QUELLÓN (La Opinión de Chiloé) — Dos violentos incidentes protagonizados por un contumaz delincuente oriundo de la Región Metropolitana se registraron durante los últimos días en la comuna de Quellón, y que dejó a una mujer con lesiones de consideración.
De acuerdo a información judicial que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, el primer ataque se habría registrado el 14 de julio pasado cuando una mujer se apersonó ante funcionarios policiales de la ciudad puerto indicando que su conviviente la habría agredido con golpes de pies y puño en distintas partes del cuerpo para luego tomar un arma blanca y abalanzarse sobre ella para apuñalarla.
Según lo explicado por el fiscal de la causa, la mujer quedó con heridas de tipo cortantes en una de sus manos, y que serían aparentemente defensivas ya que se cree que éstas fueron provocadas por el imputado cuando ella intentó detener su ataque con un cuchillo.
El persecutor penal ha esgrimido que habría existido una intención homicida en este hecho, detallando que se configurarían todos los elementos típicos para catalogar lo que pasó como un femicidio frustrado.
A este respecto, y en pleno proceso de denuncia ante Carabineros de la Sexta Comisaría de Quellón, y que activaría algunas diligencias investigativas para detener al delincuente, la víctima decidió retractarse, asegurando que la serie de hematomas y múltiples lesiones que tenía eran producto de otras razones indeterminadas, misma causal que entregó respecto de las heridas cortantes.
Así las cosas, se retiró de dependencias policiales y retornó a su domicilio. Sin embargo, horas después, ya siendo el 15 de julio de 2022, la misma mujer requirió el auxilio de la fuerza policial luego que denunciara haber sido, otra vez, salvajemente atacada por el mismo delincuente.
En esta ocasión, refirió que fue golpeada por varios minutos en medio de gritos de auxilio, acotando que incluso el antisocial la habría arrastrado varios metros tomándola del pelo, todo en medio de patadas, golpes de puño y amenazas de muerte.
La pauta de evaluación aplicada por Carabineros la calificó como una mujer en riesgo vital/alto, por lo que el Ministerio Público fue informado de inmediato mientras se procedía a la detención del presunto responsable.
En dichas circunstancias, el fiscal de la causa se constituyó en el sitio del suceso para recabar mayores antecedentes e instruir varios peritajes a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones de Castro, mientras la mujer era trasladada hasta el Servicio de Urgencia del Hospital de Quellón.
El delincuente, aprehendido en flagrancia por este segundo incidente, fue puesto a disposición de la justicia a la espera de los informes preliminares y diligencias que incluyeron toma de declaración de testigos, fijación fotográfica y levantamiento de muestras biológicas en la vivienda, entre otras.
Luego, el imputado fue formalizado como presunto autor de dos delitos de femicidio íntimo, previstos y sancionados en el artículo 390 inciso 2° del Código Penal, uno en grado de frustrado y otro en grado de tentado, además del delito de amenazas simples en contexto de violencia intrafamiliar.
En la audiencia, el fiscal (s) de Quellón, Marcos Antimilla, indicó que los antecedentes que se manejan hasta ahora indicarían una eventual intención homicida en los ataques denunciados por la mujer, de 44 años de edad, quien además habría relatado que era objeto de constantes golpizas del sujeto, las que subieron en intensidad los días 14 y 15 de julio cuando habría sufrido estos dos intentos asesinato.
El móvil detrás de los incidentes violentos serían los celos del oriundo de Quinta Normal, de 51 años, y sobre el cual no existirían antecedentes penales recientes. La mujer denunciaba pero siempre se retractaba.
La versión de la víctima fue incidentada por el abogado defensor, Daniel Fuenzalida, quien entre otras cosas alegó que no existirían registros en vídeo de los ataques y que las lesiones que sufrió la afectada eran leves; además, alegó que la calificación jurídica dada a los dos hechos sería «desproporcionada».
Dada la gravedad de los ilícitos que se le imputaron, y el peligro inminente para la víctima que significaría la libertad del encartado, el persecutor penal pidió la imposición de prisión preventiva, algo que fue aceptado por el juez de turno.
Se fijó un plazo de investigación de 90 días, mientras que la afectada fue derivada a la Unidad de Víctimas y Testigos dependiente de la Fiscalía Regional, donde se le prestará apoyo en todo el proceso penal. El defensor penal buscará apelar a la medida cautelar impuesta al delincuente.
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