Residencia sanitaria en Ancud: informe acusa que «es un peligro» y está «en riesgo latente»

mayo 21, 2020 La Opinión de Chiloé Ancud, COVID-19, Salud, Sociedad, Uncategorized 2
Véase también:
Ancud: controversia por secretismo de residencia sanitaria COVID-19 en Hotel Queltehue.
Ancud: cámaras mostrarían eventual «tongo» tras presunto ataque a residencia sanitaria.

ANCUD (La Opinión de Chiloé) — Un problema de proporciones aún por determinar que se ha mantenido bajo estricta reserva en varias reparticiones del Gobierno es el que durante las últimas horas tiene con un «dolor de cabeza» tanto al Servicio de Salud Chiloé como a la Seremi de Salud de Los Lagos, todo luego que se les remitiera un lapidario informe de la Ilustre Municipalidad de Ancud que confirma la existencia de irregularidades graves en la residencia sanitaria recién instalada en esa comuna.

Tal y como consignó La Opinión de Chiloé, el lugar se trata del Hotel y Cabañas Queltehue ubicado en calle Baquedano, cuyo arriendo fue mandatado silenciosamente por el Hospital San Carlos de Ancud mediante la orden de compra n.° 2048-1240-SE20 del 11/05/2020 por un monto mensual a pagar de $1.428.000.-; se entregó llave en mano, vale decir, la administración completa del sitio de diez habitaciones quedó a cargo del nosocomio local, por lo que los gastos por servicios correrán por cuenta del Estado. El arriendo se acordó por tres meses.

El lugar fue centro de atención tras un cacerolazo por parte vecinos, que luego derivó en una serie de rumores que aludían a un supuesto ataque en masa al lugar, amenazas a trabajadores de la salud en la calle y amedrentamientos, sumándose supuestos actos vandálicos, toda información que sería falsa según una revisión de las cámaras de seguridad de ese día (ver nota relacionada).

Hay que recordar que Erik Poblete, Director del Servicio de Salud Chiloé, indicó tras la manifestación que «[la instalación] ayer fue apedreada y tuvimos que sacar a dos pacientes de la residencia sanitaria, de cuatro, porque estaban en inminente peligro (…) el desconocimiento no nos puede llevar a estos actos que se pueden llamar ilícitos eventualmente». Ya se sabe que aquello fue un invento.

De hecho, tras esa información falsa, el subdirector médico del Servicio de Salud Chiloé, Luis Ferrada, la desmintió tajantemente: «en el lugar no habían pacientes, primero no había nadie internado, eso es un hecho».

Otras aseveraciones que han sido inexactas se siguieron profiriendo desde autoridades, las que no serán replicadas. Sin embargo, ello instaló la duda ¿por qué verter falsedades? ¿se oculta algo?.

Los vecinos, muchos visiblemente molestos por las expresiones de estos funcionarios pagados con platas del Estado basadas en datos falsos, emitieron una carta donde expresamente dijeron que: «el reclamo de los vecinos del sector Baquedano es muy específico, a simple vista el complejo denominado Hotel Queltehue no cumpliría con las condiciones mínimas de estabilidad y habitabilidad legal certificada que compete a toda construcción, y no sería a nuestro juicio una estructura segura para el alojamiento de personas, y menos aún de pacientes que requieren aislamiento social».

«Como vecinos hemos sido testigos de su cuestionable construcción y funcionamiento», dijeron, detallando una serie de falencias adscritas a la normativa vigente sobre urbanismo y construcción.

Pues bien, fuentes independientes revelaron a La Opinión de Chiloé el Informe Técnico MAHS n.°06.15.05.20 emanado desde la Dirección de Obras Municipales del consistorio ancuditano y que ya está en manos del alcalde, autoridades locales y regionales, revelándose serias deficiencias e irregularidades que, incluso, podrían transformar el simple proceso administrativo de arriendo del inmueble para residencia sanitaria en un potencial acto administrativo ilegal.

Es más, lo anterior podría traer repercusiones incluso penales al existir fondos públicos detrás.

El informe de varias carillas expone una serie de situaciones con el recinto, y que está contextualizado en fiscalizaciones que se han estado haciendo desde la municipalidad con quien sería el dueño de la propiedad. Esto daría la razón a todos los vecinos que se manifestaron, y pondría en severos aprietos a todas las autoridades que salieron a referirse al supuesto incidente que hasta refirió imaginarios actos vandálicos generalizados.

