Puqueldón: habla concejal por presunto certificado médico falso acusando «montaje»; «…yo no lo entregué, yo no lo pedí…»

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marzo 23, 2026 La Opinión de Chiloé Lemuy, Policial, Política, Puqueldón 0
Véase también:
Puqueldón: Cesfam en la mira por presunta licencia médica falsa de concejal Republicano; municipio «engañado» le pagó $1 millón.
Puqueldón: Concejo Municipal en pleno solicita destitución de concejal Republicano ante el TER Los Lagos.

PUQUELDÓN (La Opinión de Chiloé) — Relativa controversia e impacto en la comunidad lemuyana ha causado la revelación de una reclamación interpuesta ante el Tribunal Electoral de Los Lagos en contra del concejal (ex Republicano) Richard Ignacio Hernández Alvarado, donde se solicita de manera taxativa su remoción del cargo por eventuales faltas graves a la probidad administrativa por el supuesto uso de un certificado médico (no, no es licencia médica) para justificar inasistencias a dos concejos municipales extraordinarios mientras estaba en el extranjero, y que derivó en el pago íntegro de su dieta sin practicársele los descuentos respectivos.

Todo se está tramitando en causa Rol n.°7-2026 que se seguiría ante el Tribunal Electoral Regional de Los Lagos, instancia donde el alcalde Alejandro Cárdenas Quezada y los concejales Ana Vargas Alvarado, José Vargas Vargas, Juan Carlos Nahuel Miranda, Raúl Vásquez Hernández y Brayan Canio Zúñiga, esgrimen que los hechos descritos —el uso de un presunto certificado médico ideológicamente falso, el viaje al extranjero en período de reposo y la percepción supuestamente engañosa de la dieta municipal, sumado a la denuncia ante el Ministerio Público— configurarían una contravención grave al principio de probidad administrativa según el artículo 76 letra f) de la Ley n.°18.695. Sobre este punto, y con posterioridad a la difusión de la información, La Opinión de Chiloé se contactó con Hernández Alvarado quien decidió explicar algunos hechos.

Previo a exponer su descargos, se debe hacer una aclaración. Revisados los antecedentes que se expusieron ante el TER Los Lagos y diversa documentación, se debe precisar que la reclamación para solicitar la destitución se basaría explícitamente en la existencia —y sus efectos— de un certificado médico emitido por una médico del Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Puqueldón, y no de una licencia médica propiamente tal, algo de significativa trascendencia porque sus efectos jurídicos serían distintos, pudiendo exponer a funcionarios de la propia Municipalidad a asumir eventuales responsabilidades administrativas tras su tramitación como si fuera una, instancia donde el concejal no habría tenido injerencia.

En detalle, los reclamantes se apoyan en la Contraloría General de la República, que a través del Oficio n.° E89569 de 2025, «ha establecido una doctrina clara respecto a la utilización de licencias médicas por funcionarios y autoridades que, durante el período de reposo prescrito, viajan al extranjero o realizan actividades incompatibles con dicho beneficio. Tal conducta ha sido calificada como una infracción grave al principio de probidad administrativa, dado que vulnera el deber de observancia de una conducta intachable y de un desempeño honesto y leal en el ejercicio del cargo», dicen.

Sin embargo, fuentes consultadas por La Opinión de Chiloé indican que es altamente probable que lo descrito por la Contraloría podría no aplicar al caso de las certificados médicos, algo que deberá dilucidar el TER Los Lagos, aunque incluso ahí sería complejo porque no existe alguna sentencia ejecutoriada de un Tribunal de la República donde se hayan acreditado los hechos y encontrado como responsable al concejal involucrado.

En particular, de conformidad con el inciso 1° del artículo 1°, del Decreto Supremo n.° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, dentista o matrona, reconocida por el empleador, en su caso, y autorizada por el Servicio de Salud o Institución de Salud Previsional, según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio.

De lo antes señalado se desprende que el otorgamiento de una licencia médica, que se encuentra sometida a una determinada tramitación y revisión regulada por la ley, persigue dos objetivos, por una parte, justificar la inasistencia del titular a su lugar de trabajo mientras dure la licencia médica y, por otra, permitir que el titular perciba el correspondiente subsidio por incapacidad laboral, si cumple con los requisitos para ello. Ergo, el certificado médico expedido por un facultativo para acreditar una enfermedad no tendría el mismo valor jurídico que tiene la licencia médica, aun cuando pudiere eventualmente ser considerado por los Tribunales de Justicia para los efectos de justificar, por ejemplo, una inasistencia al trabajo en el caso de un despido u otras razones.

Sin embargo, resulta necesario hacer presente que, en cuanto al pago de emolumentos, todo dependerá de los antecedentes fácticos que permitan esclarecer la situación particular del afectado, desconociéndose hasta ahora quién o quiénes tramitaron el documento al interior del Municipio para liberar el pago, sin perjuicio de entenderse que existiría ya un pronunciamiento interno sobre este particular que autorizó el «cheque» (o transferencia). Al menos antes de febrero de 2025, no existiría un acuerdo discutido por el pleno del concejo actual donde se haya pactado la forma de hacer frente a esta situación.

Hay que recordar que tal y como consignó La Opinión de Chiloé en dos sendos reportajes, todo se vincularía al uso de este documento que sería ideológicamente falso para justificar la inasistencia a dos sesiones extraordinarias del concejo municipal registradas los días 26 y 28 de febrero de 2025, permitiéndole con ello acceder al pago de su dieta de manera íntegra, en contravención a lo dispuesto en la normativa vigente ya que se le debían hacer los descuentos descritos en el artículo 88 de la ley n.°18.695, percibiendo así un pago de 15,6 UTM (alrededor de $1.044.533.-) para febrero..

