DALCAHUE (La Opinión de Chiloé) — Durante este miércoles, un total de 65 profesores colegiados ingresaron ante el Juzgado de Letras y Trabajo de Castro una millonaria demanda en contra de la Corporación Municipal de Educación y Servicios Ramón Freire de Dalcahue, acusando presuntas deudas impagas que se arrastran por al menos 5 años.
De acuerdo a antecedentes a las que accedió a La Opinión de Chiloé, el líbelo se sustentaría en el no pago de la Bonificación Proporcional Mensual por parte de la Corporación desde el año 2012, y que se encuentra consignada en la Ley n.°19.933. El susodicho pago se estableció en primera instancia en el artículo 8 de la Ley n.°19.410 de 1995, donde textualmente se indicaba:
«Los profesionales de la educación de los establecimientos dependientes del sector municipal y los de los establecimientos del sector particular subvencionado tendrán derecho a percibir mensualmente, a partir desde el 01 de enero de 1995, una bonificación proporcional a sus horas de designación o contrato, cuyo monto será determinado por cada sostenedor, ciñéndose al procedimiento a que se refiere el artículo 10 de esta ley, y una vez deducido el costo de la planilla complementaria a que se refiere el artículo 9°. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso del sector particular subvencionado, los cálculos y el reparto se harán por establecimiento o sostenedor, según se perciba la subvención».
Posteriormente, se promulgaron la Ley n.°19.598 en 1999 y la Ley n.°19.715 en 2001, donde se procedió a renovar y reajustar esta bonificación. Luego, el 12 de febrero de 2004 se dictó la ley n.°19.933 que aumentó el monto, estableciendo explícitamente que se aplicaba tanto al sector particular subvencionado como al municipal, y que ésta se reajustaría anualmente a contar de 2007 en la misma proporción de reajuste de la USE. Es esta última norma la que se estaría incumpliendo en Dalcahue y que sustentaría el escrito ingresado ante la corte.
Según los docentes demandantes en la ciudad de las dalcas, el Ministerio de Educación transfirió los recursos sucesivamente desde el año 2012 a la Corporación, pero éstos no fueron traspasados a los trabajadores principalmente durante el mandato del alcalde RN Juan Alberto Pérez Muñoz, manteniéndose lo adeudado con la actual autoridad UDI, Juan Segundo Hijerra Seron. El monto estimado adeudado ascendería a los 350 millones de pesos.
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