Antes de entrar de lleno a tal reporte, La Opinión de Chiloé debe mencionar que tuvo a la vista el decreto Alcaldicio n.º 3.784 del 8 de noviembre de 2019 donde se ordenó la demolición de instalaciones que serían parte de las Cabañas Queltehue, pero no en calle Baquedano, sino que en Avenida Costanera Norte.

Sin entrar a profundizar en ese caso, la orden de demoler se dio por una presunta infracción a las normas urbanísticas y fue dictado luego de un proceso de varios meses, en los cuales no sólo se fiscalizó el lugar, sino que se le otorgó un plazo para subsanar las irregularidades por no contar con permiso de edificación. El caso llegó a la Corte Suprema y se le dio la razón al municipio.

Ahora bien, volviendo a la residencia sanitaria, el Informe Técnico MAHS n.°06.15.05.20 expone grosso modo problemas similares en el Hotel y Cabañas Queltehue de calle Baquedano, siendo calificada como una «situación anómala de gravedad detectada producto de la contingencia y opinión pública relativa a un supuesto hotel, residencia, hospedaje o lodge».

Inspectores municipales decidieron requerir el permiso de recepción de la construcción al propietario el 12 de mayo, otorgándole un plazo de tres días sin respuesta. Además, se revisó la existencia de algún expediente donde aparezcan los documentos que avalen la edificación, encontrándose una autorización para una construcción cuyo destino es educacional en virtud del permiso n.°77 del año 2006 y nada más.

O sea, los peritos dicen que «este autodenominado hotel no cuenta con los permisos y recepciones para su funcionamiento, ya que el permiso primitivo autoriza el funcionamiento de un centro educacional con ese destino y no un destino habitacional o residencial como lo es un hotel lodge u hospedería, así las cosas, se está en presencia de una construcción modificada, alterada y ampliada, ocupándose en un destino distinto al autorizado, ilegal y no debidamente autorizado».

Se reconoce que debido a los cambios realizados fuera del marco de la norma, no se tienen los planos ni anexos para saber sobre su distribución y la materialidad, confirmándose que sus instalaciones eléctricas, de gas y sanitarias no están «debidamente certificadas». Además, hay ampliaciones sin permisos ni recepciones de la Dirección de Obras, observándose también que existe un segundo acceso ilegal.

También se detalla que su funcionamiento y patente comercial otorgada mediante autorización n.°2.281 del 20 de julio de 2016 sería irregular, ello en atención a que «el permiso y recepción archivados en expediente de rentas y patentes corresponden a una recepción y permiso primitivo con destino educacional y no residencial o comercial».

Se describen un lato listado de normativas que se violan, determinándose la necesidad de cursar las multas correspondientes por infracciones flagrantes. Se explica también que actualmente, ese lugar «es un peligro ya que está en uso, sin garantías a sus usuarios, en riesgo latente».

Se debe mencionar que La Opinión de Chiloé tuvo a la vista registros sobre la existencia del otorgamiento de otra patente para el mismo lugar de calle Baquedano (Rol 2-3645), correspondiendo a una Gelatería y Venta de Hot Dogs, y que fue eliminada en 2017. Ese mismo año, se autorizó la patente Rol 2-4259 para Cabañas Queltehue pero en Avenida Costanera Norte.

El informe municipal ya se envió a varias reparticiones del Gobierno. Al igual que lo que pasó en las cabañas Queltehue de Costanera Norte, se habla de otorgar un plazo 30 días corridos para presentación de permiso y recepciones a la Dirección de Obras (independiente de la multa cursada) «a fin de regularizar esta construcción, vencido dicho plazo, se procederá conforme a los artículos 148 y siguientes de la OGUC, párrafo 7 sobre demoliciones».

También se pidió que se instruya una investigación o sumario administrativo por la patente otorgada irregularmente en el año 2016, durante el Gobierno Comunal de Soledad Moreno Núñez.

Subsecuentemente a todo lo anterior, se pide que se instruya el desalojo de los ocupantes, con el auxilio de la fuerza pública de ser necesario, ello por el presunto inminente peligro que corren los que se encuentran ahí. Se pide también que se evalúen las potenciales responsabilidades civiles y penales que existan.

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