QUINCHAO/CURACO DE VÉLEZ (La Opinión de Chiloé) — Una serie de movilizaciones en las rampas de conectividad del Canal Dalcahue han realizado manifestantes de las comunas de Curaco de Vélez, Quinchao y Dalcahue luego que uno de los operadores marítimos que unen la isla Grande con la isla Quinchao decidiera subir de manera significativa las tarifas de pasada.
De acuerdo a antecedentes recopilados por La Opinión de Chiloé, se trata de la Sociedad de Transporte Marítimos Man-Pue y Compañía Limitada, quien había anunciado un reajuste a sus tarifas diurnas a contar del 15 de enero de 2020.
Ésta consideraba, por ejemplo, un alza de un 12% para los automóviles, 16,7% para las camionetas, minibuses y camiones 3/4 (hasta 6.000 kg), 50% para las motos, 14,3% para camiones sencillos (mas de 6.000 kg), 12,5% para camiones doble puente, 11,5% para buses grandes, 25% para furgones y minibuses de recorridos, entre otros ajustes.
La oficialización de los reajustes en el servicio marítimo causó que diversos grupos de personas interrumpieran el libre tránsito a las rampas exigiendo retrotraer la decisión y mantener las tarifas diurnas actuales, las que según datos de la empresa, no se ajustaban desde el 16 de enero de 2015.
Además, los manifestantes solicitaban que las tarifas nocturnas se reduzcan dado que hasta agosto de 2019, la pasada para vehículos menores era de $2.500.-, situación que cambió al subir a $10.000.- al ser considerada como pasada especial a las 03.00 horas de la madrugada.
En tal contexto, Man-Pue decidió informar durante las últimas horas una drástica decisión: junto con congelar las tarifas, esperan dejar de operar en treinta días más, vale decir, el 13 de febrero podrían ya no funcionar sus barcazas en el canal, lo que implicaría que solo una nave quede funcionando, la que pertenece a la empresa Alecar, quienes por cierto también anunciaron alza de precios.
Hay que mencionar acá que existe un vínculo familiar entre los dueños de ambas empresas, mientras que la decisión de Man-Pue aún no sería 100% definitiva.
A través de la Asamblea Social del Archipiélago de Quinchao, este lunes se entregó un petitorio al Gobernador de Chiloé donde se solicita, entre otras cosas, que el Estado chileno garantice la conectividad y el libre tránsito desde y hacia la ínsula así como las islas del mar interior. Precisaron eso sí que ello se cumple al día de hoy, aunque «de manera deficiente en el Canal Dalcahue», expresan.
En tal contexto, piden que se incorporen cuatro barcazas estatales «que aseguren el traslado permanente y continuo».
Además, se solicita la modificación del artículo 14 de la Ley n.° 3059, artículo 14, permitiendo que el Estado pueda licitar un subsidio a una empresa naviera en el canal. Se debe mencionar que actualmente, ese artículo permite subsidiar sólo tráficos especiales no cubiertos por empresas navieras nacionales.
Piden también que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones licite un servicio de transbordo nocturno con dos naves mayores desde las 00:00 a las 06.00 horas de la madrugada con una regularidad de 30 minutos, ya que hoy no existe cobertura del servicio.
Por otra parte, hay que señalar que desde la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Los Lagos se estaría afinando un recurso legal para ser presentado ante la Fiscalía Nacional Económica, todo con el objetivo de iniciar una indagatoria por el comportamiento de los operadores en la fijación de precios en el cruce del Canal Dalcahue.
A este respecto, fuentes consultadas por La Opinión de Chiloé son cautas a la espera del escrito que podría ser presentado esta semana; ¿la razón? la variabilidad prácticamente nula de las tarifas durante casi 5 años y los argumentos esgrimidos por algunas autoridades sin un soporte técnico detrás, abocándose a apreciaciones poco precisas o eventualmente vacuas.
Tal es el caso, por ejemplo, de los dichos de Mauricio Sotomayor, alcalde subrogante de Curaco de Vélez, quien aseveró que las nuevas tarifas estaban muy por sobre el IPC, afirmando que «creemos que es muy complejo que una empresa privada —en el ejercicio de sus funciones y que hace su negocio— aumente las tarifas en un 16 o 17 por ciento para las camionetas, que es lo que la gente mayoritariamente usa, o de un 12 por ciento, en el caso de los autos, si es que el IPC no fue más que 2 o 3 por ciento; entonces la señal es que la empresa hace lo que quiere».
Sin embargo, no se observan en sus apreciaciones cifras sobre aspectos clave reclamados por la comunidad en cuanto a la calidad, periodicidad del servicio, flujos y costos reales de operación, toda vez que la argumentación sobre el IPC podría ser fácilmente rebatible por la empresa. En efecto, al no haber existido reajustes desde el 16 de enero de 2015, entonces si se tomara como factor sólo al reajuste del IPC acumulado desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de 2019, ¿se tendría que haber reajustado las tarifas en al menos un 15,7%?
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