SANTIAGO (La Opinión de Chiloé) — Durante la mañana de hoy viernes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) entregó el informe sobre la misión a Chile, luego que un equipo de ese organismo visitara el país entre el 30 de octubre y 22 de noviembre abarcando siete regiones (Antofagasta, La Araucanía, Biobío, Coquimbo, Maule, Metropolitana y Valparaíso).
La ACNUDH buscó evaluar la situación de los derechos humanos en relación con las protestas y el estado de emergencia, identificar los principales patrones y tendencias de las violaciones a los derechos humanos cometidas, analizar la respuesta institucional a las protestas y hacer recomendaciones al Estado.
El documento indica que «hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos. Estas violaciones incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias. Estas violaciones se cometieron en todo el país, pero su gran mayoría ocurrió en la Región Metropolitana y en contextos urbanos».
Además agrega que se «ha podido observar ciertas violaciones a los derechos humanos, en particular el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos, son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas«.
Respecto al accionar de Carabineros, el reporte señala que «ha incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente. Carabineros utilizó fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión«.
En ese mismo sentido, precisa que «hay razones fundadas para sostener que ha habido un uso desproporcionado y a veces innecesario de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios pero también gases lacrimógenos, utilizados a corta distancia. El uso indebido e indiscriminado de armas menos letales se observó tanto durante manifestaciones pacíficas como en el contexto de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, especialmente por parte de Carabineros».
De lo anterior da cuenta «el número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara (aproximadamente 350) muestra que hay razones fundadas para creer que las ‘armas menos letales’ se han utilizado de manera inadecuada e indiscriminada, en contravención de los principios internacionales para minimizar el riesgo de lesiones».
«Preocupa también a la ACNUDH que casos de lesiones oculares continuaron reproduciéndose, pese a la existencia, desde la etapa inicial de las protestas, de información relacionada con el impacto causado por armas menos letales. Las medidas adoptadas por parte de las autoridades no fueron eficaces, expeditas y oportunas para minimizar el riesgo para las personas«, dice.
Por otro lado, el informe arguye que «hubo numerosas detenciones indiscriminadas que podrían ser consideradas arbitrarias a la luz de las normas internacionales», agregando que «un gran número de personas arrestadas y detenidas fueron maltratadas».
Añade que «algunos de estos casos, incluidos los de violencia sexual, simulación de ejecuciones y amenazas de que las personas serían ‘desaparecidas’, equivalen a tortura. Muchos de estos casos ocurrieron en lugares sin cámaras de vigilancia y con los perpetradores no debidamente identificados».
Respecto de las mujeres, niñas y las personas LGBTI, la ONU informa que «han sufrido formas específicas de violencia sexual (incluida la desnudez forzada), principalmente relacionadas con las detenciones. También se han documentado casos graves de violencia sexual contra hombres y adolescentes».
Por último, la ACNUDH manifiesta su preocupación por el «bajo número de formalizaciones contra presuntos autores de violaciones a los derechos humanos, pese al gran número de denuncias y acciones judiciales. Preocupa también la falta de información pública por parte de las fuerzas de seguridad sobre las acciones que han sido adoptadas para garantizar la rendición de cuentas».
Además, reconoce la cooperación del gobierno, «incluyendo el diálogo franco mantenido, la extensa información recibida y el acceso irrestricto a todos los lugares que solicitó visitar».
El informe que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé se expone a continuación:
Comentarios