
CURACO DE VÉLEZ (La Opinión de Chiloé) — Una rápida tramitación ante el Juzgado de Letras y Garantía de Quinchao tuvo durante este miércoles una causa penal abierta en contra de una joven residente en Curaco de Vélez, quien horas antes protagonizó un sorpresivo procedimiento policial, y que se gestó gracias a la denuncia anónima de vecinos.
De acuerdo a información judicial que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, los hechos se remiten a la tarde del martes cuando, en medio de un patrullaje preventivo que realizaban Carabineros del Retén de Curaco de Vélez, una persona se acercó a ellos para denunciar que en las cercanías de una multicancha, en medio de niños jugando, había una mujer que estaría comercializando sustancias psicotrópicas.
Lo que se sabe hasta ahora es que los antecedentes verbales recepcionados se concretaron alrededor de las 17.30 horas a personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP), detallándose que se trataba de una traficante que prácticamente mantenía un puesto «callejero» de cocaína.
Así lo afirmó el capitán Diego Ritter, de la Subcomisaria de Achao, asegurando que «se acerca una persona a ellos, quien de manera anónima, a fin de cautelar su integridad física, denuncia que gran parte de los días de la semana, una persona de sexo femenino realiza venta ilícita de drogas en las cercanías de una multicancha, por calles de esta comuna».
Tras ello, y en orden a verificar lo relatado, los funcionarios policiales se apostaron en las inmediaciones de la zona donde estaría esta presunta traficante de drogas, iniciando una vigilancia pasiva a distancia para identificarla y constatar cualquier movimiento sospechoso al respecto.
En dicho marco, y tras constatar evidentes indicios de que se estaba comercializando sustancias ilícitas, personal vigilante se acercó a esta mujer, identificada como P.R.A.P. (24 años), quien de improviso procedió a entregar dos bolsitas de nylon con drogas, exigiéndoles el pago.
Según el parte policial, se trataba de dosis de Cannabis sativa y Clorhidrato de cocaína, las que fueron incautadas inmediatamente según confirmó el capitán Diego Ritter.
En efecto, viendo la flagrancia, los policías se identificaron como parte de la dotación de Carabineros de la SIP, explicándole a esta delincuente que quedaba inmediatamente en calidad de detenida como presunta autora en grado de consumado de tráfico ilícito de drogas.
Luego, mientras era trasladada hacia la patrulla, la joven explicó que en realidad no era su intención entregarle las dosis de cocaína y marihuana a ellos, y que se habría confundido dado que estaba a la espera de clientes consumidores tras concertar, previamente, una cita de entrega.
Según información policial, la traficante decidió prestar colaboración sustantiva en todo este procedimiento, declarando que tenía más dosis guardadas en su domicilio por lo que, tras prever que llegarían a allanar la vivienda, decidió indicar dónde estaba todo.
En consecuencia, luego de ser autorizados por esta persona, Carabineros ingresó a realizar un registro voluntario de la propiedad incautando 170,4 gramos de cocaína y 66,5 gramos de marihuana, junto con una pesa digital destinada a la dosificación. Todo superaría los dos millones de pesos.
La imputada pasó a control de la detención y formalización de la investigación durante este miércoles, pasado el mediodía, instancia donde se declaró su aprehensión ajustada a derecho y se le ofreció un procedimiento abreviado que implicaría una menor pena.
Así al menos aparece en los antecedentes de la causa penal, donde el fiscal de turno realizó en la misma audiencia una recalificación del delito desde tráfico ilícito de drogas a a tráfico de pequeñas cantidades.
Lo anterior permitió ofrecerle a la encartada una pena menor siempre y cuando reconociera autoría, algo que ella hizo dado que de haber rechazado esta propuesta, podría haber enfrentado un juicio oral con una pena mayor.
Se evaluó en este caso la irreprochable conducta anterior y la colaboración sustancial de esta delincuente en el esclarecimiento de los hechos, por lo que en vista y considerando, el juez de turno le impuso una pena de 541 días de presidio y una multa de 3/4 UTM (aproximadamente $25.000), además del comiso de las especies.
Dado que cumplía con los requisitos señalados en la ley, accedió al beneficio de remisión condicional de la pena por un plazo de 18 meses, período en el que deberá firmar.

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