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Presentan acusación constitucional contra el Presidente Piñera.
VALPARAÍSO (La Opinión de Chiloé) — Durante este jueves la Cámara de Diputados procedió a votar la «cuestión previa» en el marco de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, la que tras aprobarse, desechó definitivamente el libelo contra el primer mandatario.
En efecto, con 79 votos a favor y 73 en contra, la Cámara Baja da como «no presentada» la acusación, algo que en todo caso no es una sorpresa. Con esto, el «fondo» no pasará por la sala, por lo que no se discutirá el intento de destituir al Mandatario.
La sesión partió alrededor de las 10.00 horas de esta mañana, en un procedimiento que no se veía en contra de un presidente desde hace más de 50 años cuando en 1956 ocurrió lo mismo con Carlos Ibáñez del Campo.
El escrito llegó con un informe positivo de la comisión revisora de la Cámara (de mayoría opositora), que este miércoles la aprobó por tres votos a dos; ello, sin embargo, no era vinculante.
Durante la sesión de hoy, por la parte acusadora estuvo el diputado DC Daniel Verdessi, mientras que la defensa del presidente estuvo a cargo del abogado Juan Domingo Acosta.
En el libelo se buscaba establecer la responsabilidad por los actos de la administración del mandatario que habrían comprometido gravemente el honor de la Nación; se sumaba el haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes, al presuntamente consentir en que las Fuerzas Armadas y de orden cometieran violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y generalizada.
En la historia de Chile sólo tres presidentes han sido o se les ha intentado acusar constitucionalmente, a saber, Manuel Montt en 1868, medida que fue rechazada; Carlos Ibáñez del Campo en 1931, que fue aprobada siendo destituido, y Arturo Alessandri en 1939, cuya acusación ni siquiera fue admitida. Piñera es el cuarto siguiendo la misma suerte que Alessandri.
Fundamentos de la cuestión previa
El abogado defensor del presidente, Juan Domingo Acosta, presentó antes de la votación una serie de argumentos desestimando la exposición de la acusación constitucional contra el Presidente, pidiendo en consecuencia aprobar la cuestión previa dado que no se cumplieron los requisitos formales para que el libelo ser acogido por la Cámara de Diputados.
En este marco, nombró cuatro grandes ejes, a saber:
- No se imputan «actos de su administración», sino que «omisiones» por «posibles» actos de terceros relacionados con violaciones a los DDHH.
- No se respeta el perfil último ratio de la acusación constitucional, especialmente atendiendo que las imputaciones apuntan a generalidades, no a actos personales; y que existe una institucionalidad que funciona, en donde es posible perseguir los delitos que se registren.
- Se vulnera el debido proceso, al imputarse conductas no precisas y asignar suposiciones, sin especificar cómo ello se concreta.
- Al calificar el mérito del estado de emergencia, hecho que le está vedado constitucionalmente tanto al Poder Judicial como al Legislativo. «Se califica o descalifica el estado de emergencia, lo que no cumple con los requisitos de la Constitución», dijo.
Acosta indicó que el Presidente ha tenido un «fiel compromiso» por velar y cumplir con la Constitución y las leyes, comenzando su alegato haciendo una amplia exposición del contexto social que vivió el país, sus efectos y algunas de las decisiones tomadas en ese marco.
«No no hay un libreto para enfrentar situaciones como las vividas», acotó, remarcando la voluntad de Sebastián Piñera por actuar siempre pensando en interés superior del país y de sus habitantes.
Informó que se han registrado desde el estallido social, el 18 de octubre pasado, 1186 hechos de especial violencia, los cuales han ido disminuyendo en frecuencia e intensidad en las últimas semanas. Aseguró que, en ese marco, la instrucción dada por Piñera a las fuerzas armadas y de seguridad y orden ha sido siempre la de velar por el respeto de las leyes, de los protocolos del uso de la fuerza y de los derechos humanos.
Recalcó que también ha sido una premisa del Mandatario que cualquier vulneración a la normativa vigente y a los DDHH deben ser denunciadas, investigadas y sancionadas en su caso. «No habrá ni debe haber impunidad de ningún tipo», afirmó.
Acosta remarcó el contexto de especial violencia que rodeó al país y que motivó a Sebastián Piñera a hacer uso de una facultad constitucional, como es declarar el estado de emergencia en Santiago, en primer lugar, y luego en otras regiones del país.
«Fue una respuesta a la situación grave que ocurría y no como una forma de reprimir el derecho de expresión», acotó, recordando que durante el periodo de la declaratoria igualmente se desarrollaron 372 marchas pacíficas que movilizaron a más de dos millones de personas.
Asimismo, resaltó la proactividad del Presidente para instruir que se facilita el accionar de diversas instituciones nacionales vinculadas a la protección de los DDHH, como el INDH, y al invitar instituciones internacionales asociadas a este ámbito para que actuaran como observadores en el proceso.
Sostuvo que el Gobierno ha reconocido y lamentado los casos de personas muertas y lesionadas, al tiempo que ha impulsado su investigación y sanción, en un país donde la institucionalidad, pese a la crisis, ha funcionado, citando en este marco el accionar del Ministerio Público, los tribunales de justicia, la Defensoría Penal, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y del propio Congreso Nacional.
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