
ANCUD (La Opinión de Chiloé) — Fue la madrugada del 1 de octubre de 2005 cuando el joven ancuditano Carlos Hugo Millán Cárdenas (21 años) fue visto por última vez caminando por las calles de Valdivia luego de participar en una fiesta de la carrera de Ingeniería en Turismo de la Universidad Austral de Chile, lugar donde estudiaba.
A 13 años de su desaparición, aún no hay pistas de dónde podría estar y el caso está archivado. Lo ocurrido conmocionó a la comunidad estudiantil ya que se dio en un contexto similar a las desapariciones de James Emmott y Cynthia Cortés ocurridas en los años 2002 y 2003, y que después fueron encontrados muertos en pleno Campus Isla Teja; sin embargo, en el caso de Carlos, aún no se sabe de su paradero.
Aunque en un principio se trabajaron varias hipótesis, desde el suicidio, un accidente o la intervención de terceras personas, nunca se llegó a nada, y los padres —que estuvieron apostados en Valdivia por casi un año y medio en una cabaña facilitada por la universidad— volvieron a la isla con las manos vacías. A ello se suman errores que dilataron las indagatorias, como aquella cuando el Ministerio Público pidió acceder a los movimientos bancarios del joven y se equivocó en el número, para recién corregirlo medio año después y volver a iniciar el proceso según confirmó La Opinión de Chiloé en el expediente; el otro se refiere a una misteriosa llamada telefónica que recibió el padre del joven el 7 de octubre de 2005 donde una mujer «con voz angustiada» le informaba que a Carlos lo habían asesinado, algo que aparentemente no habría sido investigado con premura.
En particular, el progenitor ha indicado que «nunca se rastreó, hasta 20 días después se encontró que salió del terminal de buses lugar donde hay cámaras de vigilancia; ahí se pudo ver el rostro de la persona que lo hizo». El 18 de enero de 2006 recién el Ministerio Público solicitó los registros del número de teléfono del terminal «con el fin de descartar o relacionar ciertas personas en la probable realización de dicha llamada», o sea, casi tres meses y medio de acuerdo a documentación que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé.
La causa penal se cerró en el año 2010 cuando el fiscal pidió al Juzgado de Garantía no perseverar en el procedimiento por la falta de antecedentes que permitan imputar a alguien alguna acusación. El juez de turno accedió el 19 de julio de ese año según pudo corroborar La Opinión de Chiloé en los archivos del tribunal.
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