Véase también:
Informe del Sename revela 5 muertos en recinto que atiende a bebés de Chiloé.
REPORTAJE DE INVESTIGACIÓN (La Opinión de Chiloé) — Una serie de diligencias son las que actualmente se están realizando en la comuna de Castro luego que desde la Fiscalía Regional de Los Lagos se iniciara una investigación en contra de quienes resulten responsables por el deceso del pequeño Cristofer Ignacio Chávez Riquelme (8 meses y 7 días) en la capital provincial, todo en el marco de las indagatorias que realiza el equipo a cargo del denominado caso Sename.
Fuentes judiciales confirmaron a La Opinión de Chiloé que el Fiscal Patricio Poblete Arenas, quien forma parte del equipo de persecutores que investiga los casos de muertes de niños, niñas y adolescentes en centros de administración directa del Servicio Nacional de Menores (Sename) o de sus organismos colaboradores, requirió al Hospital Dr. Augusto Riffart, Centro de Salud Familiar René Tapia Salgado y Centro de Salud Familiar Quillahue, todos de la comuna de Castro, para que dentro de los próximos días remitan copia íntegra de la ficha clínica y demás documentos que existan donde se registren procedimientos y tratamientos en relación al pequeño, quien falleció mientras estaba bajo el alero del Sename.
Ingreso a la Red
El lactante estaba a cargo de una familia guardadora, luego que por orden del Juzgado de Familia de Castro, el 18 de diciembre del año 2013 ingresara al Programa de Familias de Acogida Especializada (FAE) de la ONG Proyecta de Castro dependiente del Sename; tenía poco más de tres meses.
Las razones de tal medida incluían variados hechos que le tocó vivir, entre ellos los conflictos de su madre con Eliecer Alejandro Álvarez Antiñanco —tristemente conocido por la formalización tras el presunto femicidio de Ide Mercedes Ruiz Vargas (33 años) el verano de 2014, mujer que fue encontrada muerta en Villa Archipiélago de Castro Alto, con varias lesiones en su cuerpo y marcas de estrangulamiento. De acuerdo a antecedentes judiciales a los que accedió La Opinión de Chiloé, el aludido le habría propinado una vedada amenaza el 10 de diciembre de 2013, cuando al interior de una vivienda aseveró que concurriría de noche y mataría a sus dos hijos, mientras que la mañana del 12 de diciembre de ese mismo año, el sujeto la atacó en plena calle San Martín de Castro, insultándola y dándole golpes de puño; en medio de ese incidente, el delincuente también propinó puñetazos al pequeño Cristofer Ignacio, dejándolo con moretones.
A lo anterior se une otro incidente ocurrido un día antes en una vivienda de Altos de Gamboa en Castro, cuando la madre del pequeño hirió con sus uñas a su otro hijo de apenas tres años de edad «en un momento de ira» según reconoció, causándole lesiones en su antebrazo y en su cráneo, siendo formalizada y sentenciada por procedimiento simplificado al pago de una multa por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar. Tales antecedentes, obligaron a apartar a los menores de su cuidado por vulneración de sus derechos.
Ya a cargo de la ONG Proyecta de Castro, la directora María Alicia Rojas Aguilar derivó al lactante a una guardadora identificada como O.L.Ch.Ch., desconociéndose el rol de su padre, quien aparentemente no tenía relación con él; cabe mencionar que el menor no presentaba alguna patología en ese instante, o sea, estaba completamente sano. Su hermano más grande, fruto de una relación anterior con otra persona, estaba cargo de su padre.
El Programa FAE que desarrolla el Sename ya sea directamente o a través de organismos colaboradores, trabaja con familias guardadoras buscando proteger a aquellos niños, niñas y adolescentes «que por decisión judicial hayan sido removidos de su familia de origen debido a que sufrieron vulneraciones como abandono, violencia sexual u otras formas de maltrato físico y/o psicológico». La reubicación se hace a un entorno familiar alternativo que garantice la protección y es transitoria mientras se busca a una familia definitiva que lo acoja.
El deceso
Todo habría transcurrido sin inconvenientes registrados hasta que el 4 de mayo de 2014, el Servicio de Urgencias del Hospital Dr. Augusto Riffart de Castro vio llegar a la guardadora con el pequeño Cristofer Ignacio sin signos vitales debido a que se habría asfixiado con sus vómitos; tras 30 minutos de reanimación, se constató su deceso. Interrogatorios a la mujer indican que el menor se habría ido a dormir con su mamadera a las 15.00 horas de ese día y que a las 18.15 horas lo fue a ver su marido encontrándolo vomitado y de color azul.
El hecho provocó hondo pesar entre quienes conocían al niño, incluyendo a su madre que al saber lo ocurrido concurrió al Hospital donde amenazó de muerte a la directora de la ONG, haciendo lo mismo en la vivienda de la guardadora; fue denunciada y formalizada, cerrándose el caso posteriormente tras comprometerse a no acercarse a ambas mujeres. A varios años de ocurrido todo, la investigación que sigue la Fiscalía Regional de Los Lagos encuentra a una mamá aparentemente redimida y con un estilo de vida alejado de incidentes, aquellos que alguna vez hicieron que el Tribunal de Familia la apartara de sus dos hijos.
Según el informe de autopsia n.°051/2014 del 5 de mayo de 2014, la causa de muerte de Cristofer Ignacio Chávez Riquelme fue asfixia por aspiración de contenido gástrico, contenido que se encontraba en el esófago, tráquea y bronquios, junto a un líquido espumoso en los pulmones.
Este sábado la juez titular del Juzgado de Garantía autorizó el requerimiento del Ministerio Público, por lo que los recintos de salud aludidos deberán enviar la documentación directamente a la Fiscalía Regional de Los Lagos para que sean examinados, todo con el objetivo de aclarar la muerte del menor. Se sospecha la presencia de una negligencia en el cuidado, por lo que se estaría hablando de un potencial cuasidelito de homicidio. Personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt se encargaría de los peritajes.
¿Qué significa un cuasidelito?
En palabras simples, según el Defensor Regional José Luis Craig, es un acto que sólo se comete con culpa, negligencia o falta de cuidado, por lo que formalizar a alguien, sería tratado en forma más benigna por la justicia, esto es con una sanción más baja dado que no habría intención de causar un mal.
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— La Opinión de Chiloé (@opinionchiloe) 6 de octubre de 2016
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