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Quellón: alumnos acusan entrega de alimentos vencidos en emblemático Liceo.
Una sanción de 70 UTM (alrededor de $3.226.370.-) fue la que aplicó la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) a la empresas Servicios Alimenticios Hendaya S.A. luego que, tal y como consignó La Opinión de Chiloé, se distribuyera durante el desayuno leche en mal estado en el Liceo Polivalente Rayen Mapu de Quellón el lunes 14 de noviembre.
Aunque el delegado provincial de JUNAEB minimizó los hechos y acusó a la manipuladora de alimentos de no fijarse en la fecha de vencimiento del producto (llevaba vencido 18 días), si aplicó la multa dado que la leche se entregó y fue consumido. Es más, fuentes al interior del organismo intentaron infravalorar lo ocurrido a pesar del millonario contrato existente que obliga a que los alimentos sean aptos para consumo de los alumnos y alumnas.
En particular, uno de los estudiantes que recibió el desayuno, y que prefirió mantener su anonimato, indicó ese día a La Opinión de Chiloé que: “hoy fuimos al desayuno normalmente, era pan con palta y la leche (…) después cuando salimos del comedor unos compañeros avisaron que la leche estaba vencida y que se den cuenta porque en el comedor la estaban cambiando (…) varios se la bebieron y después recién avisaron“.
La empresa encargada de la alimentación
Hendaya es la empresa que el pasado 27 de enero ganó la licitación por $61.950.893.190.- para entregar 366.482 raciones de alimentos en varias regiones, entre ellas la Región de Los Lagos, y que es el foco de una grave controversia toda vez que es mencionada en una querella criminal que el Consejo de Defensa del Estado ingresó a la justicia en contra de dos ex funcionarios de la Junaeb —José Miguel Serrano Silva, ex secretario general, y Sebastián Pérez Torrejón, ex jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica— por los presuntos delitos de fraude al Fisco y negociación incompatible, luego que se acusara al primero de favorecerla con una adjudicación vía trato directo que le provocó perjuicios al fisco por miles de millones de pesos.
Una investigación de Contraloría afirmó que a Hendaya se le adjudicó la licitación a pesar que no tenía los mejores puntajes técnicos en comparación a otras participantes, no comprobaba su factibilidad de instalación inmediata para operar y no cumplía con uno de los requerimientos para contratación directa, que era poder operar con colaciones frías, algo que en el caso de Quellón se comprobaría, a pesar de ser tratado de manera pública como insignificante por autoridades de la JUNAEB, pero que en el ámbito administrativo implicó una sanción en torno a los 3,3 millones de pesos.
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