CASTRO (La Opinión de Chiloé) — Apartado de sus funciones se encuentra actualmente un docente dependiente de la Corporación Municipal de Castro que es oriundo de la Región Metropolitana luego que estallara un tremendo escándalo en la Escuela Inés Muñoz de García, todo tras rumores que develarían un negro historial de imputaciones que impactó a la comunidad educativa.
El asunto es tremendamente delicado dado que los antecedentes habrían sido mantenidos en secreto por el aludido ¿cuáles? una denuncia por un eventual intento de violación tras arribar a Chiloé, una denuncia por abuso sexual en Lampa, conductas aparentemente libidinosas con menores, una denuncia por encubrir tráfico de drogas al interior de una escuela municipal en Huechuraba, y conductas violentas hacia terceros tramitadas en diversos tribunales.
La Opinión de Chiloé tuvo a la vista antecedentes de una de las primeras denuncias por presunto abuso sexual de menor estampada el año 2009 por los padres de una alumna de octavo básico del colegio Master Scholl de Lampa, y que fue indagada por la Fiscalía Local de Pudahuel. Ahí se asevera que los padres de la menor habrían descubierto en un diario de vida la existencia de una relación sentimental con el aludido mientras era inspector; al conocerse, el docente procedió a presentar diversas licencias médicas y se tomó vacaciones.
Tras esos hechos denunciados, finalmente el colegio lo despidió argumentando la letra e) del artículo 160 n.°1 del Código del Trabajo, esto es, conducta inmoral del trabajador; según documentación de la Dirección del Trabajo de esa época, el establecimiento añadió posteriormente una supuesta existencia de «conductas de acoso con una estudiante».
Ya en el juicio por el despido (que ganó el trabajador), además de lo ocurrido con el eventual pololeo con la menor, el empleador añadió la existencia de «conductas comprobadas y reiteradas en que el trabajador incurrió al interior y exterior inmediato del colegio» mencionando que «constituyen un atentado grave a las normas que regulan el buen y sano comportamiento de una persona que no es cualquier trabajador frente al alumnado y cuerpo docente del colegio, lo que a lo menos es una infracción clara a su comportamiento moral y funcionario, por cuanto a comienzo del mes de abril de 2009, corrieron rumores al interior del colegio, que el inspector general XXX, le gustaban las menores de edad, que en las horas de recreo, era notorio que miraba los cuadros o calzones de las alumnas, desde debajo de la escalera del edificio; les compraba dulces; les prestaba plata, en el taller de teatro las tomaba en brazos y las acostaba en el suelo, grababa sus conversaciones; las llevaba reiteradamente a su oficina, sin mayores razones, rumores por los cuales el actor fue consultado oportunidad en que no negó los hechos, terminando finalmente reaccionando mediante amenazas».
Otro de los incidentes involucró a la Ilustre Municipalidad de Huechuraba, quien lo desvinculó aludiendo a la causal prevista en el artículo 72, letra b) de la ley n.°19.070, esto es por “falta de probidad, conducta inmoral establecidas fehacientemente en un sumario” luego que fuera indagado por una eventual vinculación con la existencia de una red de tráfico de drogas entre estudiantes e incitación a la violencia hacia una escolar extranjera de 15 años que denunció consumo de marihuana al interior del Centro Educacional Huechuraba.
De acuerdo a documentación que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, el 19 de diciembre de 2014, se emitieron los siguientes cargos tras una investigación sumaria: «1.- No haber cumplido la obligación funcionaria prevista en el artículo 58 letra g) de la Ley 18.883, al no observar estrictamente el principio de probidad administrativa, regulado por Ley 18.175 y lo dispuesto en el artículo 52 letra b) de la Ley 19.070; conducta configurada al encubrir estudiantes de primer año de enseñanza media, en el consumo y tráfico de drogas, del establecimiento educacional donde se desempeña. 2.- No haber cumplido la obligación funcional prevista en el artículo 58 letra k) de la Ley 18.883, al no denunciar ante las autoridades pertinentes, con la debida prontitud, los hechos relativos al consumo y tráfico de drogas que afecta al curso primero medio B, cuya jefatura de curso le corresponde en el establecimiento educacional donde se desempeña. 3.- No haber cumplido la obligación funcionaria prevista en artículo 58 letra i) de la Ley 18.883, al no observar una vida social acorde con la dignidad su cargo, conducta configurada al invitar a un estudiante a su domicilio en horas de la noche y evidenciar hálito alcohólico, mientras se encontraba con el estudiante».
Por esta razón, fue despedido tras 5 años. El profesor demandó en sede laboral, pero fueron rechazadas sus peticiones.
En cuanto a la denuncia por un supuesto intento de violación que tuvo lugar en tierras chilotas, actualmente es una causa desformalizada y objeto de indagatorias por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales, Brisexme, de la PDI de Ancud.
Lo ocurrido salpica directamente al alcalde de Castro, Juan Vera (UDI), dado que al ser presidente de la Corporación Municipal, podría tener algún tipo de responsabilidad de carácter político al no instruir el cotejar antecedentes de quienes se está contratando durante su administración. Hay que mencionar que La Opinión de Chiloé está en fase de revisión de documentación judicial para una serie de posibles reportajes vinculados a hechos poco conocidos por la opinión pública que están ocurriendo al interior del Municipio chilote, y que se vinculan a la contratación reciente de personal con antecedentes precisamente por tráfico de drogas (donde sorpresivamente apareció H., aunque en la Corporación), además de actos de violencia intrafamiliar deleznables y causas por amenazas de muerte. El título tentativo del primer reportaje será «La crème de la crème ha arribado al municipio de Castro»; la nota de hoy, forma parte complementaria de aquél que se publicará prontamente.
NOTA DE LA REDACCIÓN: Dada la existencia de una investigación en curso por parte de funcionarios policiales, La Opinión de Chiloé se reserva el derecho a revelar la identidad del docente. El aludido siempre ha negado participación.
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