QUINCHAO (La Opinión de Chiloé) — Un cheque por $28.000.000.- (veintiocho millones de pesos) es el que recientemente ha emitido la Ilustre Municipalidad de Quinchao con el objetivo de pagar la primera cuota de un acuerdo al que llegó con cuatro ex funcionarios que la demandaron acusando una eventual vulneración de derechos fundamentales, nulidad del despido, despido carente de causal legal y cobro de prestaciones laborales luego de ser desvinculados tras asumir el nuevo alcalde, Whashington Ulloa Villarroel.
Según información del acuerdo que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, a este cheque se sumará un segundo de $28.000.000- (veintiocho millones de pesos) con vencimiento el día 20 de noviembre de 2018 y una tercero de $24.000.000.- (veinticuatro millones de pesos) con vencimiento el día 20 de marzo de 2019, con lo que sumarían un total de $80.000.000.- a repartir entre Gladys Macarena Uribe Vivar, Natalia Andrea Altamirano Ruíz, Gabriel Alberto Ruíz Barrientos y José Enrique Uribe Vivar. Otras tres personas que se habían incluido en esta demanda grupal, desistieron en el camino por lo que recibirán $0.-
En el escrito de la acción judicial a la que accedió La Opinión de Chiloé los ex trabajadores acusan que todos los despidos «corresponden a desvinculaciones que no sólo incumplen un serie de normas laborales (…), sino que además se enmarcan dentro de despido discriminatorio en virtud de los establecido por el artículo 2º del Código del Trabajo», agregando que ello habría sido «por su tendencia política, lo cual, no puede sino ser calificado como una vulneración a los derechos fundamentales». Además, los abogados demandantes acotan que «ha sido el mismo alcalde de la Municipalidad de Quinchao, así como sus principales cooperadores, quienes han manifestado que se decidió desvincular a mis representados por su tendencia política y por tener que colocar en sus puestos de trabajo a gente de su tendencia política».
Gladys Macarena se desempeñaba como asistente social desde el 18 de abril de 2016 en el Departamento de Salud Municipal de Quinchao, la profesora de educación física Natalia Andrea ingresó el 15 de abril de 2010 para prestar funciones como encargada de deportes y recreación, el abogado Gabriel Alberto trabajó desde el 1 de septiembre de 2015 en la Oficina de Protección de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes (OPD) y José Enrique trabajó como administrativo para la Ilustre Municipalidad de Quinchao desde el 1 de marzo de 2005. Todos fueron desvinculados el 31 de diciembre de 2016, varios de ellos aduciendo que no les indicaron la causa e incluso, para el caso de dos demandantes que estaban a contrata (uno total y otro parcial), la no renovación transgredería el Dictamen n.°85.700 de 2016 (ver acá) y posteriores de la Contraloría General de la República.
Los cuatro trabajadores acotaron que «con nuestros despidos se nos ha vulnerado el derecho a no ser discriminado y el derecho a la libertad de opinión» ya que habrían participado activamente en la campaña de Arístides Cárdenas, oponente al cargo de alcalde de Whashington Ulloa. Luego, a más de un año de tramitarse la demanda, y en plena etapa procesal de juicio, el municipio acordó con el sólo ánimo de poner término al juicio y sin reconocer los fundamentos de la demanda principal como subsidiaria, pagar a la parte demandante una suma única y total de $80.000.000.-
Los dineros fueron objeto de debate y aprobación por parte del Concejo Municipal de Quinchao el 12 de junio de 2018 pasado, instancia en la cual fue aprobado el monto y modalidad de pago indicadas. En el acta de esa sesión a la que accedió La Opinión de Chiloé, los concejales Armando Barría Oyarzún (PS) y Ramón Mansilla Guenchur (DC) fueron los únicos que comentaron respecto a este tema criticando el uso de recursos que se estaba realizando en la comuna (ver acá), mientras que los concejales Maritza Velásquez Culún (RN) y Óscar Gallardo Calbuyahue (DC) no dijeron absolutamente nada y guardaron silencio; Luis Yañez Ruiz y Ciro Eugenin Cárdenas en tanto, estaban ausentes.
El acuerdo que se negoció permitió poner fin a la demanda, la que tenía una alta probabilidad de ser perdida por el Municipio; ello hubiera significado costos por alrededor de $150.000.000.-
Comentarios