CASTRO (La Opinión de Chiloé) — Prácticamente abandonadas, así estarían las actuales obras de construcción del futuro bypass de Castro, obra caminera que fue retomada a fines de 2020 por la empresa Claro Vicuña Valenzuela S.A., todo luego de un nuevo proceso de licitación tras el abandono de Besalco.
De acuerdo a fuentes reservadas consultadas por La Opinión de Chiloé, la nueva empresa a cargo de los trabajos estaría enfrentando días complejos a nivel financiero, con un enorme riesgo de caer en insolvencia crónica por falta de liquidez, y cuyas razones se vincularían a un aumento sostenido de los costos de construcción y una presunta falta de pagos por parte del Ministerio de Obras Públicas.
Lo anterior no solamente estaría afectando al bypass de Castro, sino que también a otras obras de similar o mayor envergadura que se están levantando en otras partes del país, y que enfrentarían un escenario similar: un aparente abandono.
Las causas oficiales, por ahora, no han sido reveladas, aunque trascendidos indicarían que una serie de descoordinaciones al interior del MOP habrían retrasado los estados de pago hacia la empresa por casi 9 mil millones de pesos, lo que habría afectado significativamente sus flujos de caja y cumplimiento de obligaciones financieras con terceros.
A este respecto, cabe mencionar que el 7 de octubre, la empresa recurrió al MOP acusando que esto «ha generado una serie de incumplimientos con nuestros proveedores, lo que nos ha dejado en una delicada posición».
Argumentaron que la inflación los ha golpeado fuertemente, y que como empresa han «debido costear con cargo a su propio peculio las diferencias de las alzas de precios de materiales, insumos y otros costos de construcción que no han alcanzado a compensarse con el sistema de reajuste IPC, diferencias que superan actualmente los MMS8.864.- en 15 contratos con el MOP», entre los que estaría el de Castro.
Añadieron además que a lo anterior «se agregan MMS$8.322.- por obras ejecutadas y no pagadas en diversos contratos terminados y en ejecución, situación que nos ha sumido en una delicada crisis económica de la que necesitamos salir a la brevedad para no comprometer la continuidad de nuestra firma«.
El plazo que tenía la empresa para ejecutar las obras en Castro era de 840 días corridos, los que debían contarse desde la firma del contrato, el que se habría realizado en el mes de septiembre de 2020 con fecha tentativa de finalización para el 6 de enero de 2023.
Sin embargo, en junio de este año, el Ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, confirmó que desde el Gobierno de Gabriel Boric ya se tenía proyectado un nuevo retraso, detallando que esperaban que los trabajos estuvieran listos a fines de 2023, sin que entregara mayores explicaciones de las razones.
Hoy, al interior de esta cartera, hay una creciente incerteza sobre el avance que seguirá teniendo esta construcción, cuyo contrato consideraba un tramo pendiente de 16,01 kilómetros, y que registraba alrededor de un 60% de avance a junio de este año.
Se hablaba de un avance «ralentizado» principalmente por la existencia de hallazgos arqueológicos que han derivado en paralizaciones parciales de las faenas, modificando el cronograma proyectado. ¿La razón? principalmente un lentísimo trabajo del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) para evacuar informes que permitan retomar la regularidad.
A esto, se han sumado crecientes rumores alusivos a que Claro Vicuña Valenzuela S.A. estaría enfrentando inconvenientes para saldar deudas y/o cumplir con el pago a proveedores y contratistas en distintas partes del país.
En este orden de ideas, una alta fuente del gobierno confirmó que la empresa ha expresado dificultades, indicando que respecto a los contratos que dependen de la Dirección Nacional de Vialidad, se están evaluando los pasos a seguir.
«Hay una solicitud presentada en la Dirección Nacional de Vialidad por la empresa constructora, para ver la posibilidad de analizar ya sea la paralización de obras o eventualmente una reprogramación de estas actividades, y estamos a la espera de que esta solicitud sea analizada a nivel central», aseguró la fuente.
Posteriormente, el mismo funcionario precisó sus dichos que grosso modo, indicaban lo mismo: «hemos sido comunicados desde el nivel central de que esta empresa ha solicitado un planteamiento desde el punto de vista de paralización de obras o básicamente una reprogramación de las actividades».
En efecto, según información que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, mediante resolución DGOP n.º018 de fecha 19 de junio de 2020, se adjudicó la licitación pública para que se termine la construcción de esta obra a la empresa Claro Vicuña Valenzuela S.A., por un monto total de $24.508.319.805.-, partiendo los trabajos de manera accidentada el segundo semestre de ese mismo año.
El monto en comento fue ampliamente superior al presupuesto oficial que ascendía a $16.233.094.426.-, por lo que tras una serie de ajustes a la partida presupuestaria 31.02.004.30114721-0, se pudo concretar la adjudicación en comento. Eso sí, cabe precisar que se estimaba que el Fisco terminaría pagando $26.956.000.000.- ya que el contrato consideraba una cláusula que permitía reajustar los pagos al IPC.
La programación de pagos que realizaría el MOP consideraba $1.461.000.000.- para 2020, otros $10.527.000.000.- para 2021, luego $10.472.000.000.- para 2022 y finalmente $4.496.000.000.- para 2023, todo dependiendo del grado de avance de las obras.
¿Se ha cumplido con los estados de pago? Fuentes consultadas por La Opinión de Chiloé confirmaron que toda esta planificación no se habría concretado (similar a lo que ha ocurrido con otras obras a lo largo del país), lo que habría puesto una presión financiera severa sobre la empresa que no ha podido superar.
Ella misma lo ha reconocido ante el MOP asegurando que sus contratistas «se niegan a trabajar con nosotros mientras no soluciones nuestras deudas para con ellos, lo que no podremos hacer mientras, al menos, el MOP no regularice el pago de las obras ya ejecutadas».
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