CASTRO (La Opinión de Chiloé) — Un violento incidente ocurrido el pasado viernes en el sector alto de la capital provincial movilizó a funcionarios policiales de la Segunda Comisaría de Carabineros de Castro luego que una mujer alertara haber sido víctima de una agresión propinada por su expareja, quien tenía prohibición de acercarse a ella tras una condena emanada en octubre del año pasado.
Según antecedentes que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, alrededor de las 5.15 horas de la madrugada de ese día, Sandro Alexi Vargas Durán concurrió a una vivienda de calle Rubén Azócar y habría procedido a agredir a C.R.Ch.T., a pesar que tenía prohibido acercarse a ella, a su domicilio, lugar de trabajo o estudios o cualquier otro en que ésta se encuentre o visite de manera frecuente o habitual, por el término de un año.
La medida se había tomado luego que durante la mañana del 30 de octubre de 2018, en circunstancias que la mujer se encontraba en su domicilio, llegó el delincuente en estado de ebriedad y comenzó a agredir con golpes de pie y puño en distintas partes del cuerpo a la víctima para posteriormente tomarla fuertemente del cuello, debido a lo cual resultó con lesiones en distintas partes del cuerpo. El aludido fue condenado a 61 días de presidio menor en su grado mínimo en su calidad de autor del delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, ilícito previsto y sancionado en el artículo 494 n.°5 del Código Penal, en relación con el artículo 400 del mismo cuerpo legal y 5° de la Ley 20.066; sin embargo, accedió al beneficio de remisión condicional de la pena quedando sujeto al control de Gendarmería de Chile por un plazo de dieciocho meses y la prohibición detallada anteriormente.
Así, la mañana de este viernes el imputado fue detenido y pasó a control de detención, siendo formalizado como presunto autor de los delitos de desacato y lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, ordenándose su prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, peligro para la seguridad de la víctima y/o peligro de fuga. Se fijó un plazo de investigación de 60 días.
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