Véase también:
Castro: Corporación Municipal debe pagar $30 millones tras violentos casos de bullying.
CASTRO (La Opinión de Chiloé) — Una serie de diligencias instruyó el Ministerio Público de Castro para determinar las circunstancias detrás de un sorpresivo hecho de sangre ocurrido en las cercanías del Liceo Aytué, y que tendría como protagonistas a al menos tres estudiantes de dicho establecimiento, dos de los cuales mantendrían antecedentes de matonaje escolar sin contención.
De acuerdo a información preliminar recopilada por La Opinión de Chiloé, los hechos se habrían dado a conocer durante esta tarde, indicándose que dos estudiantes presuntamente se enfrascaron en una discusión que comenzó a subir de tono hasta que, de improviso, intervino uno de los amigos de los involucrados procediendo a apuñalar al otro con un arma blanca.
La dinámica de lo que pasó y el contexto, por ahora, no han sido precisadas del todo, aunque lo que se sabe hasta ahora es que el menor herido, de 14 años de edad, habría quedado con una lesión cortopenetrante en el tórax.
Se añade a aquello que no fue auxiliado por nadie tras recibir la agresión, desconociéndose el rol que tuvieron en el liceo quienes al cierre de esta nota, se han desligado de este incidente.
Así las cosas, el presunto responsable y el otro implicado que estaría involucrado en el conflicto se habrían dado a la fuga, mientras que el adolescente lesionado se retiró del lugar y, a la altura del Supermercado O’Higgins, habría pedido la ayuda a un colectivero, quien lo trasladó al Servicio de Urgencia del Hospital Dr. Augusto Riffart de Castro.
Al ser atendido en el centro asistencial, se constató que el ataque con arma habría sido a la altura del corazón, y que afortunadamente el ingreso del cuchillo fue detenido por una costilla.
Testigos de este hecho delictual indicaron que todo ocurrió en el paradero que está en frente del Cuartel de Bomberos ubicado en calle Galvarino Riveros, y que todo se vincularía a actos de bullying escolar recurrente, y que el atacante tendría antecedentes de portar arma cortopunzante al interior del liceo bajo la pasividad de inspectores y otros funcionarios.
El menor afectado fue suturado en el recinto hospitalario, trascendiendo que existirían registros de amenazas anteriores, y que en el liceo Aytué se tendría conocimiento de aquellas sin haber tomado medidas a tiempo. Junto a él, también estarían amenazados otros escolares que serían familia de la víctima.
Desde el recinto educativo difundieron un escueto comunicado firmado por su director, Pedro Velásquez Rojas, en el que aseveraron que «la situación de esta investigación es de carácter privado y no público por tratarse de menores de edad», algo que es falso dado que los actos jurídico procesales son naturalmente públicos.
En efecto, lo que pasó es un hecho de interés público al hacer alusión a la comisión de delitos o la participación culpable en los mismos.
«Frente a los hechos sucedidos, se han iniciado las investigaciones y denuncias a los estamentos correspondientes y aplicación del Reglamento Interno del Liceo, una vez y previamente confirmada la situación a través del debido proceso», agregaron, acotando que «cualquier tipo de agresión hacia un integrante de nuestra comunicad, debe ser denunciada al Liceo para proceder a la debida investigación de lo ocurrido. Al hablar de comunidad, entendemos a quienes forman parte de ésta, estos son: docentes, estudiantes, asistentes de la educación, padres, madres y/o apoderados que la conforman».
Trascendidos indicarían que el tema se ha tomado con extrema cautela desde el establecimiento educacional, ello debido a las severas implicancias que podría traer para su sostenedor, la Corporación Municipal de Castro para la Educación, Salud y Atención al Menor, que el año pasado fue condenada a pagar una millonaria indemnización por incumplir su deber de garante y protector de los alumnos tras horrorosos casos de bullying en otro de sus recintos educativos.
Hay que recordar que la Corte Suprema le ha indicado a la Corporación de Castro que «el establecimiento educacional tiene una ‘posición de garante’ en lo que refiere a prevenir el acoso escolar, debiendo adoptar las medidas oportunas, necesarias y proporcionales, tendientes a mantener y propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia, particularmente entre sus estudiantes con el fin de proteger a sus pupilos, de manera tal que, si por la omisión de conductas adecuadas por parte del demandado, se produce la afectación física o emocional de los niños agredidos, se infringe por parte del demando un deber jurídico, pues existe una especial obligación legal para su actuar».
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