ISLA DE CHILOÉ (La Opinión de Chiloé) — En plena etapa de levantamiento de información, fiscalizaciones y apertura de procedimientos judiciales se encuentra actualmente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) en la provincia de Chiloé para recuperar viviendas que supuestamente se entregaron a familias vulnerables que las necesitaban, y que en realidad terminaron siendo utilizadas para otros fines.
Según datos del MINVU que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, durante los últimos cinco años se han entregado en todo el país 158.358 viviendas a través de los subsidios habitacionales del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49) y del Fondo de Integración Social y Territorial (DS19). sin embargo, al menos 10.712 están siendo mal utilizadas, lo que equivale a un 7% de los hogares entregados.
Dentro de la región de Los Lagos, la cantidad de viviendas sociales que están siendo mal utilizadas por sus propietarios llegan a 897, de las cuales alrededor de 200 se encuentran en la provincia de Chiloé, principalmente en las comunas de Ancud y Castro, y donde incluso, de manera sorpresiva, aparecen como beneficiarios algunos funcionarios públicos con sueldos superiores a 1 millón de pesos mensuales.
La cifra es conservadora, estimándose que podría haber un número mayor de propiedades en la misma situación, quitándole la oportunidad a otros postulantes del subsidio que no han sido favorecidos y que sí requieren casa propia.
Las autoridades llaman a denunciar estos casos aportando antecedentes fiables y fidedignos para iniciar un procedimiento de restitución.
Precisando, para que una casa habitación sea calificada como «mal utilizada», debe esta deshabitada, arrendada o cedida a moradores que no sean miembros del grupo familiar declarado por el beneficiario al momento de la postulación.
Se incluyen además aquellas que están ocupadas ilegalmente, o que se les esté dando un uso comercial (ocupado casi íntegramente como negocio y no con fines habitacionales).
Se estima que alrededor de un 30% de las pesquisadas están arrendadas, mientras que otro 30% se encuentran ocupadas por terceros no vinculados al beneficiario o por familiares que actúan de tácitos «cuidadores» mientras el que supuestamente necesitaba la casa, está en otra del que igual es propietario.
Además, alrededor de un 40% de las pesquisadas estarían abandonadas o usadas esporádicamente, pudiendo ser calificadas como una segunda vivienda (el propietario tiene campo, una casa «principal» en otra ciudad o en la misma o la tiene disponible para la venta o arriendo).
En ese contexto, el MINVU recientemente presentó el denominado «Plan 10 Mil», iniciativa que busca recuperar estas viviendas que son usadas fuera de la norma para posteriormente, entregárselas a las familias que lo requieran y cumplan con los requisitos establecidos por ley.
Sobre este tema, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, aseguró que «a través de esta iniciativa queremos volver a poner a disposición del Minvu la mayor cantidad de viviendas para poder destinarlas a las familias que realmente las necesiten, ya que detectamos que hay muchas que están actualmente deshabitadas o que tienen un uso que no es el que corresponde».
«Este 2021 iniciaremos con fuerza el plan de fiscalización, pero es importante dejar claro que no vamos a desalojar a nadie en este contexto, porque entendemos la difícil situación por la que atraviesan miles de familias en nuestro país producto de la pandemia», dijo el Secretario de Estado.
En cuanto a las fiscalizaciones que realizan los funcionarios del MINVU, en general es un proceso que incluye varias etapas, entre las que se encuentran visitas inspectivas a la propiedad en cuestión y notificaciones a través de cartas certificadas para que el beneficiario del subsidio pueda aclarar si hay una situación puntual que justifique efectivamente las razones por las que no está habitando su hogar entregado mediante aporte del Estado.
Luego, una vez determinada la existencia de una infracción, se envían los antecedentes para iniciar un proceso administrativo de exclusión y/o un proceso judicial para poder recuperar el subsidio.
Si el aludido se niega a restituir el monto del subsidio, el inmueble pasa a manos de MINVU y se desocupa, con auxilio de la fuerza pública si es necesario, y se le reasigna a otra familia.
Sobre este punto, el rol de la ciudadanía es relevante, existiendo un portal de denuncias sobre viviendas sociales en mal uso (https://denuncia.minvu.cl/), donde se pueden adjuntar documentos, fotos o videos como evidencia.
Los datos de aquél que denuncia son de carácter personal y confidencial, y se encuentran protegidos por la Ley n.°19.628 sobre protección de la vida privada. Se puede denunciar lo siguiente:
- Incumplimiento de la obligación de habitar, vale decir, que está deshabitada o que se usa ocasionalmente.
- Arrendamiento o cesión del uso (a terceros o a un pariente).
- Ocupación ilegal por terceros (toma).
- Destino no habitacional (por ejemplo, uso completamente comercial de la vivienda).
- Otras situaciones
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