Véase también:
Los Lagos: detectan hasta $1.300 millones en sobreprecio en cajas de alimentos del Gobierno.
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CASTRO (La Opinión de Chiloé) — Una serie de resultados que podrían ser sorpresivos arrojó una reciente auditoría llevada adelante por la Contraloría General de la República al programa «Alimentos para Chile» en varias comunas de la región de Los Lagos, saliendo a la luz pública situaciones anómalas o irregulares que, de manera vergonzosa, tienen a la comuna de Castro como una de las principales protagonistas.
En el informe que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, el fiscalizador realizó un análisis de las bases de beneficiarios remitidas por las Municipalidades de Castro, Chaitén, Fresia, Futaleufú, Llanquihue, Puerto Varas, Puqueldón, Queilen y Quemchi, encontrando 236 fallecidos y 299 funcionarios públicos recibiendo este beneficio, predominando en ambos grupos la capital provincial chilota.
En efecto, conforme a los datos remitidos por la I. Municipalidad de Castro, se constató en Castro la existencia de 51 beneficiarios fallecidos durante la primera entrega y 46 beneficiarios fallecidos durante la segunda etapa, de cuya fecha de defunción fue anterior al mes de entrega de cajas de alimentos y artículos de aseo, esto es, durante el mes de junio de 2020.
Del grueso regional analizado, la capital provincial acaparó un 40,2% de los beneficiarios fallecidos contabilizados en la primera entrega y un 42,2% de los beneficiarios fallecidos descubiertos en la segunda entrega.
El detalle de los beneficiarios es, al menos, extremadamente irregular en varios casos, ya que hay al menos 26 personas que estaban muertas antes del año 2000; es más, incluso hay un beneficiario fallecido en el año 1949, varios en la década de 1960 y otros más en las décadas de 1970 y 1980.
Se constató también que existen 198 casos que al mes de agosto de 2020, eran funcionarios a contrata o planta de entidades públicas, según consta en las resoluciones y/o decretos que aprueban sus nombramientos y/o contrataciones, ingresadas en el Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado, SIAPER, que administra este Organismo de Control.
Las cifras son elocuentes para Castro, indicándose que 77 personas dependientes de algún organismo público fueron beneficiarios de la primera entrega y 121 de la segunda etapa.
Comparativamente, la capital provincial chilota acaparó el 66,2% del grueso de funcionarios públicos de la región que fueron descubiertos recibiendo este beneficio, e incluso durante la segunda entrega el número de receptores aumentó. Lo curioso es que dentro de los beneficiarios, habían varios funcionarios de planta con sueldos que superarían el millón y medio de pesos.
Según el ente Contralor, «lo expuesto precedentemente, no guarda armonía con lo previsto en los artículos 3° y 5° de la ley n.° 18.575, los cuales establecen que las autoridades y funcionarios deben velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública, observando los principios de control, responsabilidad, eficacia, eficiencia y economicidad».
A este respecto, la explicación que se entregó dice que «con relación a los criterios de selección estos fueron analizados por la Directora Social Comunal y las Directora de Desarrollo Comunitario, ambas asistentes sociales, que se basaron en el certificado extraordinario n.° 164 del Gobierno Regional de fecha 27 de Mayo del 2020, que señala en el punto 2 “que la distribución será territorial considerando los barrios de familias más vulnerables en función de los antecedentes proporcionados por la municipalidad y la Seremi de Desarrollo Social y Familia con el objeto de hacer más oportuna y efectiva la entrega” y resolución exenta n.° 1368 del 31 de Julio del 2020 de la Delegación Presidencial Regional de Los Lagos».
Agregan que «para esta priorización se utilizaron los datos del Registro Social de Hogares (RSH),considerándose en esta primera etapa solo sectores urbanos, también fue utilizado en un principio, en las primeras entregas lo señalado en el punto 6 del certificado en comento y se priorizo comunidades indígenas y usuarios del PADI (Programa de Atención Domiciliaria Integral) que vivían en distintos sectores de la comuna, pero mayoritariamente en los sectores ya priorizados, por lo cual no se continuo con ese criterio».
Dicen además que «con relación a los sectores priorizados en la segunda etapa fueron considerados principalmente el área rural de la comuna incluyendo las dos islas y los sectores urbanos más vulnerables que no habían sido considerados en la primera etapa o que no se habían terminado de entregar a todas las familias que lo requerían».
A este respecto, la Contraloría indicó que en los antecedentes analizados no se contempló que la condición de funcionario público fuera un impedimento para recibir una caja de alimentos y elementos de limpieza.
Agrega además que «la Intendencia Regional no estableció limitaciones respecto a la entrega del beneficio a personas que eventualmente no hubieran visto disminuida sus fuentes de ingresos, situación que podría ir en desmedro de la población más vulnerable».
Esta situación habría permitido que funcionarios públicos como los de la comuna de Castro recibieran tal apoyo, más allá que varios recibían remuneraciones altas o que nunca se vieron afectados por problemas económicos derivados de la pandemia tales como pérdida laboral o reducción en sus ingresos.
Respecto a la situación en otras comunas de Chiloé, se descubrió que 20 beneficiarios de Queilen estaban muertos (11 en la primera entrega y 9 en la segunda) y que 12 personas fallecidas en Quemchi recibieron las canastas (5 en la primera entrega y 7 en la segunda entrega).
En cuanto a funcionarios públicos en otras comunas chilotas que hayan recibido esta ayuda estatal, sólo figura uno más, pero en la comuna de Puqueldón. Como se viene diciendo, casi todos los beneficiarios descubiertos a contrata o planta en la Provincia de Chiloé eran de Castro.
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