Luego, al consultársele a Richard Ignacio sobre la denuncia y la reclamación ante el TER Los Lagos y su propia versión, fue tajante en afirmar que «acá hay un montaje que se hizo en mi contra», expresando que «yo soy el más interesado en que se investigue, yo no tengo nada que ocultar, yo tengo la verdad de mi lado, yo jamás cometí algún ilícito, no tengo la necesidad de cometer ese tipo de cosas cuando soy uno de los concejales que más vela por el uso de los recursos públicos», indicando que «acá hay un asesinato político».

Aseguró que están analizando los pasos a seguir con su abogado, y aunque declaró que «no quiero entorpecer la investigación», si expuso que «yo no sabía que dicho certificado existía». Agregó que él posee una empresa con diversos giros y que cumple con la normativa vigente, y que en tal contexto, comúnmente ingresan fondos a sus cuentas de diversas fuentes: «nunca me percaté de ningún recurso adicional, ni siquiera tenía claro cuánto le pagaban a un concejal [acá en Puqueldón] en aquella época porque yo llevaba un mes en el cargo (…), [tampoco sabía] cómo se descontaban las dietas, nadie en el municipio nos capacitó con respecto a eso».

Explicó que se enteró de todo cuando llegó desde la Contraloría un requerimiento por una denuncia anónima por el supuesto «mal uso» de un certificado médico, reafirmando que «es un certificado médico, no una licencia médica, porque yo no puedo obtener licencias médicas, sólo certificados médicos», corroborando que en las fechas en comento «efectivamente yo no estaba en Chile para concejos extraordinarios que hubo, los detalles no los voy a dar ahora porque son objeto de investigación».

Ante la pregunta ¿Usted lo entregó, Usted lo pidió en el Cesfam?, el concejal dice que «me entero que había un certificado a mi nombre cuando llegó la denuncia de Contraloría», señalando que «por supuesto que yo no lo entregué, yo no lo pedí (…), yo después de eso hice algunas acciones también [para reconstruir la trazabilidad], yo no registro atenciones en el Cesfam de Puqueldón desde el año 2021, eso es lo que se me informó a mi de mi ficha clínica y yo estoy seguro de no haber concurrido al Cesfam».

Complementa diciendo que al consultar a la secretaria municipal, «ella tampoco sabe ni se acuerda quién lo ingresó», aunque Hernández Alvarado esboza sus sospechas sobre un funcionario municipal en particular cuyo nombre se lo reserva por ahora, a la espera de entregarlo a la Fiscalía junto con las razones del porqué lo habría hecho. Dijo: «no puede ser que nadie se acuerde de cómo llegó el certificado, la doctora tendrá que decir también quién se lo pidió y todo, del porqué hizo un certificado médico de alguien que realmente ella no atendió».

Al preguntarle ¿pidió copia al municipio?, detalló que pidió copia del decreto de pago de la dieta, y que cuando recibió respuesta se le adjuntó también copia del certificado médico, el que no tendría timbre ni fecha de recepción para identificar a la unidad municipal donde fue entregado, razón por la cual no puede reconstruir su trazabilidad; reiteró que «la secretaria municipal manifestaba que no se acordaba quién lo había entregado y por dónde se ingresó ese certificado médico«.

Por otro lado, asegura que ha ingresado al menos dos solicitudes para que la unidad de finanzas proceda a liquidar la dieta correspondiente para febrero de 2025, con los respectivos descuentos de ser procedentes, y así realizar la respectiva devolución. Tales requerimientos fueron antes de que iniciara la reclamación ante el TER Los Lagos.

Ante las interrogantes sobre su relación con el Partido Republicano y la declaración de la Coordinadora Provincial Chiloé respecto a que ya no formaba parte de aquél, a pesar que en la página web oficial sigue apareciendo como parte de las autoridades electas, Hernández Alvarado fue preciso en explicar que decidió renunciar por iniciativa propia a contar del 20 de diciembre de 2025 luego de una serie de desavenencias por rumores injuriosos y calumniosos basados en denuncias falsas ya que en el Ministerio Público de Castro no existiría alguna causa abierta al respecto; estima que tales imputaciones podrían haber sido difundidas por un funcionario municipal de Puqueldón, razón por la cual pidió de manera oficial al partido que se le entregue el nombre.

Sobre el certificado médico y su uso, aclara que fue el mismo quien se habría contactado de manera telefónica con un directivo de la colectividad a nivel regional, explicándole lo que estaba pasando sin mayores repercusiones, quedándose a la espera de cómo evolucionaría todo. Aclaró que no fue sometido a proceso alguno ni indagatoria interna de carácter ético ni nada que se le parezca, reiterando que fue él quien renuncio.

«Yo no me voy del partido por esta situación, resulta que a mí se me viene hostigando hace mucho tiempo, desde las campañas políticas se inventaron distintas tonteras en mi contra, todas infundadas», dijo. Añadió que todo esto se vio exacerbado tras asumir el cargo y tener mayor visibilidad fiscalizadora, «desde ahí empiezan una serie de ataques hacia mi persona», asegura; y sus reiteradas intervenciones ante el concejo han incidido en la difusión de rumores no sólo dentro del consistorio, sino que también a nivel del partido, llegando a un punto álgido cuando en plena campaña de 2025, se habría sentido aislado: «me dejaron de hablar de un rato para otro», optando por renunciar.

Sobre el caso puntual del certificado, expresó que está todo en proceso de investigación y que espera llegar hasta las últimas consecuencias para definir responsabilidades. El TER Los Lagos deberá sopesar las versiones de los recurrentes y el recurrido, y decidir en función de los medios de prueba que ambas partes entreguen si deberá abandonar el cargo o no.

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