VALPARAÍSO (La Opinión de Chiloé) — Luego de una maratónica sesión en el pleno de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, finalmente se votó tanto el proyecto masivo de retiro de pensiones impulsado por varios parlamentarios, como la propuesta «acotada» que propuso el Gobierno, terminado ambos con el mismo resultado: rechazados.
Así, con 70 votos a favor, 70 en contra y 12 abstenciones, el pleno rechazó la idea de legislar para una nueva reforma constitucional que permita el retiro «universal» del 10% de los fondos de las AFP, proyecto que fue iniciado en distintas mociones refundidas.
Para que pudiera avanzar, se requería 3/5 de los votos de toda la Sala, es decir, 93 apoyos. Por lo tanto, la propuesta será archivada y no podrá volver a presentarse un proyecto de ley con la misma idea matriz en el plazo de un año. Eso sí, ya hay varias mociones que apuntan a analizar ahora un «sexto» retiro.
En este caso, a todos los diputados UDI que rechazaron este proyecto se sumaron diputados y diputadas del oficialismo como Karol Cariola, Carmen Hertz, Tomás Hirsch, Diego Ibáñez, Claudia Mix, Maite Orsini, Catalina Pérez y Emilia Schneider más otros otros parlamentarios adscritos a los sectores de centroizquierda.
En tanto, la iniciativa presentada por el Presidente Gabriel Boric también corrió con la misma suerte al ser rechazada, ya que sólo logró 68 a favor, mientras que la mayoría votó en contra (83 parlamentarios) sumándose la abstención del diputado por Aysén, Miguel Ángel Calisto (DC).
Eso sí, en este caso, sólo era necesario alcanzar mayoría simple, lo que podría haber sido factible si a las bancadas de Apruebo Dignidad y del Socialismo Democrático se sumaran los votos de la oposición, lo que no ocurrió.
Luego, la votación estuvo marcada por un fuerte rechazo. A la votación por el no de toda la oposición en bloque se sumaron algunos parlamentarios de izquierda como por ejemplo, Pamela Jiles o René Alinco.
La gran diferencia entre ambos textos radicaba en que la reforma empujada por legisladores busca repetir un retiro del 10% desde los ahorros de las AFP sin restricciones, aplicable para todos aquellos que aún tuvieran fondos, mientras que la iniciativa del Gobierno era más restrictiva y destinada a pagar deudas específicas.
Acá hay que mencionar que el proyecto del Gobierno podría tener posibilidades de avanzar si se insiste en el Senado, aunque desde el Ejecutivo aún no hay un pronunciamiento al respecto. Además, de optar por esta vía, la posibilidad de ser aprobada se complejiza al no tener los votos necesarios (por ahora).
Este proyecto se presentó por medio de los informes de las comisiones de Trabajo y de Hacienda, y buscaba autorizaba a realizar un retiro, de forma voluntaria y excepcional por hasta el 10% de los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual. El monto máximo sería el equivalente a 150UF y el mínimo a 35UF. Si el dinero era menor al monto mínimo, se podía retirar hasta dicho margen.
Los fondos retirados se consideraban extraordinariamente intangibles para todo efecto legal. No serían objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o afectación judicial o administrativa.
Los dineros retirados se podían utilizar, exclusivamente, para los siguientes fines:
- Exigir el pago de deudas originadas por obligaciones alimentarias. Para ello, el texto describe los procedimientos a seguir por las partes, así como los derechos y deberes referidos a esta materia.
- El pago de deudas de salud, contraídas hasta el 31 de marzo de 2022. Será válido tanto respecto del seguro previsional de salud, público o privado, como de prestadores institucionales. Requerirá previa acreditación de estas a través de la Superintendencia de Salud.
- Incrementar el ahorro necesario para la postulación a los subsidios para la construcción o adquisición de la primera vivienda. Se detallan en las normas siguientes procedimientos y condicionantes para esta facultad.
- Pagar créditos hipotecarios de hasta 4.000UF, contraídos para la adquisición de la primera vivienda, hasta el 31 de marzo de 2022.
- El pago de deudas de servicios sanitarios, de electricidad y gas de red, vencidas hasta el 31 de marzo de 2022.
- Cancelar deudas financieras, bancarias y no bancarias, contraídas hasta el 31 de marzo de 2022.
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