Véase también:
Lista de espera en salud para Chiloé sube a 26.469 pendientes a marzo de 2021.
Castro: las ocultas cifras de la lista de espera quirúrgica en el hospital; 25% fue sacado sin cirugía.
CASTRO (La Opinión de Chiloé) — Una batalla legal bastante interesante es la que por estos días se tramita ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, todo luego que una médico del Hospital Dr. Augusto Riffart de Castro recurriera a esa instancia para revertir una sanción que implicaría la suspensión temporal de su cargo y multa tras, supuestamente, negarse a darle anestesia a tres pacientes «privadas».
Más allá de esas circunstancias, de acuerdo a información a la que accedió La Opinión de Chiloé, el caso destaparía una serie de eventuales irregularidades que han ocurrido en dicho centro de salud, donde no solamente se menciona que neonatólogos presuntamente se negaban a asistir a los partos o cesáreas mientras estaban de turno y menos concurrir desde sus casas, sino que además, se refiere la presunta existencia de cirugías privadas que programaban médicos usando las instalaciones del hospital (gratis) y a parte del personal en turno (gratis), mientras ellos no se olvidaban de cobrar.
Lo que se ha revelado (un secreto a voces del que nadie habla) sería extremadamente grave dado que la labor de analgesia es clave en el ámbito de las cirugías, y aún más lo es tras la existencia de al menos 4.221 requerimientos de intervenciones quirúrgicas pendientes en Chiloé al 31 de marzo de 2021, una cifra récord. Aparentemente, parte de las horas de los anestesiólogos se están usando para fines privados en los pabellones del sistema público.
Hay que recordar que el promedio de días de espera para que cualquier chilote reciba una cirugía es de 563, aumentando desde diciembre cuando eran 513 días. Lo anterior significa que la resolutividad ha seguido empeorando.
Cabe mencionar que dentro de los datos no se incluyen a aquellas personas en listas de espera quirúrgica que fueron sacadas sin recibir la prestación, o sea, que salieron administrativamente. Históricamente 1 de cada 5 chilotes no recibe cirugía y es sacado del listado, ya sea porque sus patologías se agravan (requiriendo otra cirugía distinta que es más compleja), porque supuestamente no han podido ser contactados cuando sale la hora, porque mueren esperando, o porque lo han debido solucionar en el sistema privado pagando bonos o tarifas particulares, muchas veces usando el mismo Hospital aunque con médicos embolsillándose cuantiosas sumas.
Pues bien, lo que se está tramitando ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt se circunscribe, en parte, a esas prestaciones privadas y cómo es el «sistema» que se aplica dentro del principal recinto de salud pública de la provincia de Chiloé a la hora de facilitar sus instalaciones, equipamiento y personal para que, aparentemente, algunos lucren a costa de los recursos públicos bajo el alero de la Norma General Administrativa n.º2 sobre atención de pacientes particulares.
A este respecto, la profesional que recurrió a la instancia judicial asegura que fue sancionada luego que al menos dos médicos particulares la acusaran de no brindarle sus servicios a sus pacientes en circunstancias, según expone la aludida, bien irregulares.
Indica que «durante los 18 años que trabajé en Santiago, participé como anestesióloga, de cirugías privadas ya que ambos hospitales contaban con Servicio de Pensionado. Posteriormente Fonasa implementó el Sistema de Bonos PAD para sus beneficiarios, el cual consiste en un valor establecido de remuneraciones para el Hospital o Clínica y equipo médico en relación al diagnóstico del paciente. Esto se gestiona a través de un programa Médico que hace el médico tratante y que los pacientes valorizan en oficinas de Fonasa quien emite un ‘Bono PAD’ al hospital».
Asegura que «una vez realizada la prestación y pasado un tiempo prudente, generalmente 1 mes, uno se acercaba a las oficinas de Recaudación del Hospital y emitía su boleta por las prestaciones realizadas».
Detalla eso sí que si se estaba en turno, se debía recuperar ese tiempo otro día, por lo que no se usaban recursos públicos para entregar atenciones privadas. «Si alguna de estas prestaciones ocurría en horario funcionario, porque se trataba de alguna urgencia, eso quedaba registrado en un libro ad hoc y el horario era devuelto en horario no hábil, como después de las 17 hrs. o en día sábado, coordinando tablas quirúrgicas extras para devolución de horario«, dice.
Sin embargo, indica que «acá en Chiloé y específicamente en el Hospital de Castro, la situación es bastante irregular. El Bono PAD se le paga íntegramente al jefe del equipo quirúrgico y él distribuye, en la fecha que estima conveniente, y en la proporción acordada por los jefes de equipo, sin la participación de los demás especialistas del equipo».
«De esta situación nos dimos cuenta el año 2014, fecha en que los ginecólogos solicitaron a la Subdirección Administrativa el reajuste del Bono PAD (se reajusta anualmente según IPC) y decidieron unilateralmente distribuir este reajuste entre el equipo médico sin considerar a los anestesiólogos. La idea era aumentar el pago a los neonatólogos, que se negaban a asistir a los partos o cesáreas mientras estaban de turno y menos venir desde sus casas. En esa oportunidad solicitamos reunión con todo el equipo de ginecólogos pero sólo se presentó el Dr. Manuel García, en representación de los ginecólogos, para una reunión con los anestesiólogos de la que lamentablemente no hay acta pero en la que yo expresé mi molestia y mi decisión de no participar en cirugías privadas», dice.
