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Ancud: las decenas de millones en “cuentas secretas” del municipio; ¿quién las maneja?
ANCUD (La Opinión de Chiloé) — Una enorme preocupación causó (y aún causa) al interior de la Ilustre Municipalidad de Ancud los resultados de una auditoría encargada por la gestión del alcalde Carlos Gómez Miranda a Fortunato & Asociados (a través de una licitación pública aprobada por el Concejo), empresa que detalló varias situaciones que no dejan de sorprender, repitiéndose una y otra vez en el consistorio la palabra «desorden».
Por ejemplo, la auditora menciona la existencia cuentas corrientes no registradas en la contabilidad del municipio, partidas del rubro disponible sin respaldo contable, depósitos no identificados, cheques protestados con saldos sin aclarar en deudores presupuestarios, entregas de recursos vinculados a subvenciones sin análisis de cuentas, subvenciones con saldos sin aclarar y períodos de rendición que excedían la normativa, ajustes incorrectos de los Estados Financieros al IPC, cálculos erróneos en los saldos iniciales de caja de los Balances de Ejecución Presupuestaria, no entrega de decretos de pagos para revisión, leaseback mal contabilizado, errores en la actualización del patrimonio o en el cálculo de depreciaciones, entre otras materias; “equivocaciones” que en algunas cuentas superan los 100 millones y/o que se arrastran por casi media década.
Cuando se expuso el informe en enero, el alcalde de la comuna declaró: «queríamos que de alguna forma, ciertos cuestionamientos, ciertas observaciones o ciertos reparos que se hacían hacia la administración municipal como a los servicios traspasados no sean sólo lo que nosotros indicamos como autoridades recién asumidas», agregando que para ello se decidió llevar adelante una auditoría externa «donde una empresa completamente imparcial pueda auditar y revisar los procedimientos que se están llevando adelante como municipalidad». La autoridad añadió «yo quiero agradecer el trabajo serio, responsable, de la empresa Fortunato & Asociados; creo que aquí han demostrado, cierto, a cabalidad su experiencia y su responsabilidad también en el trabajo y manejo de la información».
Alexis Latorre, Administrador Municipal, sostuvo que «la auditoría consistió principalmente en analizar todo lo que es la situación presupuestaria, tanto en los ingresos como en los gastos, el estado de la situación patrimonial también del municipio, cuentas de activos, de pasivos. Aquí los resultados indican que hay una serie de falencias, especialmente de desorden y falta de control en los procesos internos». En su opinión, «se presentan situaciones que de alguna forma indican un desorden administrativo y financiero, este desorden —como lo ha dicho la misma empresa, como así lo ha catalogado la empresa consultora— tiene que ver especialmente con alguna falta de control, tanto lo que ha señalado en el aspecto de finanzas como también en la unidad de control del municipio», acotando que «por ejemplo, no hay cuadraturas en algunas cuentas, faltan justificar algunos gastos, hay aportes a entidades sociales o comunitarias que registran deudas, no hay un control por ejemplo de esas mismas deudas, de las rendiciones; en términos generales son aspectos importantes».
Desde la empresa, junto con confirmar que no se habría entregado toda la información solicitada al municipio en reiteradas ocasiones (vía emails, oficios u otros canales), aclararon que su trabajo partió con el análisis de los Estados Financieros y diversos libros contables, cotejando lo registrado con fuentes externas como bancos, mercado público, SII, entre otros. Sobre tal punto, el alcalde señaló que «es cuestionable, por decirlo de alguna forma, que cierta documentación o solicitudes por parte de la empresa no lo hayan entregado para un mejor análisis también de la situación y lo más oportuno posible», por lo que hay algunos componentes financiero-contables que no habrían sido auditados.
El informe preliminar habría sido enviado en el mes de septiembre de 2017 a la Municipalidad con el objetivo de recibir comentarios u observaciones de la administración, si es que las hubieren, respecto a la eventual existencia de problemas de interpretación, análisis y revisión, dando la posibilidad para que los afectados de las diferentes áreas entreguen sus descargos sin que ello ocurriera según los representantes de la auditora. A fines de noviembre, y sin haber recibido algún reclamo, solicitud de correcciones, documento que rebata total o parcialmente lo expuesto, comentario u observación, la auditoría fue cerrada.
Así, fue el 15 de enero de este año donde dos representantes de la empresa se apersonaron en la sesión n.°51 del Concejo Municipal, y expusieron los resultados de la Auditoría. Tras ello, los concejales y el alcalde se refirieron al documento de 82 páginas, aunque este aún no se encuentra disponible fácilmente a la opinión pública, y ya han pasado cuatro meses de aquello.
