Aprueban que la Agencia Nacional de Inteligencia tenga agentes encubiertos propios

VALPARAÍSO (La Opinión de Chiloé) — En etapa de tramitación se encuentra actualmente el proyecto que busca fortalecer y modernizar el sistema de inteligencia del Estado, iniciativa ingresada por el Ejecutivo el año 2018 por vía del Senado, siendo retomada su discusión en medio de los saqueos y ataques incendiarios al Metro de Santiago.

La Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) ha recibido enormes críticas tras su cuestionado rol para (no) anticipar lo que pasó, especialmente en el tren subterráneo que afectó la movilidad de millones de personas, la mayoría de los sectores de más escasos recursos del Gran Santiago, y más cuando el fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, reconoció hace algunas horas que «hay indicios de una eventual participación de grupos organizados en los incendios que fueron provocados en algunas de esas estaciones».

Masferrer debió renunciar a su militancia en Renovación Nacional y a su oficina de abogados, Cisternas & Cortés, cuando asumió la ANI. En esa época, y ad portas de asumir, agradeció «la confianza» que le entregó el Presidente Piñera y aseguró que «la tarea encomendada por considera potenciar el trabajo de la agencia y del sistema de Inteligencia, a fin de que la autoridad cuente con la información necesaria para la mejor toma de decisiones».

Sin embargo, en medio de los enormes daños al Metro, los saqueos en diversos sectores (especialmente en comunas de alta vulnerabilidad social), presentó su renuncia. Su mediocre gestión implicó multimillonarios datos a propiedad pública, sin incluir los más de 300 millones de dólares que costará reparar los daños al tren subterráneo.

Actualmente, dicha agencia depende de los efectivos de las fuerzas armadas y de orden que son destinados en comisión de servicio a este organismo, y que hasta antes de los incidentes, estaba a cargo de Luis Masferrer, esdirector de Gendarmería entre 2010 y 2013, año en que renunció a su cargo para abocarse a su candidatura como diputado. Fue el mismo que debió enfrentar el incendio en la cárcel de San Miguel, en la que murieron 81 reos el 8 de diciembre de 2010.

El proyecto busca entregarle mayor autonomía y resolutividad en casos de crisis o en situaciones puntuales de carácter estratégico.

La iniciativa iniciada en mensaje fue respaldada en particular por las comisiones unidas de Defensa Nacional y Seguridad Pública en su última sesión, cuyos miembros sometieron a votación las indicaciones presentadas. Los senadores  Pedro Araya, Carlos Bianchi, Kenneth Pugh, Víctor Pérez, José Miguel Insulza y Juan Pablo Letelier respaldaron el texto.

En ese contexto, se analizaron una serie de indicaciones entre ellas la que permite que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) pueda reclutar agentes encubiertos propios. Hoy Carabineros y la PDI colaboran con el organismo, cuyos efectivos del área de inteligencia son derivados en comisión de servicio.

La idea que fue respaldada por unanimidad, permitiría entregar mayor autonomía a la agencia haciendo que por primera vez desde su creación la ANI tenga un objetivo operacional y ya no solo estratégico.

El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el senador Víctor Pérez valoró la aprobación de la norma considerando que «originalmente era un organismo que no tiene atribuciones concretas para poder entregar información pertinente del Presidente de la República en una situación puntual. Hoy avanzamos para cambiar aquello».

A juicio del legislador, el principal aporte de esta iniciativa está en la función de la ANI que deberá coordinar a los distintos organismos de inteligencia que existen en el país (las de las FF.AA., Carabineros, PDI, Gendarmería, Aduanas y organismo públicos financieros).

En cuanto a los agentes propios, el congresista aseguró «que en un primer momento habrá una transición. Hoy los agentes que vienen en comisión de servicio de las distintas ramas y reparticiones, son calificados por sus instituciones».

Dijo que con la reforma, «la ANI incidirá en su evaluación. Además se extenderán los plazos porque en la actualidad la destinación dura uno o dos años máximos. Estos agentes podrán trabajar todo lo que requieran sobre todo cuando se trata de investigaciones que requieren largos periodos de tiempo».

Así, ahora el proyecto quedó en condiciones ser visto por los integrantes de la Comisión de Hacienda. La iniciativa cursa su primer trámite constitucional.

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