VALPARAÍSO (La Opinión de Chiloé) — Luego de dos jornadas de intenso debate, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general la idea de legislar el proyecto que regulará los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, y que fijará nuevas penas y formas comisivas, incorporando también mecanismos de restitución que, en opinión de sus proponentes, debiera ser más eficiente a los existentes actualmente (boletines refundidos 14015 y 13657).
En segundo trámite constitucional, la Sala aprobó la idea de legislar con 89 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones. Grosso modo, los que votaron en contra fueron parlamentarios oficialistas. Por el Distrito n.º26, los diputados Mauro González Villarroel (RN) y Héctor Ulloa Aguilera (PPD) votaron a favor, el diputado Jaime Sáez Quiróz (Revolución Democrática) votó en contra, y los diputados Fernando Bórquez Montecinos (UDI) y Alejandro Bernales Maldonado (PL) no votaron por estar bajo la modalidad de «pareo».
El texto, en segundo trámite, establece sanciones más estrictas al delito de usurpación de propiedades. Modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, amplía el período de flagrancia y facilita la detención de los ocupantes.
Entre sus principales objetivos está sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación u ocupaciones, extendiendo el período de flagrancia tratándose de este delito. Asimismo, permite, tanto durante la investigación del delito como al presentarse demanda civil, la restitución anticipada del inmueble ocupado. Adicionalmente, autoriza la aplicación de técnicas especiales de investigación en la persecución de las usurpaciones.
Igualmente, castiga con penas de presidio la celebración con engaño de compraventas o arrendamientos de sitio ocupado ilegalmente. Incorpora restricciones en las normas para regularizar la pequeña propiedad raíz, mientras exista juicio pendiente por usurpación.
Junto con ello, modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para sancionar al ocupante ilegal que pretenda transferir el dominio de lotes de terrenos tomados.
Debate por ocupaciones ilegales
Quienes rechazan el contenido de la norma, que pertenecían prácticamente en su totalidad al oficialismo, objetaron la inclusión de la legítima defensa privilegiada de los propietarios y el concepto de flagrancia permanente.
La justificación que se esgrimió fue que la autotutela permitiría hacer justicia por las propias manos, por lo tanto, en opinión de los contradictores, podría incitar enfrentamientos.
Afirmaron, además, que el derecho constitucional a la propiedad no puede atentar contra la vida ni criminalizar la pobreza, asegurando que la norma representaría podría afectar a los campamentos regularizados o en vías de regularización.
Bajo este contexto, los que rechazan el proyecto habrían realizado una reserva de constitucionalidad, vale decir, que podrían recurrir incluso, al Tribunal Constitucional para evitar su promulgación tal como está.
En tanto quienes respaldaron el texto sostuvieron que otorga herramientas más eficaces para reestablecer el derecho de las personas. Justificaron la mayor regulación para hacer frente a bandas criminales dedicadas a realizar ocupaciones para loteo irregular, o al narcotráfico.
En esa línea resaltaron el derecho de los ciudadanos de poder defender lo propio, cuando el Estado ha fracasado. Insistieron en la necesidad de implementar esta ley, sobre todo en la Araucanía.
Visión del Gobierno
En representación del Ejecutivo intervino la ministra del interior Carolina Tohá quien recordó que la usurpación no está permitida en la actual legislación, la que necesita ser actualizada por no ser efectiva debido a la realidad presente.
Explicó que hoy la usurpación va desde la necesidad de vivienda de las personas que viven en campamentos, hasta los loteos irregulares, las tomas de segunda vivienda y las acciones violentas de la macrozona sur.
Por ello dijo que es necesario legislar para hacer la diferenciación, sancionando la comisión del delito, sin castigar a las personas de menores recursos. Rechazó la posibilidad de la autotutela, señalando que el Gobierno no permitirá una ley que posibilite el enfrentamiento entre personas.
Agregó que el Ejecutivo decidió retirar la urgencia a la tramitación del proyecto, para posibilitar los cambios necesarios.
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