PUERTO MONTT (La Opinión de Chiloé) — Luego de una larga investigación canónica ordenada por el Papa, finalmente durante el día de ayer el Arzobispado de Puerto Montt confirmó que, por disposición de la Santa Sede, al presbítero Tulio Olegario Soto Manquemilla se le retirará el estado clerical tras una serie de irregularidades que podrían constituir actos criminales.
De acuerdo a información del caso que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, los hechos se remitirían a una denuncia que realizó a fines de 2018 el ex Administrador Apostólico, Ricardo Morales, en contra de Soto Manquemilla y la del otrora vicario ecónomo, Darío Agripino Nicolás Serrano, quien además tenía denuncias vinculadas a abusos sexuales.
Morales había encargado una auditoría externa en septiembre de 2018, la que arrojó «diversas situaciones que, a mi juicio y de los auditores, resultan irregulares y constitutivas de delitos», dijo, agregando que el hoy expulsado uso dinero del Arzobispado «para fines personales, no rindiendo cuenta de ello».
Se cree que lo hacía para realizar préstamos a particulares, lo que protocolizaba ante notario para asegurar que los dineros sean restituidos. No se ha difundido por ahora qué era lo que hacía con los intereses que cobraba. Los préstamos eran millonarios.
Además, tanto Soto y como Nicolás fueron denunciados por presunto fraude al Fisco al descubrirse el uso irregular de dineros del Cesfam San Pablo Mirasol —conocido como “Techo para Todos”—, dependiente del Arzobispado, pero financiado con dineros transferidos por el Servicio de Salud de Reloncaví. Ambos se habrían incluido dentro de las nóminas de remuneraciones.
En efecto, un documento del 1 de marzo de 2017, el padre Nicolás Serrano —a nombre del Arzobispado y del Cesfam— contrató a Soto Manquemilla para labores de “Supervisión de proyectos y programas de la Fundación Salud y Familia dependiente del Arzobispado de Puerto Montt”, con un sueldo bruto de $589.810.- mensuales. Dos meses después, el 2 de mayo de 2017, Soto Manquemilla suscribió (ahora él en nombre del Arzobispado y del Cesfam) un contrato con el padre Nicolás Serrano por un total bruto de $1.353.767.- por “asesoría y supervisión administrativa de las labores de atención primera en salud y coordinación con la fundación Salud y Familia y el Servicio de Salud, en el establecimiento del Cesfam”.
Ambos, habrían usado los dineros para fines personales y para efectuar préstamos a terceros, entre otras irregularidades, y que derivó en la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público de Puerto Montt que aún está activa.
A través de un comunicado, el Arzobispado de Puerto Montt indicó que «ha concluido el proceso penal administrativo en contra del presbítero Tulio Soto Manquemilla por conductas consideradas como delitos canónicos, reñidas con el ministerio sacerdotal, especialmente en la gestión administrativa en la arquidiócesis de Puerto Montt».
Agrega que «para estos efectos, la Santa Sede ha determinado la dimisión del estado clerical. De esta forma, Tulio Soto deja de ser sacerdote de la Iglesia Católica»
En el texto se confirma que «los antecedentes relativos a este caso están en posesión del Ministerio Público, quien evalúa las eventuales responsabilidades penales que pudieran existir, de acuerdo con la legislación chilena».
Sobre este tema, el fiscal jefe de Puerto Montt, Marcelo Maldonado, indicó que por ahora la causa sigue desformalizada, asegurando que «la Fiscalía local de Puerto Montt se encuentra investigando los hechos que, en su momento, fueron puestos en conocimiento por Ricardo Morales, que entre otros aspectos daban cuenta de irregularidades en la administración de recursos del Arzobispado, lo que involucraba a distintas personas, entre ellas al ex vicario Tulio Soto, respecto de quienes se ha llevado adelante indagatorias encargadas al personal de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Puerto Montt».
De acuerdo al abogado, «por ahora estamos a la espera que sean remitidas las conclusiones para que en las próximas semanas tomemos decisiones procesales respecto de la imputación a realizar en el ámbito judicial».
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