
HUALAIHUÉ (La Opinión de Chiloé) — Un amplio operativo realizó durante este miércoles personal de la Armada de Chile y de Carabineros en isla Los Toros para dar con el paradero de un sujeto sindicado como eventual responsable de un violento secuestro y posteriores ataques que podrían ser constitutivos de algún tipo de delito sexual hacia una mujer, y cuya dinámica se está investigando.
De acuerdo a información judicial que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, los hechos ventilados en causa RIT 166-2023 RUC 2300501496-4 indicarían que las primeras diligencias se activaron durante el día lunes, cuando la denunciante se presentó ante funcionarios de Carabineros relatando que el fin de semana reciente, un sujeto la habría abordado y trasladado, en contra de su voluntad, hacia la ínsula de marras para agredirla sexualmente.
En particular, los primeros antecedentes indicaban que la víctima estuvo coaccionada por el imputado los días sábado, domingo y lunes, y tras escapar, procedió a realizar la denuncia, por lo que se la trasladó hacia un centro asistencial para activar el protocolo respectivo por violación.
Mientras tanto, y por instrucción del fiscal de turno, detectives la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones se dieron a la tarea de iniciar las primeras diligencias, derivándose a la mujer hacia el Hospital de Puerto Montt para constatar lesiones y practicar los peritajes de rigor.
En tanto, y tras autorización del juez de turno, se emitió una orden de detención en contra del encartado, la que fue diligenciada durante la mañana de este miércoles por funcionarios de la Tenencia de Carabineros de Hornopirén y del Retén de Contao.
Lo que se sabe hasta ahora es que tras arribar a la isla Los Toros —ubicada al suroeste de la ciudad de Hornopirén— el imputado decidió darse a la fuga, iniciándose una extensa búsqueda para dar con su paradero.
Luego, tras un rápido trabajo investigativo, se logró determinar que el prófugo habría decidido embarcarse en una nave que realiza el recorrido entre las localidades Pichicolo y Malo Macum.
Así las cosas, y con apoyo de una embarcación de La Armada, se interceptó el recorrido y se procedió a la detención del sujeto, quien fue puesto a disposición de la justicia.
Fuentes consultadas por La Opinión de Chiloé indicaron que se trataría de J.G.P.P. (49 años), quien preliminarmente se indicaba que era chilote; sin embargo, con posterioridad se precisó que tendría residencia acreditada en la comuna de Maullín.
La información fue confirmada grosso modo por el teniente Héctor Salamanca, jefe de la Tenencia de Carabineros de Hornopirén, detallando que la orden de aprehensión judicial se otorgó para ser concretada por efectivos de dicha unidad con una duración de 48 horas, dándose cumplimiento de manera rápida.
Durante este miércoles se realizó la audiencia de control de la detención, la que fue declarada ajustada a derecho, para posteriormente iniciar la formalización por parte de la Fiscalía local de Hualaihué.
Así las cosas, el persecutor penal señaló ante el juez de garantía que se configuraría un delito de violación propia o directa de mayor de 14 años, descrito y sancionado en el artículo 361 del Código Penal, en carácter de reiterado.
Para la Fiscalía, le cabría al imputado una eventual participación en calidad de autor en los términos del artículo 14 n.º 1 y 15 n.°1 del Código punitivo, en grado de desarrollo consumado.
Luego, oídos los intervinientes, el tribunal determinó que se darían los supuestos fácticos para indicar que la mujer habría sido violentada sexualmente y que habría estado sometida por parte del imputado, quien presuntamente se aprovechó de esta incapacidad para oponerse a los ultrajes.
Determinó que existía un correlato evidente entre la versión expresada por la víctima y los hallazgos encontrados durante los primeros peritajes, en los que también participó personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), desechándose además las alegaciones respecto de algún supuesto consentimiento.
En consecuencia, se ordenó la prisión preventiva por considerar que la libertad de este sujeto constituiría un peligro para la seguridad de la sociedad y un peligro para la seguridad de la víctima. Se fijó un plazo de 100 días de investigación.

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