VALPARAÍSO (La Opinión de Chiloé) — Tal y como estaba anunciado, durante esta mañana un grupo de diputados de la oposición presentaron esta mañana una acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera por su presunta responsabilidad en «las graves, reiteradas, generalizadas y sistemáticas violaciones a los Derechos Fundamentales a las personas ejecutadas por agentes del Estado en el ultimo mes», según Carmen Hertz (PC), una de las impulsoras de la iniciativa.
Dijo la fuente que «esta situación ha infringido claramente la Constitución y las Leyes, y así lo señalamos en un argumento sólido y responsable en esta acusación. Asimismo, a nuestro juicio, dada la honda preocupación de la comunidad internacional con lo que está sucediendo en tu país, ha comprometido a juicio nuestro, el honor de nuestra nación».
Agregó que «no es posible que en este país se siga con la impunidad política, con la impunidad moral, con la impunidad social, que ha sido parte muy importante que ha detonado las manifestaciones sociales».
Además de Hertz, firmaron Daniel Núñez (PC), Emiliana Nuyado (PS), Jaime Naranjo (PS), Carolina Marzán (PPD). Del Frente Amplio apoyaron la moción Tomas Hirsch (PH), Gael Yeomans (CS), Claudia Mix (Comunes), Jorge Brito (RD) y Vlado Mirosevic (PL). Además, adhirió el diputado Pedro Velásquez (FRVS).
Yeomans es la única presidenta de partido que firmó la acusación y no hay jefes de bancadas dentro de los impulsores de esta acusación constitucional.
Tras la firma, el diputado Jaime Naranjo (PS) reconoció que la acción contra el presidente «lo más probable es que esté perdida (…) pero lo importante de esta Acusación Constitucional es que estamos notificando al actual presidente Sebastián Piñera, y a los futuros presidentes de Chile, que nunca más (habrán) graves violaciones a los derechos humanos».
En particular, para que prospere, se requeriría la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, es decir, el 50% de los votos más uno, algo que no existiría actualmente. Por otro lado, en el Senado se necesitarían 2/3 de los votos para seguir adelante con un eventual proceso de destitución, algo que es improbable.
En la historia de Chile sólo tres presidentes han sido acusados constitucionalmente, a saber, Manuel Montt en 1868, medida que fue rechazada; Carlos Ibáñez del Campo en 1931, que fue aprobada siendo destituido, y Arturo Alessandri en 1939, cuya acusación ni siquiera fue admitida.
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