho al ente contralor, éste lo objetó al no existir un detalle pormenorizado de lo que se hizo (y su documentación) para subsanar los registros inexistentes detectados de esos más de 600 millones de pesos.
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