SANTIAGO (La Opinión de Chiloé) — En horas de esta mañana, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago dio por finalizada la audiencia de formalización de la investigación en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y en contra José Matías Muñoz, ex secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), decretando la prisión preventiva para ambos.
La medida cautelar se da tras tres extensas jornadas donde se les imputó los delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco, malversación de caudales públicos, lavado de activos, delito concursal y estafa. Así, la juez Paulina Moya concluyó que el jefe comunal habría demostrado riesgo de fuga (cuando intentó salir del país hace unas semanas) y que representa un peligro para la seguridad de la sociedad, misma conclusión a la que llegó respecto de Muñoz.
Entre sus argumentos, la juez partió detallando «la gravedad de la pena asociadas a los delitos», indicando que la administración desleal proscribe desde 3 años y 1 día hasta 10 años de cárcel, el cohecho tiene 541 días a 3 años de cárcel, el delito concursal tiene 541 días a 10 años de cárcel, el delito de estafa tiene 3 años y 1 día a 5 años de cárcel, el delito de malversación de caudales públicos tiene 5 años y 1 día a 15 años de cárcel, el delito de lavado de activos tiene 5 años y 1 día a 15 años y el delito de fraude al fisco tiene 5 años y 1 día a 15 años de cárcel.
Indicó además que acá se podría dar la agravante descrita en el artículo 260 ter del Código Penal, «que se refiere al hecho que los responsables actúen formando parte de una agrupación o formando una organización de dos o más personas destinadas a cometer hechos punibles».
Hizo ver también la gran cantidad de delitos que se les imputa, precisando que todos ellos estarían dentro de los denominados «delitos funcionarios, cuyos bienes jurídicos asociados buscan mantener la integridad y honestidad en el ejercicio de las funciones públicas, asegurando que los funcionarios actúen de acuerdo con los principios de transparencia y rectitud, manteniendo la confianza pública en las instituciones».
Complementó diciendo que «el tribunal no puede dejar de advertir que el imputado Jadue se encuentra en funciones en su cargo de alcalde en la comuna de Recoleta, y esta posición implica una relación directa y esencial, precisamente, con la administración de recursos».
Añadió que el aludido «desempeña un rol crucial en la gestión financiera, en la planificación y en la transparencia de las operaciones municipales», asegurando que «por lo tanto, no se puede pasar por alto el riesgo que genera su permanencia en el cargo para el patrimonio de la comuna, entendiendo que esto podría incluso configurar un peligro de reiteración».
«Haciendo una prognosis de pena para los imputados Jadue y Muñoz, existe una alta probabilidad que para el caso que ellos sean condenados por los delitos por los cuales fueron formalizados, no puedan acceder a penas sustitutivas y deban cumplir de manera efectiva sus condenas», expresó.
«Por estas consideraciones, el tribunal considera que la libertad de los imputados Jadue y Muñoz resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad dadas las circunstancias que ya expresadas», por lo que «se va a acceder a las peticiones del Ministerio Público y de los querellantes, y se va decretar la prisión preventiva de don Óscar Daniel Jadue Jadue y de don José Matías Muñiz Becerra, y se les da orden de ingreso [a un recinto penitenciario]», concluyó.
Por los ilícitos imputados, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para el militante del Partido Comunista, haciendo una breve descripción a la gravedad de los delitos y las penas potenciales, que implicarían un cumplimiento de cárcel efectiva de ser encontrados culpables.
Previo a la mención de las medidas cautelares eso sí, su defensa insistió en su inocencia, acusando incluso a la Fiscalía de cometer una supuesta «farsa judicial». El mismo Jadue había dicho en días previos a su formalización que «todos los delitos que me imputan son falsos».
«No puede haber una aplicación automática de la prisión preventiva por la gravedad de los delitos ni el número de los delitos. Lo que ha planteado el señor consejero es aberrante a la luz del análisis que tienen que tener las medidas cautelares de prisión preventiva en estos casos», indicó el abogado Ramón Sepúlveda.
Las imputaciones contra Daniel Jadue
La formalización contra Daniel Jadue y otras siete personas fue requerida por la fiscal Giovanna Herrera, en el marco de una investigación iniciada por el Ministerio Público en 2022.
Al alcalde se le investiga por una serie de compras y ventas de insumos médicos a sobreprecio durante la pandemia, que muchas veces superó en más de un 100% al precio del mercado,, todo a través de la Asociación Chilena de Municipalidades Farmacias Populares (Achifarp). Si bien él mismo decía que habían realizado las transacciones a precios menores al mercado, ello sería falso a la luz de la extensa documentación recopilada por el Ministerio Público.
Dichos productos, entre ellos, mascarillas, medicamentos y alcohol gel fueron comprados a Best Quality SPA, empresa que además acusó al militante del Partido Comunista de estafa por no completar el pago correspondiente, sumando deudas en torno a los 1.000 millones de pesos.
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