VALPARAÍSO (La Opinión de Chiloé) — Tras la petición realizada el 28 de abril de 2020 por los diputados Miguel Ángel Calisto Águila Raúl Soto Mardones, y firmada en total por 63 parlamentarios, una serie de audiencias en la Comisión de Economía de la Cámara, la Sala en pleno aprobó la conformación de una Comisión Especial Investigadora respecto a la existencia de una eventual colusión de precios en el mercado del gas licuado.
La decisión, aprobada con 118 votos a favor y 11 abstenciones, pretende que se analicen los actos de los órganos de la administración del Estado encargados de velar por la libre competencia en el mercado de los productos de suministro de Gas Licuado.
Hay que recordar que el pasado 27 de abril el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, expuso ante la Comisión de Economía ya referida sobre el funcionamiento del mercado de la distribución y venta de gas licuado de petróleo o GLP de cilindro y las causas del alza en su precio durante el último tiempo.
Ahí, reconoció no sólo que el mercado está concentrado en tan sólo tres empresas que distribuyen y venden ya sea directamente o a través de distribuidores autorizados, sino que además existirían otros factores para creer que la competencia no está funcionando en forma adecuada en este mercado y que ello motivó el inicio de un estudio sobre el comportamiento de la industria del gas a nivel país, desde su producción o importación hasta su venta al consumidor final.
En la instancia de la Cámara, solicitada luego los 63 diputadas y diputados, se investigarán las actuaciones, tanto de la Fiscalía Nacional Económica, así como de los ministerios de Economía y Energía, y de todo otro organismo público encargado de velar por la libre competencia en el mercado de los suministros de Gas Licuado.
Para el cumplimiento de este mandato, la comisión especial tendrá un plazo de 90 días. Cabe mencionar que esta Comisión no es vinculante con otras actuaciones, y es sólo de carácter político; ergo, se buscarán responsabilidades políticas de existir.
Antecedentes
En la petición, los legisladores indican que se deberán estudiar las acciones que se tomaron por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y su rol ante la posible colusión de las empresas productoras y distribuidoras de gas, así como de otros órganos de la administración del Estado.
Dicen que «según informes de prensa reciente, el GLP ha experimentado un incremento de un 1,6% en su valor solamente durante el mes de marzo del presente año, acumulando un alza inusitada de 10,9% en los primeros tres meses del año 2021».
Acotan que, en consecuencia, se puede observar que en los últimos 12 meses el GLP ha incrementado su precio en un 13,6%, lo que se justificaría principalmente al precio internacional del petróleo.
«Así las cosas y como ya se mencionó, las tarifas promedio del GLP en la región Metropolitana alcanza los 10 mil pesos para cilindros de 5 kilos; de 16 mil pesos en cilindros de 11 kilos; y de 21 mil pesos para cilindros de 15 kilos. Tanto los precios como el promedio de alzas mes a mes es una constante en las 3 principales compañías distribuidoras, lo cual es llamativo tomando en cuenta la competencia que debería existir entre los actores y los beneficios que de ello derivaría hacia los consumidores de gas residencial», aseguran.
«Si analizamos la forma en la cual las personas acceden a este servicio básico, resulta fácil llegar a la conclusión que lo sectores más acomodados de la sociedad chilena cuentan con red de tubería subterránea que otorga suministro de gas, sea de GLP o de GN, siendo la población perteneciente a los quintiles más bajos quienes acceden a este servicio [de gas por cilindros] mediante cilindros desde distintos distribuidores», dicen.
«En sectores rurales, la distribución de gas por cilindros es la única manera de contar con el servicio en los hogares», acotan.
«Si a ello le agregamos la libertad tarifaria con la que goza este sector, el riesgo de producirse inobservancias en materia de fijación de precios, tales como prácticas concertadas entre competidores u otras, y que perjudican principalmente a consumidores con menos capacidad económica, nos hace estar en estado de alerta constante», explican.
Asimismo, en el caso de una de las tres empresas distribuidoras (Lipigás), a través de su filial en Perú «Lima Gas», se indica que se vio involucrada y sancionada por la autoridad antimonopolio de dicho país en el año 2017, tras comprobarse que se coludió con otras dos firmas para concertar precios en la venta de cilindros.
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