CASTRO (La Opinión de Chiloé) — Una grave denuncia es la que por estos días tiene en el foco de la opinión pública a la jefa provincial de la Autoridad Sanitaria, la fonoaudióloga María Matamala, y al fugaz encargado del Programa Nacional de Inmunización en la zona, el enfermero Claudio Kappes Zúñiga, al que se sumó durante las últimas horas el Seremi de Salud de Los Lagos, Alejandro Caroca.
De acuerdo a información preliminar recopilada por La Opinión de Chiloé, todo partió con un conflicto entre el enfermero y la Seremía de Salud luego de su desvinculación tras haber denunciado a una técnico en enfermería que fue acusada por una paciente de haber recibido presuntos malos tratos al interior de una residencia sanitaria, incluyendo insultos, apelativos denostatorios.
Al iniciarse la indagatoria en contra de esta persona, ella elevó una denuncia por la existencia de un supuesto acoso laboral asegurando que habría existido un acto administrativo deshonesto cuando se «escuchó» al paciente que fue objeto de sus maltratos.
Pues bien, el enfermero salió de su cargo comenzando a trascender una serie de hechos irregulares que fueron escalando hasta exponerse una grave situación que ocurrió la semana pasada, y que pone en entredicho el protocolo para proteger las dosis de Coronavac.
El Seremi de Salud se refirió a la partida del aludido, asegurando que todo se trataría de un mero término de contrato, acotando que no se le renovó. Sin embargo, ello deberá ser corroborado dado que esta desvinculación se judicializaría.
En medio de esta controversia, Kappes salió a entregar su versión detallando una serie de presuntas irregularidades que él había denunciado y que curiosamente, según algunas fuentes consultadas por La Opinión de Chiloé, también escondería un virtual clientelismo para poner en el puesto de encargado del Programa Nacional de Inmunización en Chiloé a un «amigo» de una conocida autoridad local, y cuyo nombre se mantendrá en reserva por ahora.
Así las cosas, el enfermero lanzó una grave denuncia respecto al proceso de vacunación en la provincia, indicando que «el día 30 de marzo gestioné el préstamo de 2.000 vacunas COVID, más otras 200 vacunas programáticas y de esta forma asegurar la continuidad de la vacunación en Chiloé», y que al llegar, hubo una interrupción en la cadena de frío.
Explicó que «dichas vacunas llegaron el mismo día a la ciudad de Castro, pero lamentablemente, estas no podrán utilizarse debido a que por orden de la Jefatura Provincial se me impidió el ingreso a la cámara de frío donde se recepciona la vacuna, provocando que las dosis fueran recibidas por personal externo de la Armada de Chile no apto para su recepción de material biológico y violando los protocolos del Programa de Inmunización».
Desde la Subsecretaría de Salud Pública indicaron que las vacunas habrían sido recibidas por personal sanitario de la Seremi de Salud y que al llegar al congelador se les tomó la temperatura una hora después, aunque por ahora esta versión es dudosa.
No se explicó si quien recepcionó estaba o no habilitado para aquello, ni tampoco se detallándose si el protocolo ad hoc lo permitía.
En efecto, según Kappes, en Castro habrían sólo tres funcionarios capacitados para la recepción de vacunas, y cuando arribaron las 2.200 dosis, sólo se encontraba él, por lo que se desconoce quién realmente recibió la carga.
Lo que se sabe por ahora es las dosis quedaron en cuarentena y se anunció que se realizaría una prueba de seguridad, no detallándose su tenor.
Caroca en tanto, salió posteriormente a descartar cualquier problema con las dosis, mientras que Paula Daza, Subsecretaria de Salud Pública, aseguró que el problema radicaría en la toma de temperatura al arribar la carga, la que habría sido practicada «una hora después» por una técnico en enfermería.
Aseguró eso sí que hoy martes se haría la prueba de seguridad, poniendo en entredicho las afirmaciones del Seremi de Salud de Los Lagos.
La prueba de seguridad y calidad denominada «prueba de agitación» según dijo Daza, será practicada por personal del Plan Nacional de Inmunización que viajará desde la Región Metropolitana hasta Castro, donde están almacenadas las dosis, porque en la región de Los Lagos no hay personal capacitado.
En términos concretos, sólo hasta que se realice este test se podrá saber si las 2.200 vacunas pueden ser inoculadas a la población y no antes como erróneamente aseguró Alejandro Caroca, lo que constituiría una grave transgresión a la fe pública al adelantar conclusiones sin que personal idóneo evalúe la seguridad del cargamento.
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