Castro: detienen a funcionarios de Seremi de Salud violando cuarentena tras positivo a COVID-19

CASTRO (La Opinión de Chiloé) — Una investigación de tipo sanitario-administrativa y penal es la que se instruyó, durante este jueves, en contra de dos fiscalizadores dependientes de la Oficinal Provincial del Seremi de Salud en Chiloé luego que fueran sorprendidos, en horas de la madrugada de hoy, incumpliendo una cuarentena que se les impuso por tener el virus SARS-CoV-2 (o al menos en el caso de uno de ellos que tiene PCR confirmado).

De acuerdo a información preliminar recopilada por La Opinión de Chiloé, tras el control de identidad rutinario, se pudo verificar que se trataba de una mujer que tenía un diagnóstico positivo al patógeno y un varón que era contacto estrecho, ambos con instrucción de cuarentena estricta y que además, eran reincidentes.

Luego de comprobar una clara infracción tanto a la normativa sanitaria como al Código Penal, funcionarios de la Segunda Comisaría de Carabineros de Castro decidieron detenerlos, procedimiento que se registró aproximadamente a las 01.40 horas de la madrugada.

Acá se debe precisar que dada la situación comprometedora o «pudorosa» en la que fueron sorprendidos, al varón se le considera como «caso probable» de COVID-19, que según las directrices estampadas al menos desde el Ord. B51 n.°4191 de la Subsecretaria de Salud Pública del 1 de octubre de 2020, «se deben manejar para todos los efectos como casos confirmados».

Lo insólito de todo es que ambos ya habrían sido objeto de un sumario sanitario (cuyo resultado se ha ocultado a la comunidad) por violar la normativa vigente en cuanto a las restricciones de circulación nocturna, siendo descubiertos anteriormente en las mismas circunstancias.

Lo que se sabe hasta ahora es que en medio de un patrullaje preventivo, durante la madrugada de este jueves funcionarios policiales vieron estacionado un vehículo particular con ocupantes en su interior en el sector Llaullao, por lo que decidieron realizar un control rutinario con el resultado en comento.

Sobre la diligencia, el capitán Gustavo Guajardo, de la Segunda Comisaría de Carabineros de Castro, fue quien confirmó que a ambos «se les efectuó un control de identidad, estableciéndose que la mujer había sido notificada como COVID positivo y el varón como contacto estrecho, debiendo mantenerse en sus domicilios».

Explicó que la mujer debía estar en aislamiento hasta el 10 de julio y el sujeto hasta el 8 de julio, aunque dado que él estaba con ella en el vehículo, su cuarentena se debiera extender.

En vista de estos antecedentes, se sospecha —que incluso— ambos habrían entregado información falsa o, a lo menos, imprecisa cuando se realizó la investigación epidemiológica (contactos estrechos, existencia de algún vínculo, evaluación de situaciones de riesgo), ello por la incongruencia de las fechas para el término de sus cuarentenas.

Es más, según los registros policiales, ambos habrían sido sorprendidos en una situación similar en el mes de mayo, vale decir, al interior de un vehículo menor en horario de toque de queda y en circunstancias comprometedoras.

La Autoridad Sanitaria regional, el médico Alejandro Caroca, confirmó la información diciendo que anteriormente ambos funcionarios habían sido descubiertos incumpliendo el toque de queda, dejando entrever que no se habrían tomado medidas correctivas apropiadas porque para los fiscalizadores habría sido «un error no más».

En particular, aseguró: «efectivamente, hay una reincidencia, lo cual es un agravante aún mayor (…) para este Seremi resulta completamente incomprensible porque a estas alturas no estamos hablando de un ‘error'».

Por ahora la Jefa Provincial de dicha unidad en Chiloé, María Matamala, no se ha referido al caso de ambos funcionarios de su dependencia, ni tampoco ha explicado el porqué se habría intentado ocultar a la opinión pública el incidente de mayo pasado, a pesar que desde la Comisaría se le informó mediante Oficio según reafirmó Guajardo.

Sobre este nuevo incidente, desde Carabineros se indicó que se procedió a entregar todos los antencedentes al Ministerio Público y (otra vez) a la oficina del Seremi de Salud.

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