ANCUD (La Opinión de Chiloé) — Era vox populi entre la comunidad de usuarios la serie de presuntos incumplimientos de la empresa Parquímetros Horus Ltda. que tenía a cargo los espacios de estacionamientos de Ancud, incumplimientos que fueron indagados por el municipio tras meses de constantes irregularidades que este martes llevaron a cesar el contrato por decisión unánime del Concejo Municipal de la ciudad del Pudeto.
Lo que queda ahora es la emisión de un Decreto Alcaldicio donde se oficialice el término del contrato.
Los incumplimientos
Según el informe de Auditoría al que accedió La Opinión de Chiloé enviado al Concejo Municipal el 19 de diciembre de 2016 mediante el ORD. n.°223 por la Directora de Control, Leyla Aguayo Valenzuela, los incumplimientos son los siguientes:
■ «No se ha dado cumplimiento por la empresa concesionaria a lo ofrecido en su propuesta, respecto al número de operadores y supervisores en la concesión. Asimismo, no se ha dado cumplimiento a lo ofertado por la empresa respecto a la remuneración del supervisor general».
■ «No se ha dado cumplimiento por la empresa concesionaria a las fechas en que debió realizarse el pago de canon de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre del año 2016».
■ «No se ha dado cumplimiento por la empresa concesionaria, a las fechas en que debió hacerse entrega al municipio de la documentación exigida en el punto VI de las bases administrativas, respecto a los meses de octubre y noviembre de 2016».
■ «No se ha dado cumplimiento a la emisión de boletas de venta a los usuarios del servicio de parquímetros».
■ «No se ha renovado la garantía de fiel cumplimiento de contrato, según lo exigido en el contrato suscrito con fecha 06 de enero de 2016 entre la Ilustre Municipalidad de Ancud y la empresa Parquímetros Horus Ltda.»
A los puntos anteriores, se suma lo informado por la Directora de Tránsito y Transporte Público, Carla Diaz Bahamondez, y que dicen relación con que la empresa no renovó la boleta de garantía comprometida por contrato a lo que se une la tramitación de dos multas por no pago del canon. Particularmente sobre la boleta de garantía, la empresa debió renovarla en el mes de noviembre de 2016, algo que no hizo.
Según Díaz Bahamondez «claramente me atrevo a decir que hubo una intención de no seguir con los pagos ni renovar la boleta de garantía (…) yo creo que a lo mejor leyó que el informe no iba a ser favorable y que íbamos a tener que tomar esta medida, pero no significa que nosotros internamente [no] tengamos que perseguir el cobro con las medidas administrativas necesarias».
En cuanto a las razones del porqué no consta la aplicación de multas por los incumplimientos consignados en la Auditoría realizada por Aguayo, la Directora de Tránsito y Transporte Público no se refirió a la eventual responsabilidad de su dirección en el entendido que el punto XXII de las bases administrativas expresa textualmente que es la «responsable de hacer efectivas las multas» desde que comenzaron las irregularidades (al menos en marzo de 2016).
El informe de la Directora de Control no es claro sobre si realmente existieron sanciones desde que partieron las irregularidades o si se omitieron fiscalizaciones; por ejemplo, ante los ocho meses de no cumplimiento de la fecha de pago del canon reportados por Aguayo, no se tiene certeza si existe el mismo número de multas (ocho) firmados por Díaz.
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