Añade que «desde esa oportunidad las relaciones entre ambos equipos se fueron deteriorando y algunos ginecólogos decidieron ya no llamar a anestesiólogos externos para sus cirugías privadas y ‘ocupar’ el recurso anestesiólogo de turno, sin que esto haya sido conversado o aprobado por las partes y por los directivos del Hospital (en esa época el Director del Hospital era el Dr. Freddy Balcazar Valdés ginecólogo y turnante). Esta práctica luego se hizo extensiva a los cirujanos quienes no coordinaban sus cirugías particulares y también querían ocupar al anestesiólogo y al personal de turno (arsenalera, pabellonera y auxiliar de anestesia)».
«Si uno, estando de turno, no quería recibir remuneración, para no tener que devolver el horario ocupado en esa cirugía la remuneración por concepto de anestesia, se la quedaba el jefe del equipo», acusa respecto a lo que ocurría antes de la pandemia, reconociendo tácitamente que se usaban las horas pagadas con platas públicas de cierta parte del personal para fines privados al interior, precisamente, de un pabellón que también corresponde a un establecimiento público.
Aclara que el año 2018 se acogió a la posibilidad de no utilizar su tiempo a las guardias nocturnas y de domingos y festivos, pidiendo que su horario fuera asignado íntegro al Programa GES de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos. No confirma ni niega que actualmente se siga con el mismo «sistema» de atenciones privadas dentro del Hospital.
Así las cosas, La Opinión de Chiloé tuvo a la vista la Resolución exenta n.°3665 del 28 de abril de 2021 donde se le aplicó la medida disciplinaria de destitución a dos anestesiólogas (incluyendo a la profesional en comento), luego que se las acusara de «negar analgesia del parto a pacientes no beneficiarias del sistema público de salud, en forma reiterada y discriminatoria mientras se encontraban en ejercicio de las funciones para las cuales estaba contratada como médico anestesista de turno en el Hospital de Castro, ley 15.076, en ausencia de otros anestesistas que pudieran otorgar la prestación».
Posteriormente eso sí, se emitió la Resolución exenta n.°4523 10 de junio de 2021 donde se les «rebajó» la sanción, terminando por aplicárseles suspensión y multa de un 50% de la remuneración por tres meses.
Acá hay que mencionar el dictamen 2.601 del 26 de abril de 2019 de la Contraloría General de la República donde expresamente se indica que: «los apuntados convenios en ningún caso pueden significar postergación o menoscabo de las atenciones que el centro de salud debe prestar a sus beneficiarios legales, quienes se preferirán sobre otros pacientes, estableciendo que la infracción de lo prevenido en ese precepto hará incurrir a los funcionarios en responsabilidad y traerá consigo las medidas disciplinarias…».
Vale decir, en opinión del ente contralor, la prioridad siempre debieran ser los pacientes del sistema público de salud, no pueden atenderse a pacientes particulares, independiente del convenio que exista, por sobre pacientes del sistema público. Ello no habría ocurrido en el Hospital de Castro.
¿Cuáles fueron los casos? Se menciona la existencia de tres, uno de los cuales es, a lo menos, bastante curioso. Se refiere que un médico particular citó al Hospital de Castro a su paciente para una inducción del trabajo de parto en forma electiva. Al no haber progreso en el trabajo de parto, él decidió practicarle una cesárea y decide avisarle a la médico anestesióloga para que lo asista (gratis).
Lo grave es que la médico estaba en pabellón dando anestesia a un niño con apendicitis aguda, que resultaba ser un paciente vulnerable que no estaba pagando, vale decir, el médico particular le habría solicitado abandonar al menor que requería una intervención de urgencia para ir a atender la cirugía privada en el pabellón de al lado. Luego, como el procedimiento estaba recién comenzado y el tiempo operatorio aproximado era alrededor de una hora, dice que «le sugerí al colega que llamara a un equipo externo ya que su paciente no presentaba riesgo vital ni tampoco el feto». El aludido la acusó.
Un segundo caso también refiere a otro médico acusando a la misma anestesióloga, indicándose que todo comenzó cuando un ginecólogo de turno le habría avisado que llegó una paciente privada de otro médico particular y que quería que la operaran. Asevera que habrían llamado al tratante y que éste le habría dicho que «no se levantaría a ver a la paciente y ‘que se la aguantemos’ hasta una hora razonable y que si la Sra. no quiere esperarlo que la opere el médico de turno».
Expresa que así las cosas, el ginecólogo de turno (en horario pagado con platas públicas) le habría propuesto que operaran juntos a esta paciente antes que llegue el médico particular. «Nunca se me dio detalles de las condiciones clínicas de la paciente ni de la indicación de cesárea de urgencia, solo me comentó el interés en quedarse con los honorarios de esa prestación. De hecho, terminó operando a la paciente a las 07.00 de la mañana con el anestesiólogo que seguiría en turno».
Acusó que «el médico en cuestión hizo un reclamo en mi contra faltando a la verdad por lo que yo solicité una auditoría de la ficha clínica en mi calidad de jefe de pabellón en ese período, sin que se aclararan los casos que menciono en el correo y que demuestran la continua irregularidad de ‘ocupar’ al médico anestesiólogo y al personal de turno en cirugías programadas no urgentes«.
En cuanto al tercer caso, se menciona un reclamo del padre de una paciente por, supuestamente, negarse a darle anestesia. Esta paciente ingresó a Pre-partos a las 05.47 horas, y el nacimiento del bebé se verificó 21 minutos después sin problemas. Su caso es distinto a los otros en el sentido de la rapidez que ocurrió el parto y antecedentes vagos.
La batalla recién comienza ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, y será el Servicio de Salud Chiloé quien deberá responder a los dichos de la médico anestesióloga, si es que se atreve a responder. Las pacientes fueron atendidas en el año 2017; las fechas exactas y sus identidades se omitirán.
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