SANTIAGO (La Opinión de Chiloé) — Una serie de diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones permitió la detención de 21 personas vinculadas a una posible red de corrupción y pago de coimas al interior de Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) entre los años 2014 y 2019, en una indagatoria a cargo del fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Francisco Ledezma.
En medio de allanamientos a dependencias estatales, Ledezma indicó que los ilícitos que investiga «consisten en fraude al fisco, cohecho y lavado de activos. Básicamente en la participación de funcionarios públicos para favorecer o asegurar adjudicaciones de empresa en contratos con el Minvu».
«Ellos recibían un pago para favorecer o asegurar adjudicaciones», dijo, detallando que hay algunos casos donde estos funcionarios públicos recibieron decenas de millones de pesos. Se estima que los perjuicios al fisco alcanza a por lo menos los 900 millones de pesos, mientras que los funcionarios públicos detenidos recibieron pagos por concepto de coimas ascendiente a 662 millones de pesos.
En este marco, durante este sábado se realizó la primera jornada de formalización en el Centro de Justicia de Santiago donde se expuso que entre 2014 y 2019, los funcionarios públicos investigados con millonarios sueldos «han recibido pagos y obtenido beneficios económicos por favorecer y asegurar la adjudicación de contratos, órdenes de compra y grandes compras del Minvu, con al menos cuatro empresas, todas proveedoras del Estado».
La red de corrupción funcionaba a través de «empresas pantalla»; en particular, eran tres compañías informáticas que supuestamente proveían servicios al Estado tras ganar licitaciones manipuladas (Altiuz, Emergya y G Plus), aunque éstas no hacían nada porque eran otras dos las que ejecutaban los proyectos (Ingeniería y Servicios SpA y Fase Ingeniería de Proyectos SpA), por lo que así recibían cientos de millones de pesos del fisco.
El fiscal aseguró que «para ejecutar estas maniobras ilícitas los funcionarios públicos antes mencionados han actuado de manera coordinada con otras personas [también imputadas] y empresas».
Oídos a los intervinientes, la magistrada Ahumada acogió la solicitud de cautelares presentada por el Ministerio Público para los primeros 13 imputados por delitos de fraude al fisco, cohecho y lavado de activos.
Para Osvaldo Farfán Aros –quien además fue imputado por infracción a la ley de control de armas- el tribunal decretó arresto domiciliario parcial nocturno; mientras que para Natalia Farfán Maldonado, Marco Duarte López, Marisol Rivas Campos, Ariel Alvarado Riquelme, Cecilia Bravo Arriagada, Miguel Varela Rodríguez, Alfredo Lizana Rubio, Marian Conejeros Gajardo, Gabriela Cordero López, Catalina Reyes Miranda, Carolina Morales Reyes, Patricio Cabrera Fernández se dictaron las cautelares de firma semanal, arraigo nacional y prohibición de contacto entre los imputados.
Por otro lado, hoy domingo se realizó la segunda jornada de formalización en el Centro de Justicia de Santiago donde otros siete imputados enfrentaron a la juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Así, se instruyó la prisión preventiva de cuatro funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de los funcionarios Marco Rivas Rivas, Alejandro Jara Arriagada, Cristian Labra Peña y María González Ilarrazabal por constituir un peligro para la seguridad de la sociedad. Se añadió la misma medida cautelar para tres particulares identificados como Willy Conejeros Gajardo, Cristian Navarro Soto y Mariela Elgueta Rosas. Todos están imputados como autores de los delitos de fraude al fisco, cohecho y lavado de activos
El tribunal impuso, además, las cautelares de arresto parcial nocturno, firma semanal y arraigo nacional para Antonio Fernández Nacarino, fijando un plazo de investigación para la causa de ocho meses.
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