CABURGUA (La Opinión de Chiloé) — En medio de la polémica que protagonizó Matías Pérez Cruz —presidente de Gasco— quien increpó a tres mujeres para que se vayan de la playa que colinda junto a su vivienda en el Lago Ranco, el Ministro de Bienes Nacionales Felipe Ward salió a referirse a este tema indicando, entre otras cosas, que «en Chile todas las playas son públicas, pero sí existe propiedad privada (…) en Chile no hay playas privadas, pero sí hay propiedad privada».
Sin embargo, a pocos días de ese hecho de connotación pública, un reportaje publicado por El Dínamo está ad portas de levantar un escándalo político de desconocidas proporciones al interior del gobierno luego que diera cuenta que el mismísimo Presidente Sebastián Piñera tiene a su disposición más de 800 metros cuadrados de playa en el lago Caburgua, en la Región de La Araucanía, gracias a una concesión marítima que inició tramitación durante su primer gobierno.
El medio indica que fue el 19 de abril de 2011 cuando ingresó la solicitud de concesión en el sector Renahue, con el objetivo de «dar apoyo náutico a una propiedad mediante la regularización y uso de mejoras fiscales consistentes en dos rampas, un hangar, una cancha de tenis, un muro, acceso a la playa, vereda, terraza, una losa (con quincho) y muros, con una vigencia de 10 años«.
El requerimiento del presidente indica que “las obras a mejorar realzan el encanto natural del sector, lo que nace de la iniciativa por parte del solicitante de regularizar las instalaciones existentes”, vale decir, se admite explícitamente que dicho espacio había sido ocupado desde el año 2001 sin permiso alguno; es más, uno de los informes técnicos asevera que las obras sobre el borde del lago se instalaron irregularmente en 1990.
Asegura la nota que la solicitud de Piñera fue estudiada por funcionarios dependientes del Departamento de Asuntos Marítimos que a su vez dependía del Ministerio de Defensa al mando de Andrés Allamand (RN). Fue la capitanía de Puerto de Villarrica la que emitió dos informes técnicos el 24 de junio y 8 de julio de 2011 que aprobaron la petición del presidente, y que contaron con la opinión de la gobernación marítima y la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático (Dirinmar). A ello se sumaron otros antecedentes que terminaron por avalar la emisión del Decreto Supremo n.°319 en junio de 2017 bajo la administración de Michelle Bachelet, cuando ya era imposible dar marcha atrás porque toda la tramitación relevante había sido realizada el año 2011 a pesar que durante más de dos décadas se estaba ocupando espacio costero sin autorización alguna.
Así, a Piñera se le otorgó 879,61 metros cuadrados de playa, que integra 13 sectores en los que se incluye una cancha de tenis, un quincho y diferentes construcciones instaladas entre las aguas mínimas y máximas, todo para uso personal.
Comentarios