Las reacciones
Al exponerse los resultados, el alcalde Gómez Miranda afirmó que «hay situaciones que necesitan de un estudio rápido porque no se pueden seguir cometiendo ciertas situaciones que nos llevan a un desorden financiero y administrativo, porque necesitamos que estas prácticas que de alguna manera se realizaban por desconocimiento, por un montón de situaciones que puedan haber, sean corregidas a tiempo», aseverando que ya se habían tomado algunas medidas para subsanar algunos hallazgos, mientras que otras tomarían más tiempo.
Agregó «nosotros vamos a hacer todas las acciones que debemos llevar adelante, primero para clarificar cada una de las observaciones que nos entrega este informe, segundo, también vamos a trabajar con el ente contralor, como una forma de poder también tener alguna asesoría técnica que nos permita sanear absolutamente esta situación». Alexis Latorre por otra parte, mencionó que para la auditora «hay desorden administrativo, financiero y contable que puede, obviamente si continúa, inducir a problemas mucho mayores».
El concejal Marcos Velásquez (UDI) señaló a la máxima autoridad comunal que lo expuesto por el informe «es más que preocupante (…) hay un desorden administrativo, de control, se supone que control es quien debe llevar todo correctamente, por lo tanto yo creo señor alcalde que es preocupante (…) se supone que control es el que tiene que tener todo clarito y especialmente todo el Departamento de Finanzas que también ahí tenemos muchos problemas».
El concejal Álex Muñoz (UDI) en tanto, acotó: «dentro de todo yo creo que hay situaciones totalmente gravísimas, yo creo que el Alcalde también tendrá que buscar y exigir las responsabilidades administrativas y los sumarios que correspondan porque es una situación a todas luces totalmente anormal y llena de situaciones irregulares».
Por otro lado, el concejal Nelson Delgado (PS) afirmó que: «hay por un lado desorden y falta también de respaldo de algunas acciones», mientras que Rodolfo Norambuena (Indep. – Poder Ciudano), junto con compartir las opiniones de los otros concejales, agregó «no deja de preocupar estas situaciones (…) instala una vez más la desconfianza respecto de cómo se manejan las finanzas de nuestro municipio y por otra parte, nosotros que estamos encargados de revisar y aprobar un presupuesto municipal [además de] observar su proceso de ejecución también nos deja comprometidos con una labor fiscalizadora mucho mas acuciosa».
La auditoría
Según el artículo 5° de la Ley n.°20.285, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones mencionadas en la norma.
Por otro lado, el artículo 6° de la Ley de Transparencia señala que los actos y documentos “que digan relación con las funciones, competencias y responsabilidades de los órganos de la Administración del Estado, deberán encontrarse a disposición permanente del público y en los sitios electrónicos del servicio respectivo, el que deberá llevar un registro actualizado en las oficinas de información y atención del público usuario de la Administración del Estado”: al cierre de esta nota, la auditoría no se encuentra “a disposición permanente del público y en los sitios electrónicos del servicio respectivo” (nótese la conjunción copulativa “y”).
Para el Tribunal Constitucional “el derecho de acceso a la información pública se encuentra reconocido en la Carta Fundamental –aunque no en forma explícita- como un mecanismo esencial para la vigencia plena del régimen democrático y de la indispensable asunción de responsabilidades unida a la consiguiente rendición de cuentas que éste supone por parte de los órganos del Estado hacia la ciudadanía. Al mismo tiempo, la publicidad de los actos de tales órganos, garantizada, entre otros mecanismos, por el derecho de acceso a la información pública, constituye un soporte básico para el adecuado ejercicio y defensa de los derechos fundamentales de las personas que, eventualmente, puedan resultar lesionados como consecuencia de una actuación o de una omisión proveniente de los mismos” (Rol 634/2007, C. 9o. Doctrina reiterada en sentencias STC Rol 1732-2011, c. 12 y STC Rol 1990-2011 c.25).
La importancia de este punto reside en que la no publicación de la auditoría realizada por Fortunato & Asociados podría eventualmente tener como efecto, precisamente, limitar el ejercicio de un derecho fundamental, ya que no está disponible en la página web institucional municipal, y por lo tanto, su acceso en términos prácticos estaría presuntamente restringido a solicitudes puntuales o presenciales. Además, en el hipotético caso de que alguien intentara aplicar un test de daño o invocar un potencial principio de proporcionalidad, no parece ser que se configure algún daño por el hecho de divulgar información que podría ser de interés público, más cuando el documento en comento expone una serie de hechos vinculados a un aparente desorden administrativo, financiero y contable.
En consecuencia, La Opinión de Chiloé pasa a exponer el informe de auditoría completo, el que queda de libre acceso para cualquier lector.
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