ANCUD (La Opinión de Chiloé) — Con sorpresa y relativa incredulidad se han tomado durante las últimas horas una serie de trascendidos en la comuna de Ancud que aludirían a una inesperada medida que estaría sobre el escritorio de la Dirección Nacional de Gendarmería, y que implicaría el cierre definitivo del Centro de Detención Preventiva del norte de Chiloé.
Fuentes consultadas por La Opinión de Chiloé indicaron que durante las últimas horas se han estado realizando una serie de reuniones entre funcionarios de Gendarmería asentados en Ancud para discutir sobre esta potencial decisión, y que implicaría el traslado tanto de los internos como del personal hacia otras instalaciones penales de la región. Aparentemente, se está pensando en Alto Bonito de Puerto Montt.
La comuna ha contado con cárcel desde los albores de la República, mientras que su actual edificación data del año 1979. Tiene una capacidad para albergar a 82 internos, con una ocupación a la fecha de esta nota de 66 personas provenientes de Ancud, Quemchi, Dalcahue, Chonchi, Quinchao, Castro y Quellón, a las que se añaden otras 170 que concurren a realizar firmas y eliminación de antecedentes.
En cuanto a la dotación de personal, actualmente hay 49 funcionarios, todos con residencia en Ancud.
Se espera que durante este viernes se pueda concretar una reunión entre los dirigentes sindicales de Gendarmería y el alcalde de Ancud, todo para que se inicien gestiones que busquen paralizar la medida, que dejaría a la zona norte de Chiloé sin recinto penitenciario.
Fuentes al interior de la Subsecretaría de Justicia que prefirieron mantener reserva de su identidad indicaron a La Opinión de Chiloé que esta decisión se ha venido pensando al menos desde el año 2011, y que nació cuando el gobierno contrató a la consultora norteamericana Altegrity Risk International para que emprendiera una revisión y evaluación detallada del sistema penitenciario chileno.
Luego, entre noviembre de 2010 y junio de 2011 se visitaron 80 penales del país. Junto con verificar un evidente hacinamiento en diversos recintos, también identificó una «subutilización de las capacidades disponibles» ya que mientras algunas cárceles estaban repletas, a otras les sobraban cupos.
La consultora aseguró en un extenso informe que lo anterior era «un problema estructural de la institución que seguirá repitiéndose en tanto no se cambien los protocolos de operación y funcionamiento históricamente aplicados». Además, al evaluar los recintos chilotes en Ancud y Castro, se encontraron una serie de problemas adscritos principalmente a infraestructura deficiente, y que por su antigüedad, incluso podrían representar un riesgo para sus ocupantes.
Acotó sobre el sistema penitenciario nacional que «está estructurado como un sistema regional con demasiadas cárceles, demasiado control regional y muy poca dirección central a ser proporcionada por la sede central de Gendarmería. Existe una necesidad importante de consolidar los establecimientos y de cerrar las cárceles pequeñas en todo el país, así como de reestructurar la organización de la propia Gendarmería».
«La operación de las cárceles es costosa: cada una debe tener a alguien a cargo, personal administrativo, algún tipo de seguridad perimetral y personal, y seguridad interna y personal. Todas estas personas son necesarias, independientemente del tamaño (cantidad de internos) de la cárcel. Toda cárcel requiere alimentos, atención médica, etc.», decía en el informe.
«Existen ahorros económicos reales en las operaciones con economías de escala. Por esto, es posible ahorrar muchísimo si se efectúa la consolidación necesaria», se indicaba.
Agregaba que «en todo el país, de 80 cárceles en funcionamiento, hay 23 con menos de 100 internos y 60 con menos de 1.000. El diseño de cárceles modernas por lo general contempla cárceles de 2.000 internos o más (sentenciados con penas de más de un año), diseñadas de manera tal que dentro de un establecimiento (un cercamiento de seguridad perimetral, por ejemplo) haya unidades o pequeñas cárceles que funcionen de manera semiautónoma».
Por ejemplo, dice, «la construcción de cárceles nuevas generalmente se basa en un modelo de cárcel de 2.000 a 2.400 camas, compuestas de cuatro módulos de 500 o 600 camas dentro de un perímetro de seguridad. Es evidente que tanto los internos como el personal tendrán mejores oportunidades y además se ahorrará mucho dinero en costos de operación y transporte».
Luego, la consultora indicaba: «recomendamos enérgicamente al gobierno el desarrollo de un plan penitenciario nacional de consolidación, pasando de cárceles pequeñas, muchas de las cuales se encuentran muy cerca entre sí, a una cantidad más reducida y racional de cárceles en todo el país».
Dentro del informe final elaborado por Altegrity Risk International que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, se menciona al CDP Ancud dentro de un listado de 16 cárceles que podrían ser «consolidadas», lo que generaría enormes ahorros para el fisco.
En efecto, se expresa: «dentro de Gendarmería existen múltiples cárceles pequeñas, cada una de las cuales requiere personal de seguridad externa y puestos de apoyo. Considerando las dieciséis cárceles (…) (cada una de ellas con menos de 100 camas de capacidad de diseño) y el personal presupuestado para cada una, vemos una relación global de internos/personal de 1,61 a 1,0. Si se consolidan y se implementan los diseños adecuados, los actuales 607 empleados de las 16 cárceles podrían manejar 1.800 internos en una institución que permite la participación total de los internos en los programas de trabajo y/o educación, generando un ahorro de no sólo una vez, sino ahorros durante un ciclo de vida de 20 años de los 607 empleados».
Cabe mencionar que Ancud es la única de la región de Los Lagos que aparece en ese listado como eventualmente «prescindible».
«Las nuevas cárceles deben reflejar la necesidad de un espectro completo de niveles de seguridad (máxima, media, mínima). La mayor necesidad actual son cárceles de seguridad mínima. La buena noticia es que son las más rápidas y menos costosas de construir», dice en parte de sus recomendaciones y conclusiones el reporte.
«Hace falta un verdadero plan penitenciario nacional, que dé como resultado todo el espectro de prisiones ubicadas adecuadamente en todo el país, orientado, en el largo plazo, al cierre de las actuales cárceles pequeñas y predominantemente rurales. El Gobierno de Chile no puede financiar tantos establecimientos que no cumplen con las normas actuales; se los debe consolidar», agrega.
«Ésta es una situación en la que la consolidación beneficiará a todos: las cárceles serán lo suficientemente grandes como para brindar oportunidades significativas de trabajo, educación y rehabilitación a los internos; la cantidad de personal será lo suficientemente grande como para brindar condiciones de trabajo seguras al personal de Gendarmería, además de los días libres o de vacaciones que les correspondan; y el Gobierno ahorrará dinero al operar prisiones de una escala más razonable y al reducir los costos de transporte debido a la cantida limitada de establecimientos. Una consolidación bien planificada beneficiará a todas las partes», dice.
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